A pesar de la dramática situación que esta epidemia ha generado y sus nefastas consecuencias, parece que algunas enseñanzas se pueden ir extrayendo de ella.
Hemos aprendido a distinguir y valorar cuáles son los servicios esenciales para la población. El interés general es un concepto muy amplio y hay quienes tienen especial empeño en hacerlo difuso.
Pero en esta ocasión, que afecta a toda la población con independencia de credo, etnia, sexo, clase social…, es evidente que el derecho a preservar la salud es esencial.
La crisis ha puesto de manifiesto que es prioritario contar con un buen sistema público y universal de salud y que sus posibles carencias siempre causan un perjuicio menor que no disponer de él. Por supuesto, cuando se habla de sistema sanitario, se integra en él la industria farmacéutica, ya que su buen funcionamiento a favor del interés general es indispensable.
Si, a fuerza de padecer la cuarentena, estamos comprendiendo las dificultades de un modelo privatizado de sanidad, deberíamos aprovechar urgentemente esta ocasión para reconducir el disparate de mercadear con la salud. Los derechos esenciales de la población no pueden en modo alguno convertirse en mercancías que como tales se subastan en el libre mercado de los egoísmos y la codicia.
Esta pandemia se convierte en una ocasión para reformular algunas de las más erróneas medidas adoptadas en la Unión Europea (UE). Especialmente, la directiva Bolkestein, que entró vigor el 28 de diciembre de 2009 (Directiva 123/2006/CE), dedicada a favorecer la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios entre los Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo los servicios públicos. Parte esta visión mercantilista de que los Estados deben permitir el libre mercado en servicios esenciales como la salud, la dependencia y la educación. El poder de los lobbies (grupos de presión) farmacéuticos, de cadenas de hospitales privados y grandes aseguradoras impuso la sinrazón de mercadear con las vidas de las personas. De hecho, una causa fundamental de que la UE no tenga Constitución fue el rechazo, por ejemplo, de Francia, donde la privatización de la sanidad pesó enormemente en el NO en su referéndum.
No es cuestión de enfrentar las ideologías planificadoras con las neoliberales, pero es evidente que el libre mercado debe estar acotado para impedir poner precio a aspectos esenciales para garantizar la vida humana. Sobre todo, cuando las ideologías más neoliberales no se cansan de repetir aquello de que “la vida humana no tiene precio”.
Desde esta dura experiencia epidémica, de muerte, contagios, confinamiento de toda la población, paralización de la economía, despidos masivos… es preciso analizar aquello que se debe hacer en el presente para reordenar los servicios esenciales a la comunidad. Y queda claro que todo el sistema de salud, así como el educativo y el que da respuesta a la dependencia, debe ser de titularidad pública y estar coordinado por el Estado, para garantizar la más solidaria y homologada respuesta de servicios esenciales para el conjunto del pueblo español.
Fdo. Rafael Fenoy Rico