Unos 600 docentes y miembros de la comunidad educativa se han concentrado esta tarde a las puertas del Parlamento Andaluz
Unos 600 docentes y miembros de la comunidad educativa reclaman estabilidad y protestan contra el desmantelamiento de la educación pública.
Ya duran más de un mes las movilizaciones que se iniciaron a raíz de la publicación de unas polémicas instrucciones de organización de la enseñanza Infantil y Primaria que, sin previo consenso con la comunidad educativa, han terminado encarnando la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los docentes interinos andaluces.
Si a esto se unen las altas ratios, el oscuro sistema de oposiciones, las elevadas temperaturas en las aulas, el cierre de líneas educativas públicas, el crecimiento de los conciertos con los centros privados y el aumento de su presupuesto, entre otras, se descubre un siniestro plan urdido mucho tiempo atrás para desmantelar a la escuela pública y que ha sido, en su desarrollo, especialmente virulento con el colectivo de docentes interinos.
La estabilidad del profesorado interino es una apuesta fundamental en la trayectoria de lucha de la CGT. Durante demasiados años, la precariedad laboral viene siendo una constante en el sistema educativo andaluz y es un secreto a voces que nuestros gobernantes no tienen y no han tenido complejos para desatender la Escuela Pública. Atrás quedan los años de la gestión política del gobierno anterior favoreciendo el desmantelamiento progresivo del sistema público de enseñanza; en el presente, el nuevo gobierno apuesta claramente por la educación privada concertada pagada con fondos públicos, tal y como declaró el propio Javier Imbroda en la comparecencia de ayer por la noche.
Ante tales declaraciones, docentes de CGT que habían sido invitados al Parlamento se pusieron de pie para exigirle al consejero una educación pública y de calidad hasta que fueron expulsados del edificio a empujones.
Desgraciadamente, a la pérdida de unidades que está sufriendo de forma unilateral la Escuela Pública consecuencia del descenso de la falta de natalidad, este curso se une la injustificada y ambigua interpretación que la Consejería de Educación ha hecho de una sentencia del Tribunal Supremo sobre la asignación horaria de la materia de Religión. El resultado final ha supuesto la modificación del currículo de la enseñanza Primaria. Y el despido de 2.500 interinos con bastante tiempo de servicio a sus espaldas.
CGT sigue apostando por un plan de estabilidad que proteja al trabajador más precario de la enseñanza: el profesorado interino. Asimismo, defiende una modificación del sistema de acceso a la función pública que contemple, como medida excepcional, la reserva de un porcentaje de las plazas para acceso por concurso de méritos destinadas a todas aquellas y aquellos trabajadores de la enseñanza que como consecuencia de la crisis y la cicateras ofertas de empleo público han permanecido durante demasiado tiempo demostrando sus aptitudes y valía para el desempeño del trabajo docente.