El sindicato de enseñanza CGT denuncia que durante más de 15 años la Junta de Andalucía haya estado utilizando al personal técnico de integración social (PTIS) e intérpretes de lengua de signos española (ILSE) en pésimas condiciones laborales para ahora condenarlo al paro.
La externalización del servicio supuso la existencia de monitoras de dos clases: las laborales dependientes de la Función Pública, menores en número, y las externalizadas, más numerosas y contratadas por la Consejería de Educación a través de empresas externas no especializadas en educación.
Ahora, el actual gobierno andaluz pretende revertir la situación, pero no cambia la consideración de estos dos grupos: sigue ninguneando al segundo y no le reconoce el tiempo de servicio trabajado ni la relación laboral continuada con la Junta.
CGT, al contrario que los sindicatos mayoritarios, está en contra de la existencia de trabajadoras de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría, y defiende que, “a igual trabajo, igual salario e iguales condiciones”.
Por esto, apoya las reivindicaciones de las compañeras de PTIS e ILSE y exige:
- Que se subrogue a las compañeras PTIS e ILSE externalizadas.
- Que se contrate y estabilice a más personal técnico de integración social e intérpretes de lengua de signos española para brindar la atención educativa necesaria al alumnado con necesidades derivado en casi su totalidad a la educación pública.
