CGT denuncia que la Junta quiere permitir a los colegios privados concertados cobrar un recargo a las familias para financiarse a través de las actividades extraescolares y los servicios complementarios.
Ante este intento de legalizar una estafa, ha presentado alegaciones al proyecto de Decreto y usará todos los medios sindicales y legales a su alcance para impedirlo.
CGT denuncia que la Consejería pretende legalizar el cobro de sobrecuotas a las familias para financiar el sostenimiento de los centros privados concertados a través de las actividades extraescolares y servicios complementarios.
El Proyecto de Decreto por el que se regulan las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios escolares complementarios en los centros docentes privados concertados, en su artículo 3, apartado 2, establece que: «El cobro de cantidades económicas por las actividades extraescolares y por los servicios escolares complementarios podrá contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones de los centros».
Este redactado es contradictorio con la primera parte de ese mismo artículo, que establece taxativamente que estas actividades «no podrán tener carácter lucrativo». Prohibición del carácter lucrativo de las cuotas en estos servicios complementarios y actividades extraescolares que figura también en la legislación anterior que va a ser derogada precisamente por este nuevo decreto (artículo 13 de la Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
¿Cómo es posible que, si las cuotas por los servicios y actividades complementarias no pueden tener carácter lucrativo, puedan permitir destinar un beneficio para “el mantenimiento y mejora de las instalaciones de los centros”? Es evidente que solo si se cobra al alumnado más de lo que es el coste real de esos servicios y actividades puede generarse un beneficio, para luego destinar esas ganancias a otro fin por el cual no han pagado las familias que lo han contratado.
En definitiva, estamos ante lo que parece una estafa a las familias que la Junta de Andalucía quiere legalizar. Se trata de que las empresas propietarias de los colegios privados concertados puedan ocultar en el pago de los servicios complementarios y actividades extraescolares un sobrecoste para obtener una doble financiación para esos colegios.
La Consejería vuelve a mostrar su apuesta decidida por los centros privados concertados frente a la escuela pública e intenta encubrir las prácticas generalizadas de cobro de cuotas falsamente voluntarias, y por tanto ilegales, en esos centros. Este Proyecto de Decreto supone un intento de ofrecer una triquiñuela legal para poder seguir realizando unas prácticas abusivas que ya han sido condenadas repetidamente por los tribunales en los últimos años.
Por ello CGT ha presentado alegaciones a este proyecto de Decreto exigiendo la eliminación de ese apartado y, en caso de aprobarse, utilizará todas las vías a su alcance contra él, tanto sindicales como legales.