Tras examinar el texto íntegro publicado en el BOJA, la CGT Enseñanza de Andalucía reitera su crítica: esta modificación normativa consolida un modelo de gestión economicista y lesivo para la escuela pública.
1. Una norma que institucionaliza la incertidumbre y la discrecionalidad
El artículo único de la Orden establece que la ratio se fije anualmente por resolución de la Dirección General. Esto supone que el número máximo de alumnos por aula deja de ser un derecho garantizado por norma para convertirse en una variable administrativa sujeta a presupuestos.
Bajo el disfraz de «criterios objetivos» (demografía, recursos), se otorga un poder discrecional absoluto a la Administración. Es la precarización de un derecho fundamental convertido en herramienta de planificación variable.
2. El reconocimiento de un pacto excluyente y lesivo
La Exposición de Motivos confirma que la norma nace de los Acuerdos de julio de 2025 alcanzados exclusivamente con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT. Este hecho demuestra que:
-
Se negocia con organizaciones que legitiman políticas de recorte.
-
Esta orden es fruto de un pacto de salón que traiciona los intereses de la educación pública.
3. Promesas sin financiación: El dinero público a la concertada
La Orden promete una «disminución del alumnado» en Infantil y una «extensión gradual» a Primaria, pero no establece cifras ni calendarios vinculantes. Sin dotación económica ni aumento de plantilla, la reducción queda a merced de la voluntad política anual.
Exigimos que el dinero de todas se invierta de manera urgente en:
-
Incrementar plantillas con personal estable en todas las especialidades.
-
Bajar las ratios por Ley, no mediante resoluciones anuales arbitrarias.
-
Mejorar infraestructuras y recursos en los centros públicos.
Mientras la pública recibe «flexibilidad» sin fondos, se blindan acuerdos con la enseñanza concertada, perpetuando un modelo de doble financiación que sangra lo público.
4. Falsa inclusión: La atención a la diversidad, postergada
La norma limita el cómputo doble en las ratios únicamente al alumnado NEE, excluyendo a la inmensa mayoría del alumnado NEAE (dificultades de aprendizaje, TDAH, altas capacidades, etc.). Esta discriminación significa que las aulas seguirán masificadas sin que la presencia de estos estudiantes reduzca el número total del grupo. Es el triunfo del ahorro económico sobre la educación inclusiva real.
5. Una amenaza encubierta: Cierre de líneas e inestabilidad
Al fijar la ratio anualmente según «disponibilidad de recursos», se prepara el terreno para:
-
El cierre de unidades y líneas en zonas con descenso de matrícula bajo criterios de «eficiencia».
-
La inestabilidad laboral del profesorado interino, cuyas vacantes dependerán de una resolución variable cada curso.
POR TODO ELLO, LA CGT ENSEÑANZA DE ANDALUCÍA:
-
DESENMASCARA esta Orden como un instrumento de gestión neoliberal.
-
DENUNCIA la complicidad de los sindicatos firmantes (CSIF, ANPE, UGT).
-
EXIGE la derogación de la Orden y una Ley de Ratios Máximas andaluza (máximo 18 alumnos en etapas obligatorias).
-
INSTA a que el dinero público deje de subvencionar el modelo privado y se destine íntegramente a la red pública.
La educación pública no se firma en mesas de salón. Se defiende en las aulas y en las calles.
NO a la ratio variable. Sí a la ratio baja y garantizada.
Todo el dinero público, para la enseñanza pública.