Un ligero repaso a la historia de los sistemas de acceso a la función pública de la reciente democracia de nuestro país muestra, sin lugar a dudas, una evidencia: la normalización de la excepcionalidad. Es decir, hasta ahora cada cierto tiempo y al compás de las reformas educativas se dictó el estado de excepción para normalizar la incapacidad de la Administración para gestionar lo público. Sin ir más lejos, entre 2007 y 2011 se estableció un sistema transitorio con la particularidad de que las pruebas no eran eliminatorias. A partir de ahora, las nuevas convocatorias rompen la baraja y en nuestra Comunidad Educativa, unos 20000 docentes interinos están amenazados de despido si el azar no les bendice con la bolita deseada o el día de las pruebas no están libres de cualquier desgraciada incidencia, ya que de no obtener un aprobado en la primera prueba, los servicios prestados a la Administración son papel mojado.
La creación de grandes bolsas de profesorado interino deriva del mal funcionamiento de las Administraciones y de las políticas austericidas. La oferta de más de tres mil plazas de consolidación en la convocatoria de oposición de este curso en Andalucía, muestra con absoluta y meridiana claridad que durante muchísimo tiempo, demasiado, plazas vacantes que eran estructurales se han mercadeado como funcionales y han sido ofrecidas, en fraude de ley, al profesorado docente interino.
En fechas no muy lejanas, las trabajadoras y trabajadores temporales de la enseñanza encontraron en los acuerdos de estabilidad firmados con la Administración una garantía de protección de sus derechos laborales. En los pasados acuerdos se garantizaba a las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza, entre otras cosas, sus puestos de trabajo, al menos, por el tiempo equivalente a los servicios prestados con anterioridad. Así ocurrió con el acuerdo del 25 de febrero de 1987, el de 23 de febrero de 2000 y el acuerdo de 25 de marzo de 2003. Si hay voluntad política, sí se puede firmar un nuevo acuerdo de estabilidad. Por ello, solicitamos que el profesorado interino que ha trabajado durante el curso 2017/18 con vacante tendrá garantizada vacante, al menos hasta una modificación del sistema de acceso a la función pública que permita la consolidación real de su puesto de trabajo. Y asimismo, que a todo el profesorado interino que haya cubierto sustituciones durante el curso 2017/18, se le asegurará, contrato el mismo periodo trabajado este curso.
Por otra parte, desde que comenzaron las movilizaciones del profesorado el pasado mes de febrero y en más de una ocasión, la Consejera de Educación Dª Sonia Gaya ha intentando tranquilizar al colectivo interino, tanto en persona como en los medios de comunicación, y ha anunciado que conseguirá plaza aunque suspenda las oposiciones http://www.elmundo.es/andalucia/2018/05/16/5afc8611e2704e1e248b463a.html. Con este documento, CGT invita a la Consejera de Educación a poner negro sobre blanco sus tranquilizadoras y sabias palabras.
Y para que sirva a este fin, CGT propone una serie de medidas que garanticen la estabilidad del profesorado interino en años venideros, al menos, hasta que se produzca un verdadero proceso de consolidación de todas aquéllas personas que con su esfuerzo y vocación han mantenido a flote la educación andaluza en tiempo de vacas flacas.
CGT está convencida de que la garantía de estabilidad y la mejora de la calidad de la enseñanza andaluza, pasa necesariamente por el aumento de plantilla. Por ello, solicita:
1º. Confirmación de la vuelta a las 18 horas lectivas en Secundaria. Y la reducción a 23 horas lectivas en Primaria e Infantil.
2º. Suspender hasta su derogación el RDL 14/2012, de racionalización de gasto público, en lo que respecta a las sustituciones del profesorado. Es decir, garantizar las mismas desde el momento del hecho causante de las mismas.
3º. Cubrir todos los permisos y reducciones de jornadas y las horas dedicadas a los planes y programas. Y lo que está íntimamente relacionado con esto en Primaria, que los maestros de apoyo no terminen cubriendo las reducciones de jornada de los compañeros.
4º. Las consecuencias del descenso de la natalidad se han hecho notar en el ámbito rural tanto como en aquéllas localidades en las que la enseñanza pública comparte su espacio con la privada-concertada. Por ello, consideramos que en un ejercicio de responsabilidad política, y dado que la enseñanza concertada está blindada, garantizar que no se cerrará -o se reubicará por utilizar un eufemismo en boga- ninguna unidad de la escuela pública.
5º. Introducir el año sabático para el profesorado andaluz (Permiso parcialmente retribuido) cada 5 años, un año de descanso. Este permiso ya existe en siete Comunidades.
6º. Desdobles. Proponer que los desdobles se desvinculen de las materias instrumentales y se organicen también en función del porcentaje de alumnado con NEE y NEAE y garantizar desdobles en las materias prácticas de FP.
7º. Ampliación de plazas de FP y de la oferta de Ciclos Formativos..
8º. Descongestionar las aulas semipresenciales en las EOIs. La ratio en este tipo de aulas triplica el horario no reglado del profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Es decir, las horas de dedicación a preparación de clases, corrección de tareas y exámenes.
9º. Creación de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Conservatorios en todas aquellas localidades que estén por encima de los 20.000 habitantes. La enseñanza es y debe ser patrimonio de todas y de todos independientemente de su lugar de residencia.
10º. Reducción de las ratios en centros de difícil desempeño y compensatoria. Así como en todos aquellos centros que sin ostentar estas categorías tengan un elevado índice de alumnos con NEAE.
Consideramos que un compromiso serio con la calidad de la enseñanza andaluza requiere llevar a cabo estas medidas y para ello es necesaria voluntad política y una mayor inversión que revitalice y recupere la dignidad de la maltratada educación pública andaluza.