500 trabajadoras se han quedado en la calle y 132 colegios, en su mayoría de Málaga y Jaén, sin este servicio.
Una parte de esos damnificados eran beneficiarios del PRAI (Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil).
Hace unos días Coll Servicol, Perea Rojas, Catering Villablanca y El Cortijo se han declarado en quiebra y renunciado a la concesión del servicio de comedor escolar que tenían adjudicado. Forman parte de AERCAN (Asociación Empresarial de Restauración Colectiva de Andalucía), que engloba a una veintena de empresas. La patronal pide a la APAE que en las bonificaciones se tengan en cuenta los menús solicitados, no los consumidos y que no se les cobre el canon. Aducen que no salen las cuentas con una bajada en torno al 40% de usos y el aumento de gastos por las medidas anti-COVID que han tenido que afrontar.
Entretanto, el consejero, en una de sus clásicas intervenciones ofensivas, lo achaca a que el precio de los menús está estancado y resulta poco atractivo para las empresas. Olvida que los sueldos, en caso de tener trabajo, también están estancados. Seguro que no se pregunta: ¿Cómo conciliar si de un día para otro te enteras de que no cuentas con comedor? ¿Cómo comen esos menores? ¿Tienen que recogerlos sus abuelos, poniéndose así en riesgo? ¿Qué pasa con las 500 trabajadoras que se quedan en la calle? Lo único que ha dicho es que la licitación del contrato de 75 de los 132 comedores se resolverá a mediados de octubre.
La Consejería de Educación se compromete a prestar un servicio, directamente en el menor de los casos, o, en su mayoría, a través de la APAE y debe velar por ello. Desde CGT defendemos que este servicio no debe estar externalizado (de lo que se vanagloriaba el Consejero el año pasado). La Junta debe promover las cocinas in situ y mejorar las condiciones laborales de su personal. No puede mirar para otro lado.
CGT se sumará a las acciones provinciales coordinadas con otras organizaciones sindicales y familiares en defensa de los comedores escolares.