La Federación de Enseñanza de CGT Andalucía denuncia la desastrosa gestión de las oposiciones docentes de 2025, un proceso que, lejos de garantizar igualdad y transparencia, ha evidenciado la ineptitud de la Consejería de Educación y su flagrante hipocresía.

Mientras la Administración se permite el lujo de cometer errores técnicos, retrasos y desorganización sin consecuencias, aplica con mano de hierro criterios draconianos para excluir a opositores por fallos formales mínimos, muchos de ellos discutibles.  

Incompetencia institucional y doble moral 

Es indignante que la Consejería, incapaz de garantizar un procedimiento mínimamente eficiente, actúe como juez implacable frente a los aspirantes. Los continuos fallos técnicos en la plataforma de entrega de méritos, las correcciones caóticas en la composición de tribunales y los errores en la solicitud de copias de exámenes demuestran una improvisación inadmisible. Sin embargo, cuando se trata de evaluar a los opositores, la rigidez es absoluta: más de la mitad de los aspirantes en algunos tribunales han sido excluidos en la primera prueba por (supuestas) faltas de ortografía o detalles formales, muchos de ellos cuestionables.  

 ¿Dónde está la coherencia?

Mientras la Administración amplía plazos por sus propios errores, niega a los opositores cualquier margen de rectificación. Se penaliza con la exclusión a quienes llevan meses —incluso años— de preparación, mientras los responsables del despropósito institucional no asumen ninguna consecuencia.  

Invalidaciones masivas: ¿criba arbitraria o negligencia premeditada?

La invalidación masiva de programaciones didácticas y casos prácticos por «errores formales» raya en lo absurdo. Si bien es legítimo exigir rigor, resulta llamativo que estos criterios se apliquen con tanta severidad cuando la propia Administración es incapaz de organizar un proceso sin incidencias. Además, la falta de comunicación previa sobre la validez de las programaciones deja a los aspirantes en un limbo de incertidumbre: pueden llegar a la segunda prueba solo para ser eliminados «in extremis», sin posibilidad de defensa.  

Esto no es un sistema de selección basado en mérito y capacidad, es una criba arbitraria que no beneficia a nadie, salvo a una estructura burocrática que prefiere descartar candidatos antes que asumir el coste político de una gestión competente.  

La Administración educativa es opaca  

CGT lleva tiempo exigiendo transparencia y garantías, pero la Consejería insiste en operar bajo un manto de opacidad. No se trata solo de errores puntuales, sino de un patrón de desprecio hacia los opositores y el profesorado interino, cuya estabilidad laboral depende de procesos rodeados de incompetencia.  

¿Cómo puede exigirse excelencia a los aspirantes cuando la Administración es incapaz de proporcionar un sistema fiable? ¿Cómo se justifica que los tribunales, compuestos en muchos casos por compañeros docentes, se vean obligados a aplicar exclusiones injustas mientras la consejería evade su responsabilidad?  

Exigimos soluciones

CGT denuncia este fraude a los principios de igualdad y mérito. Se necesita:  

1. Una revisión inmediata de las exclusiones por errores formales, con derecho a recurso efectivo.  

2. Transparencia absoluta en los criterios de evaluación y en las decisiones de los tribunales.  

3. Responsabilidad política: que los responsables de este caos rindan cuentas.  

4. Un compromiso firme para reformar el proceso, garantizando que futuras convocatorias no repitan estos vicios.  

La Educación no se merece una Administración que penaliza el esfuerzo de sus docentes.