¿Por qué lo llaman libertad de elección de centros educativos cuando quieren decir privatización de la enseñanza pública?

92

La supresión de las zonas de escolarización y la mal llamada “libertad de elección de las familias” supone, en la práctica, la promoción de los centros privados concertados y ahondar en los recortes de unidades y financiación que se ha venido produciendo en los últimos años en la educación pública de la comunidad andaluza.

La educación es un Derecho constitucional y la Administración Educativa no puede, ni debe, convertirla en un bien de consumo lanzándola al mercado en busca del mejor postor, fomentando la competición entre las familias, promoviendo la creación de rankings entre los diferentes centros educativos o forzando a competir a diferentes centros por la matriculación del alumnado de una zona para poder subsistir.

Desde hace años se constata un retroceso de la educación pública en todo el estado, en gran parte impulsada por esta medida neoliberal llamada “libertad de elección”. Con los datos del Ministerio de Educación, en el año 2017 la educación pública supone en España el 67% del total, frente al 33% de la privada. En comunidades como Madrid, en la que se ha promovido esta” libertad de elección de centros” durante décadas, nos encontramos con que la Educación Pública supone tan solo el 54% del total y va a ser superada por la Privada en pocos años de no invertirse la tendencia. Andalucía tiene un 74% de alumnado matriculado en la Pública en 2017, pero es un espejismo, ya que el porcentaje de población rural es mucho más elevado que en otras comunidades. Si nos vamos a capitales de provincia como Granada o Cádiz, nos encontramos con datos de crecimiento de la escuela privada concertada similares o incluso peores que en Madrid. Por confirmar la tendencia, en 2018, según los datos del Ministerio de Educación, la educación privada gana a nivel estatal 25.977 alumn@s y la pública pierde 3.248 respecto al 2017 frente a un incremento total de 22.729. Es decir, no solo todo el número de nuevas matriculaciónes que ha crecido en 2018 respecto al 2017 se lo lleva la privada, sino que además se traspasan varios miles desde la pública.

Sabemos, por los estudios que hemos realizado, que la Escuela Pública soporta en Andalucía tasas muy elevadas de matriculación de población inmigrante y con Necesidades Específicas de Atención Educativa frente a los centros privados concertados. Si esta medida se implanta, va a suponer una mayor segregación de este tipo de alumnado, derivando a los Centros Públicos toda la diversidad que los privados concertados no quieren en sus aulas. Por otra parte, se consolidarán las desigualdades existentes en detrimento de los sectores sociales que dispongan de menos recursos económicos, sociales y culturales. Por último, se pervertirá el objetivo igualitario y de unificación que se persigue desde una educación pública, laica y gratuita.

No nos engañemos, la “libertad de elección” va unida a la segregación y creación de guetos, como demuestran estudios sociológicos de la educación en países como Estados Unidos. Esta mal llamada “libertad” es una opción que, frente a los objetivos de equidad, homogeneización social y cultural que debe tener la educación pública, no hace sino reproducir y aumentar las desigualdades de nuestra sociedad.