Una lección ejemplar de moralidad pública

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CGT apoya a los equipos directivos de los centros educativos públicos en su esfuerzo por conseguir una vuelta a clase segura en septiembre frente a la irresponsabilidad de la Consejería y aplaude la valentía de llevar este tema tan importante al debate público.

Las instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte han sumido a toda la comunidad escolar en la perplejidad y el desconcierto, especialmente a los equipos directivos. Entre todas las funciones que la Administración encomienda a dichos equipos, la primera, y más esencial, es velar por el buen funcionamiento de los centros educativos.

A nadie se le escapa que la así llamada nueva normalidad, resaca de una pandemia insistente, ha venido a poner sobre el tapete muchas de las irregularidades constitutivas del sistema educativo público andaluz. En primer lugar, una dotación tecnológica inadecuada e insuficiente en centros educativos que, en muchos casos, presentan mil y un achaques y graves problemas de habitabilidad: falta de espacio, infraestructuras deficientes, problemas de climatización, goteras, desprendimiento de techumbres, instalaciones eléctricas inadecuadas…

En segundo lugar, un incumplimiento sistemático de la normativa que regula la admisión y la escolarización http://cgtaeducacion.org/cgt-acusa/ . CGT ha podido comprobar de primera mano que el período ordinario de matriculación para los niveles de Educación Infantil y Primaria se ha cerrado con numerosos casos de unidades escolares que superan la ratio máxima de alumnado que permite la normativa: 25 alumnos y alumnas por unidad. Sorprende que en un momento tan delicado para la salud pública como este, no solo no se ha haya optado por reducir la ratio de alumnado por aula, sino que, incomprensible e irresponsablemente, en muchos casos, se haya aumentado. De Secundaria no tendremos noticia hasta que termine el proceso en septiembre. Pero, visto lo visto, dudamos que se produzca un cambio de dirección.

En estas circunstancias, es imposible garantizar las distancias de seguridad que establecen las autoridades sanitarias. Esto obligaría a un uso generalizado y obligatorio de mascarillas a todos los miembros de la comunidad educativa, en espacios cerrados e inadecuados. http://cgtaeducacion.org/donde-caben-9-caben-30/. Nada más peligroso que ser cómplices de ese ejercicio neolingüístico, al que nuestros políticos nos tienen acostumbrados, y hablar de grupos de convivencia. ¿Qué es un grupo de convivencia? ¿Se puede fragmentar cualquier escuela en grupos de convivencia aislados y cerrados? ¿Es coherente esta propuesta con el currículo escolar? ¿Puede aislarse al alumnado del contacto con sus familiares? Como botón de muestra valga este artículo que hace referencia a un estudio publicado por un grupo de científicos granadinos sobre la cuantificación de los contactos de un grupo de 20 alumnos https://www.elconfidencial.com/espana/2020-06-16/cientificos-advierten-que-20-ninos-en-un-aula-generan-contacto-con-800-personas-en-2-dias_2641172/ ¿Quién es el cráneo privilegiado que ha acuñado este concepto que deja en pañales La Monadología leibniciana?

Por otra parte, las citadas instrucciones atribuyen la responsabilidad de la elaboración de un plan de actuación COVID-19 a las direcciones de los centros. En la mayoría de los casos, estas carecen de los conocimientos imprescindibles en materia de salud pública para tomar este tipo de decisiones técnicas adecuadas. Decía John Stuart Mill que una persona puede causar el mal a los demás no sólo por sus acciones, sino por su falta de acción, y en ambos casos es responsable ante ellos. Parece que el señor Imbroda es admirador de Bartleby, el escribiente, y ha hecho suyo el lema Preferiría no hacerlo. No podemos obviar que la máxima responsable de cualquier desafortunada consecuencia, fruto de un rebrote de la pandemia en un centro educativo, es la Administración. La Administración no puede lavarse las manos en este asunto y no puede responsabilizar unilateralmente a las directivas, amparándose en una interpretación inadecuada de la autonomía de los centros. Se puede delegar poder, pero no responsabilidad.

Llegados aquí no nos queda otra que apoyar y agradecer la decisión de todos aquellos equipos directivos, equipos docentes y asociaciones de directores que, mediante la publicación de comunicados, están transformando en un debate público una situación que ha devenido insostenible. Un ejercicio ejemplar de publicidad de la razón.

La primera riqueza es la salud y, si la educación es un derecho fundamental, una educación de calidad en un entorno seguro en la actual situación de pandemia es, por definición, inalienable. Lejos de entender la educación, como al parecer les ocurre a nuestros gobernantes, como un engranaje imprescindible de la estructura económica y productiva, de lo que se trata en esta circunstancia pandémica es de garantizar derechos. Esperemos que no tengamos que decir de estas decisiones educativas de la nueva normalidad lo que Molière de la medicina de su tiempo: que la mayoría de los hombres mueren de sus remedios, no de sus enfermedades.