¿La educación para el consumo responsable que defiende la Junta de Andalucía?
La pasada semana, las protestas de un grupo de familias del CEIP Andalucía de Fuengirola han centrado la atención de la comunidad educativa malagueña. La perplejidad de estas familias preocupadas por la educación de sus vástagos respondía a una autorización, enviada por el cole, para una actividad escolar complementaria que consistía en una visita cultural gratuita a un centro comercial de El Corte Inglés. Entre las actividades para ese día, estaban la visita a distintos departamentos comerciales, entre ellos, la juguetería falta menos de dos meses para la ceremonia consumista navideña- y un desayuno, cómo no, gratuito.
Desde el centro se responde que es una actividad que se enmarca dentro de una programación perteneciente a tres unidades integradas, proyectadas para el primer ciclo de Primaria, de las que tienen conocimiento los padres y madres. Además se añade, que la actividad de visita a un centro comercial es demandada y solicitada por parte del equipo docente y que fue valorada muy positivamente el curso pasado.
Desde CGT consideramos que este tipo de actividades son difícilmente armonizables con el derecho del alumnado a una educación para el consumo responsable. Esta actitud se establece en el Estatuto de Autonomía para Andalucía como uno de los principios rectores de las políticas públicas. La educación para el consumo responsable consiste en una educación para un consumo sostenible y solidario y, en definitiva, en consumir menos y más consciente y razonadamente. No creemos que la visita a un centro comercial en plena precampaña navideña sirva para fomentar el espíritu crítico ni una actitud respetuosa con el medio ambiente y sensible a la explotación laboral.
Desde CGT nos preocupa la falta de sensibilidad de la Administración Educativa ante estos temas que se manifiesta en la falta de instrucciones claras y precisas que permitan organizar la educación para un consumo responsable. Y considera que la ceguera ante estas situaciones, por otra parte, contraria al espíritu de buenas intenciones que se concreta en las leyes, responde a un sistemático proceso privatizador de la Enseñanza Pública. No solo denunciamos un proceso de privatización exógeno, la progresiva colonización de la educación pública por empresas privadas, sino también la privatización endógena, que incluye las políticas de mercadeo escolar y la conversión de la función directiva en gestión empresarial. En este contexto resulta difícil distinguir con claridad que este tipo de actividades en lugar de fomentar una educación para el consumo responsable, imposibilitan el espíritu crítico y naturalizan e interiorizan la lógica del mercado en el corazón mismo de la escuela.