A día de hoy las oposiciones son un cuello de embudo en el que el profesorado interino y aspirante se va a ver atascado sistemáticamente en sus intentos de acceso a la función pública.
En junio de 2021 había unos 21000 interinos en activo cubriendo puestos en las especialidades educativas convocadas, para un total de 5 941 plazas de libre acceso. El número total de personas inscritas para el proceso selectivo superaban la cifra de 50.000. El resultado no podía ser otro, una gran purga y eliminación de participantes en la primera fase del examen.
Es evidente que estas cifras de interinidad evidencian la existencia de un gran número de plazas vacantes de carácter estructural que no se quieren consolidar. En las oposiciones se convoca una mínima parte de las plazas realmente necesarias y se obliga a miles de interinos y aspirantes a realizar los exámenes una y otra vez (gran negocio también para algunos sindicatos cómplices que cobran por los cursos que se exigen y afilian a gran número de personas con su “oferta”).
Algunos sindicatos denominan a la convocatoria de oposiciones como “procesos de consolidación de empleo”, pero la realidad es que más de 2000 personas que trabajaron el curso pasado van a perder su empleo y ser reemplazadas por otras. ¿No hay mejores formas de garantizar un trabajo digno para todo el mundo?
La hoja de ruta de la Consejería de educación andaluza está clara; no es solo un objetivo económico, es un planteamiento político de adelgazamiento de lo público en beneficio de las empresas privadas. Dilatar estos procedimientos de consolidación de empleo y esconder las vacantes les va a permitir conseguir su objetivo a corto y medio plazo: aprovechar el descenso de natalidad para acabar con gran parte del empleo docente público a la vez que se favorece la privatización y se trasvasan los fondos públicos a centros privados concertados. Esta cuestión es ya más que evidente en las etapas de infantil y primaria como se puede apreciar en los diferentes estudios que ha publicado CGT.
La reciente reforma del EBEP que va a ser casi con toda seguridad aprobada en el congreso de los diputados el día 21 de julio de 2021 facilitará esta política privatizadora y el despido de miles de trabajadores interinos con una mínima indemnización y sin sanción alguna por el abuso durante años de este tipo de contratación.