La Consejería de Educación parece haber dedicado más tiempo a planificar la privatización de la educación andaluza que a garantizar una educación presencial segura en tiempos de pandemia.
El plazo de presentación de alegaciones al proyecto de Orden que establece las normas para acogerse al régimen de conciertos educativos a partir del próximo curso ha llegado a su conclusión. La Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de CGT, que hizo público desde el primer momento su rechazo frontal a las novedades que plantea, ha presentado sus alegaciones, aun a sabiendas de que hay escasas o nulas posibilidades de que sean tenidas en cuenta, dado el carácter ideológico de dicho proyecto.
Por más que quiera justificarse con menciones a la insuficiente oferta educativa, o a la lucha contra el fracaso y el abandono escolar temprano, la apuesta por allanar el camino a la concertación simplificada y por vía rápida de las enseñanzas de Educación Infantil, Especial, Bachillerato y Formación Profesional forma parte de una estrategia orquestada de desmantelamiento de los servicios públicos en nuestra comunidad, acorde con la ideología ultraliberal y reaccionaria que sustenta a este gobierno.
Por una parte, en tiempos en que la iniciativa privada ha encontrado dificultades para mantener sus nichos de negocio, a la Consejería de Educación le parece oportuno darle este balón de oxígeno que supone cederle un servicio público esencial, como es la Educación, y asegurar a algunas empresas y corporaciones una fuente segura de beneficios sufragados a costa del dinero público.
Por otra parte, a nadie escapa que la gran mayoría de centros privados y privados concertados de nuestra comunidad tienen una vinculación directa con la Iglesia Católica, con lo que este proceso pretende revertir, en cierto modo, el arduo e inacabado proceso de laicización de la educación, y retornar al nacional-catolicismo del siglo pasado, remozado, eso sí, y convertido en liberal-catolicismo.
Las alegaciones de FASE CGT se han centrado en los puntos que hemos venido denunciando desde hace tiempo:
– Rechazamos la vía rápida que supone poder solicitar nuevas enseñanzas y su concertación en un mismo curso escolar.
– Exigimos que se exprese de forma tajante la incompatibilidad de mantener en un mismo centro unidades escolares privadas para enseñanzas dotadas de concierto. Esto supondría aprovechar las transferencias de dinero público tocantes a las unidades concertadas para atender en las mismas instalaciones a las privadas.
– Exigimos una mayor oferta de unidades de Educación Especial en centros públicos, dado que se alude al déficit de oferta para potenciar la concertación de estos estudios.
– Exigimos que antes de concertar unidades de FP Básica en una zona educativa se atiendan las demandas de incorporación de estos estudios en centros de titularidad pública y se aprovechen sus instalaciones.
– Rechazamos la justificación de la prioridad de la concertación de unidades de Bachillerato y Formación Profesional basada en que contribuye a luchar contra el fracaso escolar y el abandono escolar temprano, cuestiones que nada tienen que ver con el mayor o menor peso de la enseñanza privada concertada.
– Exigimos que antes de proceder a la concertación de unidades de Bachillerato y Formación Profesional se agoten las posibilidades de incremento de la oferta de estos estudios en centros de titularidad pública, ya que muchos cuentan con posibilidades e infraestructuras para incorporar nuevos Ciclos Formativos de FP o incrementar el número de unidades para los existentes.
En definitiva, consideramos que este proyecto de Orden, sumado a las instrucciones de 30 de septiembre, que permitirán la adscripción a la carta de los centros privados concertados de Educación Secundaria a centros de Bachillerato de titularidad pública, en nada mejoran las perspectivas de futuro de la educación andaluza, y su único objetivo es convertirla en un negocio seguro para determinadas empresas e instituciones privadas. Un negocio que se pagará con dinero público, y que dejará en manos de la iniciativa privada y de sus intereses la educación en las principales ciudades andaluzas. La educación pública, a corto plazo, quedará convertida en un ente subsidiario que se ocupará de la atención del alumnado de las zonas geográficas más desfavorecidas (la Andalucía rural), en las que las empresas privadas no encuentran perspectivas de negocio.
Por último, queremos señalar la incongruencia de las justificaciones que este proyecto de Orden alude en su apuesta por priorizar la concertación de estudios de Enseñanza Especial, Bachillerato y Formación Profesional. Si bien es cierto que en algunos casos puede existir una oferta insuficiente de estos estudios, que bien podría cubrirse con dotación de nuevas unidades en centros públicos, no menos cierto es que en los niveles de Educación Infantil y Primaria, dado el descenso demográfico que ha reducido de manera notable las cifras de alumnado, se están cerrando cada año unidades públicas, quedando aulas e infraestructuras infrautilizadas en centros públicos. Mientras tanto, las unidades de estos niveles concertadas en centros privados no sólo se han mantenido, sino que incluso se han incrementado.
¿Alguien podría entender que una familia que disponga de una casa propia sobrada de espacio alquile una vivienda ajena? ¿Es eso una medida de ahorro o un despilfarro del dinero público para mantener el beneficio de las empresas privadas del sector educativo?
Mientras estamos en shock con la pandemia, la Consejería sigue con su apisonadora de hacer conciertos. El coronavirus pasará en algún momento, dejando un reguero de secuelas profundas; los conciertos, una vez aprobados, vienen para quedarse y son difícilmente reversibles.