CGT Enseñanza de Andalucía insta a Pedro Sánchez a mediar con la Junta de Andalucía para solucionar el conflicto con el profesorado interino. Así mismo, considera imprescindible la derogación del Real Decreto Ley 14/2012 y el aumento de la financiación pública del sistema educativo.

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Hace apenas un par de meses, nuestro recién nombrado Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ocasión de una Asamblea Abierta del PSOE en Córdoba, declaraba que su partido no tenía nada que hablar “con un Gobierno que no creía en la Educación Pública”. Las tornas han cambiado y hoy es él quien ocupa, tras una moción de censura, el sillón presidencial.

En el mismo evento, Sánchez declaraba que solo volvería a hablar con el Partido Popular si “ponían los recursos suficientes para reducir la ratio de los alumnos por profesor” y también para que “nuestros maestros tengan una retribución digna. Y para que muchos de los interinos que ahora mismo sufren tengan puestos de trabajo dignos”, además de “para que tengamos refuerzos escolares”.

Para que con las glorias no se olviden las memorias, recordamos que uno de los puntos centrales del programa electoral del partido ahora en el gobierno, era establecer una financiación pública para todo el sistema educativo hasta alcanzar un suelo común de financiación del 5% del PIB en dos legislaturas, y con la aspiración al 7% a medio plazo. Aunque resulte paradójico, hace apenas unos días, el gobierno socialista andaluz tumbó una proposición de ley presentada por Podemos e IU para blindar la educación andaluza en un 5% del PIB.

Por ello, la Federación Andaluza de Enseñanza la CGT insta al nuevo gobierno a promover una nueva etapa que se caracterice por un diálogo fluido con los agentes sociales y las comunidades educativas, que dignifique a la maltratada educación pública. Y para que no pensemos que nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir, le recordamos que también, negro sobre blanco, figuraba en su programa electoral la derogación de los decretos que han deteriorado las condiciones laborales del maltratado funcionario docente. Por ello, exigimos que se derogue el Real Decreto Ley 14/2012, sobre racionalización del gasto público, que nacido de la crisis y con vocación de provisionalidad amenaza con eternizarse en sus recortes.

Por otra parte, desde el pasado mes de febrero el profesorado interino andaluz está en lucha por su dignidad y conservación de su puesto de trabajo. Una oferta de empleo público sin precedentes, en la que a las plazas resultantes del 100% de la tasa de reposición se suman unas tres mil plazas de consolidación, en ausencia de cualquier plan de estabilidad para este gremio, amenaza con convertirse en uno de los mayores EREs de la historia de nuestra de democracia. Se han hecho ya cinco manifestaciones masivas por la capital andaluza, tres huelgas, la última indefinida. Y la Administración Educativa Andaluza hace oídos sordos y parece desconocer el significado de la palabra negociación. Por ello, la Federación andaluza de la CGT solicita a nuestro Presidente del Gobierno que medie con la Administración Andaluza para que se abra un proceso de negociación que impida esta inevitable situación, que atenta contra la dignidad y los derechos laborales del profesorado interino andaluz.

Consideramos que la negociación de un nuevo modelo de acceso a la función pública es ineludible y absolutamente necesario. Y es imprescindible legislar desde la excepcionalidad como recoge el artículo 61.6 del EBEP ya que miles de docentes interinos andaluces están fraude de ley. Durante demasiado tiempo, plazas que eran estructurales han sido tratadas como funcionales y son muchos miles los que cargan a sus espaldas muchos años de experiencia docente. Sin duda, una situación excepcional promovida por una nefasta planificación y una crisis que redujo al mínimo la tasa de reposición.

En definitiva, no nos gustaría, que al cabo de un tiempo, alguien pudiera pronunciar las palabras que nuestro ahora Presidente del Gobierno usó para dirigirse al Gobierno ahora destituido: no tenemos nada que hablar con un gobierno que no cree en la Educación Pública.