El nuevo decreto de la Junta es una estafa para los propios votantes de la derecha y un paso agigantado hacia la segregación del alumnado en los centros educativos andaluces
En el actual contexto de pandemia global y crisis sanitaria provocada por el Covid 19 hemos visto lo esencial de la fortaleza de un sistema público y universal de salud frente al proceso privatizador y segregador de los hospitales llevado a cabo en los últimos años. En el nuevo contexto de crisis económica y social que comienza, si no lo impedimos, va a terminar sucediendo lo mismo con un sistema educativo universal y gratuito que está siendo erosionado por intereses económicos privados. ¿Estamos dispuestas a permitir la destrucción de los sistemas públicos que garantizan calidad, igualdad y gratuidad?
Ya conocemos el modelo privatizador estadounidense al que tendemos: personas que mueren en la puerta de hospitales por no poder pagarse un seguro privado y créditos bancarios para poder financiar las matrículas de estudios que miles de personas siguen pagando hasta después de jubilarse. ¿Es lo que queremos para nuestra sociedad? Todavía estamos a tiempo de fortalecer nuestros servicios públicos con gestos tan sencillos como pasarnos a la sanidad pública y matricular durante el mes de marzo a nuestros hijos e hijas en la Escuela Pública para avanzar en la construcción de una sociedad igualitaria y no segregadora.
Desde CGT queremos denunciar que la tan cacareada libertad de elección de las familias defendida por el gobierno andaluz es, en sí misma, un fraude hasta para las personas que la defienden y desean llevar a sus hijos/as a los centros privados concertados. No es la libertad de elección lo que se va a producir, sino la libertad de selección por parte de estos centros privados al aumentar su zona de influencia. Las consecuencias del Decreto y quejas de las familias se visibilizarán con seguridad al finalizar el proceso de matriculación. ¿Por qué?
El nuevo decreto simplemente permite que un mayor número de familias puedan optar con el máximo de puntos a estos centros concertados, pero las plazas, por el momento, son las que son. Esta situación aumenta la posibilidad de selección del alumnado por parte de los gestores privados, y por lo tanto favorece todavía más la segregación que se produce en la actualidad.
Señor Consejero, la educación es un derecho, no un negocio.