Tras la ilegalidad de los pliegos detectada por el Tribunal contractual de la Junta de Andalucía que muestra la enorme precariedad en que desarrollan actualmente su trabajo
Una resolución del Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía se ha pronunciado contra varios pliegos de condiciones para contratar a los monitores de educación especial en la escuela pública, tras los recursos presentados por empresas privadas en Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, ya que constatan que aceptado el contrato ofrecido por la Junta de Andalucía ven «inasumible» poder prestar este servicio cuando se oferta a un precio «muy por debajo del mercado» y que no permite llegar a los salarios fijados en el convenio colectivo del sector.
Esto explica las penosas situaciones en las que los monitores están cobrando sin nóminas y por debajo de los salarios establecidos en convenio. Pocos se animan a denunciar ante Inspección de Trabajo porque ello supondría el despido inmediato.
Se trata en definitiva de salarios y condiciones laborales de esclavitud sostenidas y amparadas por la administración socialista andaluza.
El tribunal Contractual de la propia Junta de Andalucía reconoce en la resolución, contra la que sólo cabe recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que los cálculos de las empresas privadas que recurren son correctos y que ello supone que «no existe apenas margen para cubrir los gastos necesarios y así garantizar la correcta ejecución» del servicio, «máxime teniendo en cuenta que el factor humano es un elemento esencial en este contrato». Este razonamiento no tiene desperdicio ya que las empresas privadas contratadas por la Junta de Andalucía no aportan absolutamente nada más que la subcontratación de una mano de obra cualificada para llevarse limpiamente un beneficio de entre el 15 y el 20% del total del dinero que aporta la Junta de Andalucía. Si a ello se le suma que al contratar a empresas privadas la Junta debe aportar el IVA correspondiente está servida la enorme irracionalidad de no contratar directamente la Junta de Andalucía a este personal imprescindible.
Una vez el tribunal insta a que se anulen los pliegos CGT insta a que la Junta contrate directamente a todo el personal que actualmente viene desempeñando las funciones de monitor escolar aumentando las dotaciones con el dinero que se ahorrará de no pagar los beneficios empresariales privados. Se está a tiempo porque los contratos son de noviembre a noviembre.