El consejero Imbroda ya ha orquestado la mediática venta de su gran aportación personal a las muchas necesidades de la Educación Pública andaluza, su flamante Programa de Refuerzo Educativo Estival.
Se decía antiguamente que los malos estudiantes dejaban para el verano lo que no habían hecho a su debido momento durante el curso escolar, y esto mismo cabría aplicar a quienes gestionan la educación en Andalucía. Este será el tercer verano de un Programa de Refuerzo Estival que desde CGT ya criticamos desde su inicio por inoportuno, ineficaz e insuficiente. Y no es que tengamos nada en contra de las familias que recurren a él, ni del profesorado que se apunta voluntario a cambio de 30 monedas por hora, ni de los equipos directivos y claustros que ofrecen su colaboración, seguramente cargados de necesidad o buenas intenciones. Es que resulta una auténtica tomadura de pelo vender a la opinión pública que con este Programa se soluciona una mínima parte de las necesidades de refuerzo que tiene el sistema educativo andaluz, y que se sufren durante los diez meses de curso escolar.
Las declaraciones del consejero Imbroda para vender las bondades de su Programa mencionan expresamente la “evaluación” del mismo como aval para su mantenimiento. Pero, ¿cuáles han sido los instrumentos y criterios de evaluación que ha aplicado la consejería? Encuestas de satisfacción a las familias que solicitaron el programa y al profesorado y centros que se ofrecieron a implantarlo. ¿Es esta una manera correcta de evaluar un Programa de Refuerzo? ¿Se imagina alguien que al personal docente la inspección le diera por bueno como instrumento de evaluación y seguimiento de su alumnado una encuesta de satisfacción?
Evalúe, Sr. Imbroda, ya que tiene personal y datos para hacerlo, cuáles han sido los resultados académicos del alumnado que siguió el Programa el verano pasado y cuánto han mejorado gracias a él. Evalúe, Sr. Imbroda, cuáles han sido los resultados académicos del alumnado que usted mismo reconoció tener censado como afectado por la brecha digital durante el parón lectivo del curso pasado. ¿Hay que recordarle la cifra?
Tenemos localizados, con nombres y apellidos, unos 90000 niños que se han desconectado por distintos motivos, de ellos unos 30000 por la llamada brecha digital, dijo usted hace un año. El pasado verano participaron unos 9000 alumnos y alumnas en su Programa: evalúe usted las cifras y saque conclusiones.
El personal voluntario docente que participó, según la “encuesta de satisfacción”, nos dice que reflejó en más de un 89% que el programa se había desarrollado “sin incidencia”. Todo un éxito, pero le recordamos que en el inicio del programa CGT recogió en apenas diez días 10000 firmas de docentes que se oponían al mismo.
Y para finalizar, nos vende que su idea ha sido tan buena que la ministra Celaá habla de exportarla a otras comunidades. ¿Se está usted refiriendo a la ministra y responsables educativos autonómicos que en el último conciliábulo interterritorial pujaban por ver quién podía meter más alumnado en cada aula y recortar más puestos docentes? Les ha ofrecido usted su píldora estival de lavado de conciencia para que durante todo un curso se pongan de perfil ante las ingentes necesidades de personal y recursos de la escuela pública compensando con unas clases de verano para una inmensa minoría.
Desde CGT seguimos mostrando nuestro rechazo a este Programa estival y exigiendo que se ponga en marcha de una vez por todas un Plan de Refuerzo Educativo anual, que se base en una bajada sistemática de las ratios por aula, la contratación de más personal docente y de más especialistas en la atención a la diversidad durante todo el curso, la cobertura inmediata de las bajas, la mejora de instalaciones e infraestructuras, etc. Esto sí que sería un Plan de Refuerzo para sacar a Andalucía del vagón de cola educativo de España (y casi de Europa). Sin duda, más caro (desde su perspectiva mercantilista), pero más efectivo para intentar que Andalucía deje de ocupar los primeros puestos en el ranking de fracaso y abandono escolar temprano, y los últimos puestos en inversión acumulada por alumno y en personal educativo (docente y de apoyo) por habitante. Y no lo dicen encuestas de satisfacción ni sindicatos radicales, sino los datos oficiales.