La Federación de Enseñanza CGT se va a concentrar a las 12 horas en las puertas del Parlamento para protestar contra la pretensión de la Consejería de Educación de renovar la inmensa mayoría de conciertos educativos con centros privados los próximos 6 años, lo que supondrá el cierre de numeras unidades e incluso centros enteros de la escuela pública.
Con posterioridad entregará unas preguntas a los grupos políticos del Parlamento Andaluz para que trasladen esta preocupación por la manera en que afectará la suscripción y renovación de los conciertos educativos con centros privados a la escuela pública andaluza los próximos años.
Los pasados cuatro cursos, periodo de vigencia de los conciertos que ahora terminan, en los que en plena crisis económica la tasa de natalidad ha sido baja, hubieran sido un buen momento para bajar la ratio de alumnado de las clases de los centros públicos y de esa manera haber conseguido una mayor atención del mismo y la mejora de los resultados académicos, tasas de abandono escolar, etc. Sin embargo, la Junta de Andalucía optó por el el cierre de unidades en los centros públicos (solo en infantil se cerraron más de 1300 unidades), lo que ha supuesto el cierre también de centros públicos completos como la escuela pública infantil Nuestra Señora del Carmen de San Fernando. Es decir la baja natalidad ha afectado solo a los centros públicos puesto que las unidades concertadas con los centros privados se han mantenido todas e incluso se han concedido algunas nuevas.
Además, con la LOMCE aún en vigor, el periodo por el que se van a conceder ahora los conciertos a centros privados en Primaria se amplia a seis años, siendo anteriormente por un periodo de cuatro.
De no revisarse el número de conciertos con centros privados, al menos en la misma proporción que se han perdido unidades de la escuela pública en los últimos cuatro años, y teniendo en cuenta la baja natalidad y la previsión de escolarización para los próximos seis años, seguirá el proceso de avance de la privatización de la enseñanza, con el cierre de nuevas unidades y centros educativos públicos.
La defensa de la escuela pública pasa necesariamente por reducir los conciertos educativos a los estrictamente necesarios para completar la oferta educativa, allí donde la escuela pública no es capaz de cubrir toda la demanda existente.
No es de ninguna manera justificable el que se concierten nuevas unidades para las etapas no obligatorias (infantil, bachillerato o FP) y las actuales deben ser retirados progresivamente.
Esta política educativa de la Junta de Andalucía está convirtiendo a la red pública en subsidiaria de la privada concertada en las ciudades andaluzas, especialmente en la capitales provinciales y grandes ciudades.
Esto es especialmente grave ya que supone un despilfarro de fondos públicos al provocar que en los centros públicos queden libres plazas y unidades, y el espacio disponible infrautilizado de los mismos, como se puede comprobar a modo de ejemplo en los estudios que hemos realizado relativos a las ciudades de Cádiz y Sevilla que se adjuntan.
La existencia de dos modelos educativos supone un despilfarro inadmisible para las arcas públicas. En el caso de la ciudad de Cádiz la racionalización de la escolarización solo en segundo ciclo de infantil, reduciendo los conciertos a los estrictamente necesarios por no ser posible escolarizarlos en la escuela pública supondría un ahorro de un millón de euros.
Esta doble red, de escuela pública y escuela concertada es una anomalía en el contexto europeo y tiene efectos perversos en la educación de nuestro país y, en particular, en Andalucía. La escuela privada-concertada supone, por otra parte, un coste de hasta un 70% más para las familias que los centros públicos. Académicamente hablando, a pesar de diversos mecanismos de segregación del alumnado más desfavorecido presenta unos resultados resultados que son algo inferiores a los de la Escuela Pública. La escuela privada-concertada aumenta la segregación y la desigualdad, mientras que en la Pública apuesta por la integración.
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