Los datos publicados recientemente y que recoge el diario Público confirman lo que desde el Sindicato de Enseñanza de la CGT venimos denunciando: la Junta de Andalucía, bajo el mandato de Juanma Moreno, está ejecutando un plan sistemático de desmantelamiento de la Educación Pública en beneficio de los intereses privados de la enseñanza concertada.
Mientras los centros públicos se ahogan en la precariedad –con aulas masificadas, infraestructuras degradadas y falta de recursos–, el Gobierno andaluz ha incrementado de forma obscena el gasto en conciertos educativos en 300 millones de euros en apenas un lustro. Este trasvase multimillonario de fondos públicos hacia entidades privadas, muchas de ellas con carácter confesional, no es una política educativa, es una estafa social.
Este incremento desproporcionado evidencia varias cuestiones irrefutables:
Agresión a la Pública: Cada euro que se destina a engordar los conciertos es un euro que se niega a la escuela de todos y todas. La Educación Pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión social y es un pilar fundamental de una democracia sana. Estrangularla económicamente es un acto de sabotaje contra el bien común.
Fomento de la segregación: La red concertada, lejos de ser complementaria, se ha convertido en un circuito paralelo y privilegiado que selecciona al alumnado por motivos económicos, sociales o religiosos. La política de la Junta no solo no combate esta segregación, sino que la financia y la consolida con dinero público.
Privatización encubierta: Este modelo responde a la lógica neoliberal de transferir recursos de lo público a lo privado. Se trata de un negocio para unos pocos a costa de un derecho fundamental para la mayoría. No es casualidad que este auge de la concertada coincida con el abandono planificado de la red pública.
Desde FASE CGTA exigimos:
· La paralización inmediata de cualquier nueva partida o ampliación de conciertos educativos.
· Una auditoría pública y transparente del uso de los fondos ya transferidos a la concertada.
· La inversión prioritaria y urgente en la red de Educación Pública: contratación de personal, reducción de ratios, mejora de infraestructuras y creación de nuevos centros públicos donde sean necesarios.
· La derogación de los decretos y leyes que favorecen la dualización y segregación del sistema educativo.
No vamos a permitir que saneen las cuentas de unos pocos colegios privados a costa de hipotecar el futuro de la mayoría.
La Educación Pública no se vende, se defiende.
Por una Educación Pública, Laica, Gratuita y de Calidad para todas y todos.
No a los recortes. No a la privatización.