Que se sepa el Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía se ha pronunciado en contra de varios pliegos de condiciones, denunciados por empresas privadas a las que la Junta de Andalucía les encargó contratar a los monitores de educación especial en la escuela pública. Una vez aceptado el contrato, algo de bueno verían en ello, exponen las privadas ahora que ven «inasumible» poder prestar este servicio cuando se oferta a un precio «muy por debajo del mercado» y que no permite llegar a los salarios fijados en el convenio colectivo del sector. Malas cuentas hace la Junta de Andalucía y las empresas privadas, y eso explica que permita la primera que las segundas hagan que los monitores estén cobrando sin nóminas y por debajo de los salarios establecidos en convenio. Salarios y condiciones laborales de esclavitud sostenidas y amparadas por la administración socialista andaluza. El personal contratado no se anima a denunciar ante Inspección de Trabajo porque ello supondría el despido inmediato. Y han tenido que ser las mismas empresas privadas las que han reclamado al citado tribunal para que le saque los colores a las malas cuentas hechas por la Junta. Lo más probable es que quienes se han quejado ya no vuelvan a obtener contrato.
El tribunal Contractual de la propia Junta de Andalucía reconoce en la resolución que los cálculos de las empresas privadas que recurren son correctos, a toro pasado, y que ello supone que «no existe apenas margen para cubrir los gastos necesarios y así garantizar la correcta ejecución» del servicio, «máxime teniendo en cuenta que el factor humano es un elemento esencial en este contrato». Este razonamiento del propio tribunal no tiene desperdicio ya que las empresas privadas contratadas por la Junta de Andalucía sólo realizan la subcontratación de una mano de obra cualificada, para llevarse limpiamente un beneficio de entre el 15 y el 20% del total del dinero que aporta la Junta de Andalucía. Si a ello se le suma, que al contratar a empresas privadas la Junta debe aportar el IVA correspondiente, está servida la enorme irracionalidad de no contratar directamente la Junta de Andalucía a este personal imprescindible. Malas muy malas cuentas que cuestan a la ciudadanía dos veces el dinero. Una porque se lo llevan calentito las privadas y otra porque los monitores están menos horas contratados. Así se explica que los Servicios de Ordenación Educativa de las Delegaciones Territoriales de Educación pidan a la junta más horas de monitor en aulas específicas y la Junta les dé menos, porque seguro que tampoco saben hacer las cuentas en Sevilla. Una vez el tribunal insta a la Junta de Andalucía a que se anulen los pliegos hora sería de que la Junta hiciera bien las cuentas y contratara directamente a todo el personal que actualmente viene desempeñando las funciones de monitor escolar. Aumentando, de paso, las dotaciones con el dinero que se ahorrará de no pagar IVA, ni los beneficios empresariales privados. Se está a tiempo porque los contratos son de noviembre a noviembre.
Fdo Rafael Fenoy Rico