La formación en riesgos laborales del profesorado andaluz: una chapuza privatizada y cara

La formación en riesgos laborales que se está impartiendo al personal de algunos centros educativos en estas últimas semanas ha generado una serie de quejas y dudas razonables que nos han llegado y creemos conveniente aclarar de modo público, al tiempo que manifestar nuestro más profundo rechazo al modo en que se está desarrollando este proceso.

Tomaremos como referencia la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL).

En primer lugar, ¿es obligatoria la participación en esta actividad formativa?

En principio así ha de entenderse, ya que la empresa está obligada a ofrecer a su personal formación en prevención de riesgos laborales y el personal, a su vez, tiene la obligación de colaborar. (Capítulo III)

¿En qué horario ha de hacerse esta formación obligatoria?

A este respecto la LPRL es clara: La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.

¿Quién imparte esta formación?

La LPRL establece que la formación puede impartirse por la empresa con medios propios o bien concertándola con servicios ajenos (Art.19)

En nuestro caso, y en virtud de un contrato firmado en 2019, la empresa PROCARIÓN es la responsable de la formación en prevención de riesgos laborales del personal dependiente de la Consejería de Educación en la provincia de Málaga, mientras que la empresa ANTEA asumió la tarea en las siete restantes provincias, por un período de tres años y cuatro meses que aún está vigente.

¿Puede realizarse la formación de manera telemática y usando el servicio ZOOM de videoconferencia?

Nada encontramos en los contratos firmados ni en la legislación que impida la formación telemática, y siendo así, ya que corre a cargo de empresas privadas, tampoco aparece nada que obligue a éstas a utilizar la herramienta de videoconferencia con que cuentan los centros docentes. Por lo tanto, si la herramienta utilizada cumple con la normativa de protección de datos ANTEA y PROCARIÓN están habilitadas para emplearla. Ahora bien, ¿está formado el personal de nuestros centros para utilizar esta aplicación?

¿Qué contenidos debe abordar la formación?

De nuevo la LPRL es clara: la formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

Sobre la duración de la formación tampoco hay nada específicamente regulado, salvo que tiene que ser teórica y práctica, suficiente y adecuada.

Hasta aquí lo que entendemos que puede aclarar algunas cosas en relación a esta formación, pero de lo que no nos cabe duda es de que se está desarrollando de la peor manera posible y en el peor momento posible para el personal docente, y las personas que últimamente nos han informado nos transmiten su malestar y descontento tras la celebración del curso telemático.

En primer lugar; ¿era necesario o recurrir a una empresa externa para garantizar la formación en prevención de riesgos laborales que hasta 2019 se había venido realizando con recursos propios?

El pliego de condiciones técnicas de los contratos firmados con ANTEA y PROCARIÓN no solo incluye la formación en riesgos laborales del personal dependiente de la Consejería de Educación, sino también la elaboración de las evaluaciones iniciales de riesgos completas, de cada persona trabajadora en su puesto de trabajo y en cada centro de trabajo.

Es una tarea ingente, pero imprescindible para cumplir la normativa de seguridad laboral. En la justificación del contrato se especifica que el Servicio de Prevención Propio de la Consejería cuenta con 27 personas (dos en los Servicios centrales y 25 repartidas entre las ocho Delegaciones Territoriales), y añade: “ Dicha dotación de recursos humanos es insuficiente para llevar a cabo las actuaciones preventivas mencionadas anteriormente, además del resto de funciones que también tienen atribuidas, de conformidad con lo establecido en el citado Plan de Prevención de la Consejería de Educación”. Es esta realidad la que esgrime la Consejería para recurrir a la contratación de empresas privadas.

Que la ley permita la contratación de un Servicio de Prevención externo no quiere decir que ésta sea la mejor solución, ni la más barata, máxime cuando lo que está en juego es la seguridad, la integridad y la vida de las personas que trabajan en los centros de la Consejería de Educación. El servicio que prestarán ANTEA y PROCARIÓN con un plazo de 3 años y 4 meses costará 3.593.280,00 euros, y lo primero que nos viene a la cabeza es lo siguiente:

¿Cuántas personas podría haber contratado la Consejería como personal público estable para reforzar nuestro Servicio de Prevención y acometer las tareas necesarias con medios propios?

