La convocatoria de “aulas vacías”, promovida por la AMPA del CEIP San José de La Puebla de Cazalla el lunes 2 de diciembre, ha sido un éxito rotundo: no asistió ninguno de sus 400 alumno/as. La protesta vino acompañada por una concentración de las familias en la puerta del centro, convocada por CGT, a la que acudieron el alcalde, junto a miembros de la corporación municipal, con representantes de todos los grupos políticos locales, a excepción del PP.
El motivo fue la falta de personal especialista para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Desde el pasado verano, se ha venido demandando —en reuniones de las familias y miembros del equipo de gobierno local con el Delegado Provincial de Educación—: 1 especialista en pedagogía terapéutica, 1 de audición y lenguaje y 1 personal técnico de integración social. Sin embargo, la respuesta recibida ha sido a todas luces insuficiente. La magnífica solución ofrecida por la Administración ha consistido en la compartición de la PTIS asignada a otro colegio de la localidad desde mediados de octubre, cuando los dos centros la necesitan a jornada completa; una AL asignada solo dos días por el programa anual Educación Inclusiva, que llegó el 14 de octubre, y una PT por el programa PROA+, que no se incorporó hasta el mismo lunes 2 de diciembre.
La denuncia de la falta de recursos para este tipo de alumnado viene siendo generalizada desde hace años en la gran mayoría de los centros educativos andaluces, puesto que, desgraciadamente, las cifras van en aumento y no se está asignando el profesorado previsto en la normativa vigente para cubrir las necesidades del alumnado más vulnerable con el fin de conseguir una educación inclusiva real, equitativa y de calidad.
Según el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía1, si el 78% del alumnado NEAE está matriculado en centros públicos, ¿por qué la Junta solo se preocupa de aumentar los presupuestos para la privada-concertada y desatiende al alumnado con más necesidades?
En el mismo informe del OIA, se indica también que, en el curso 2022-2023, del total matriculado en enseñanzas de régimen general, el 10,2 % era alumnado NEAE, esto es, 9148 alumnos/as más que el curso anterior, la inmensa mayoría, en Primaria y Secundaria.
De todo esto, se desprende una sistemática falta de previsión y la estrategia torticera de la chapuza por sistema. Es urgente la implicación de toda la comunidad educativa andaluza para reclamar simplemente lo que es justo y legítimo, la defensa de los servicios públicos.
1 Gómez-Domínguez, D. (2024). Educación. Informe OIA-A 2024. Granada: Observatorio de la Infancia y Adolescencia, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Junta de Andalucía, p. 10.