Desde FASE CGT-A mostramos nuestra indignación y absoluto rechazo ante la confirmación de que un alto cargo de la Junta de Andalucía, concretamente el director general de Ordenación y Evaluación Educativa, ha asesorado y impartido clases en universidades privadas durante el curso académico.
Consideramos que esta situación constituye un claro conflicto de intereses y pone en duda la imparcialidad y dedicación exclusiva que debe regir en un cargo público de tal responsabilidad. La educación andaluza necesita transparencia y compromiso absoluto con lo público, no vínculos con intereses privados que puedan condicionar su labor.
Exigimos:
– La inmediata dimisión o cese del director general implicado.
– Una investigación exhaustiva para aclarar posibles incompatibilidades.
– Mayor control y regulación para evitar que altos cargos prioricen intereses privados.
No permitiremos que quienes deben velar por la educación pública antepongan beneficios privados y personales. La Junta de Andalucía debe actuar con contundencia y ejemplaridad.
¡Por una educación pública digna y transparente!