Calculando por lo alto, pongamos un salario bruto para el personal Técnico en Prevención de Riegos Laborales que, sumado a las cotizaciones a la Seguridad Social, supusiera un coste de 40.000 euros al año por persona. Estaríamos hablando de poder reforzar el Servicio de Prevención Interno con unas 30 personas con empleo digno y estable durante tres años. Porque pasarán los 3 años y 4 meses del contrato, y la prevención de riesgos y la formación seguirá siendo necesaria, y se licitará un nuevo contrato, y así hasta la eternidad…

Puede que la Consejería considere que estas 30 personas empleadas públicas serían insuficientes para acometer la tarea necesaria. Puede que por el mismo dinero, y obteniendo beneficio, una empresa privada que explote a su personal ponga a trabajar en el proyecto a más personas. En cualquier caso, si 30 empleos públicos durante 3 años son insuficientes, le recordamos al señor Imbroda que con los 5,4 millones de euros que la Consejería de Educación ha desviado a las obras para reformar el Estadio de la Cartuja podría multiplicar por más de dos esa cifra, y ampliar el personal Técnico en Prevención de Riesgos Laborales en unas 90 personas durante tres años.

No podemos juzgar el trabajo de evaluación de riesgos que está desarrollando el personal de las empresas adjudicatarias, pero sí nos consideramos capacitados para evaluar la formación que se está ofreciendo al personal docente, en función de lo que nos han reportado personas afiliadas a nuestro sindicato que la han sufrido.

De momento, el personal de algunos centros (docente y no docente juntos) ha desarrollado una sesión telemática de 1 hora a través de la aplicación ZOOM, a cargo de una persona que, en solitario, debía atender a un tiempo la exposición de los contenidos y los problemas técnicos (montones) que iban relatando en el chat las personas que asistían o trataban de asistir. Todos los micros y cámaras de la asistencia, eso sí, estaban silenciados y apagados (para garantizar la intimidad) y controlados por esa misma persona. La persona ponente compartía su escritorio mostrando una presentación en POWERPOINT manifiestamente mejorable que, de un modo muy somero, y en nada centrado en las características de cada puesto de trabajo, repasaba aspectos banales y de sobra conocidos sobre riesgos, prevención y protección. La persona ponente ni siquiera tuvo tiempo en la hora de duración de la sesión para comentar todas las láminas de la presentación, pero tuvo que cortar a la hora prevista para pasar a atender a otro grupo. Cada grupo está integrado por más de 100 personas entre las que hay personal de diferentes centros educativos con puestos de trabajo muy distintos: limpieza, administración, docencia en FP, docencia en Secundaria, docencia en Primaria… ¿Dónde está la adecuación de la formación a cada puesto de trabajo concreto?

Visto lo visto, el personal tiene dos opciones: mantener la conexión y como la cámara está apagada bajar el volumen y seguir corrigiendo exámenes, o tratar de seguir con múltiples interrupciones unas explicaciones triviales de la persona ponente sobre las láminas que le da tiempo a repasar muy por encima. Total, según se informa, con haber permanecido en conexión un tiempo mínimo se dará por recibida la formación e incluso se certificará la misma.

Personas que trabajan en diferentes centros y que nos han descrito la sesión formativa en sesiones distintas corroboran esta descripción. No sabemos, de momento, en qué consistirá la parte práctica de la formación que exige la legislación laboral, ni si se impartirá también de manera telemática.

En definitiva, una chapuza con la que la Consejería pretende hacernos creer que se está cumpliendo la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a formación. Una chapuza que pagamos a precio de oro y que supone para un par de empresas obtener buenos dividendos. No siempre lo privado es más barato, y casi nunca es mejor que lo público, por más que haya una campaña de descrédito permanente de los servicios públicos para justificar su privatización.

CGT seguirá exigiendo que la Prevención de Riesgos Laborales del personal de la Consejería de Educación se asuma, con la seriedad que merece, por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales interno, que se refuerce su plantilla con los puestos necesarios y que se utilicen los medios propios para asumir la formación del personal docente. El listón que han puesto las empresas privadas está lo suficientemente bajo para que por el mismo dinero, y con personas con empleo público y condiciones laborales dignas, se haga mucho mejor.

NOTA: En ningún momento tratamos de culpabilizar de esta chapuza a las personas que están dando la cara como ponentes en las acciones formativas, probablemente trabajadoras precarias sometidas sin protección adecuada a un riesgo psicosocial evidente: atender a más de 100 personas, muchas de ellas indignadas y con un dominio nulo de la herramienta telemática empleada, en sesiones continuadas de 1 hora de teleformación.