El TSJA tumbó parcialmente la Orden que regula el llamado concursillo
por discriminar a parte del profesorado.
El denominado concursillo para los docentes andaluces, que se reguló en
el año 2016, solo permite al personal funcionario con destino definitivo
mejorar los mismos por motivos de enfermedad o conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. Este hecho fue denunciado por CGT Enseñanza,
que entendía como discriminatorio que otros colectivos (docentes sin
destino definitivo o incluso interinos) no pudieran acceder a esa mejora
por los motivos enunciados.
Así pues, se interpuso el correspondiente recurso por parte de la
Federación, obteniendo en junio de 2018 un fallo favorable parcial a sus
peticiones que implica la anulación de la Disposición Adicional Tercera de
la Orden de 18 de junio de 2016, en la que se hace mención expresa a que
las comisiones no se permiten a quien no haya obtenido aún su primer
destino definitivo, excluyendo así a los provisionales de las mismas. De
esta manera, los funcionarios provisionales pueden beneficiarse de todas
las comisiones de servicios que se contemplan en la norma.
Esta Federación se reunió con la, entonces, Directora General de RR.HH. y,
aunque aún no se había hecho un estudio en profundidad de la Sentencia,
ella nos avanzó que veía inviable su aplicación en todos los casos. En
concreto se hablaba de la residencia en un lugar distinto del de destino.
Parecer ser que el criterio final de la Consejería de Educación y Deportes
será que el próximo día 1 de marzo, cuando se abra el plazo de petición de
comisiones de servicio, aquellas personas que no tienen destino no puedan
pedirlas por este motivo y, aunque habiliten un plazo posterior si se
obtiene por la Resolución definitiva del Concurso de Traslados, seguirían
sin poder hacerlo quienes no lo obtengan.
Ya entonces le mostramos nuestra disconformidad y le pedimos el desarrollo
de una Orden específica, que nunca se ha realizado, sobre conciliación
familiar, laboral y personal de todo el personal docente de la Consejería.
Seguimos entendiendo que esto supondría una clara discriminación con
respecto al resto del funcionariado y que es la Consejería quien debe poner
en marcha medidas que no den pie a la misma.
Por todo ello, seguiremos solicitando en todos los ámbitos, incluido el
judicial, la equiparación de los derechos laborales a toda la plantilla
docente.