Los bandazos de la Consejería de Educación

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A inicios de este curso se comenzaron a escuchar rumores en Granada acerca del cierre de Colegios Públicos Rurales (CPR) para reconvertirlos en Colegios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (CEIPSO). Se llegó incluso a escuchar el nombre del primer centro de Andalucía que se transformaría en CEIPSO.
Según afirmaba el propio consejero Javier Imbroda, el motivo principal de esta ocurrencia era que las familias no tuviesen que cambiar a sus hijos de centro en cada etapa, al igual que ocurre en los centros privados concertados y que suele ser un reclamo. Pero tras este argumento vacuo y sin sustento pedagógico, se escondía un motivo menos inocente: cerrar centros en zonas rurales, eliminar líneas, destruir plazas docentes y equipos directivos con el consecuente desgaste de la educación pública y despoblamiento de los pueblos andaluces.

Mientras en las juntas de personal los delegados territoriales presumían a boca llena de la implantación de los CEIPSO para el curso próximo (según ellos, los centros que no habían tenido “la suerte” de ser elegidos suplicaban que por favor los dejasen ser CEIPSO), el consejero Javier Imbroda cambiaba de discurso para capear las críticas de la comunidad educativa sin importarle siquiera contradecir a sus delegados y acusarlos de haber creado inquietud en la población. El primer cabeza de turco fue Antonio Jesús Castillo, que tuvo que dimitir de su cargo de delegado de Educación de Granada.

Como sindicato defensor de la educación pública, solo encontramos dos explicaciones lógicas a estos golpes de timón de la Consejería de Educación.
La primera es que el plan para destruir los CPR sigue adelante, pero ante las protestas de la comunidad educativa, el consejero, en un gran ejercicio de cinismo, desdice a sus delegados y niega la reordenación educativa de los CPR para calmar los ánimos de los docentes y familias que apostamos por los servicios públicos.
La segunda explicación es aún peor: la falta de organización, coordinación, comunicación, criterios pedagógicos y profesionalidad del consejero Javier Imbroda y los delegados territoriales provinciales, que dicen una cosa y la contraria dependiendo de la provincia, del día, de los movimientos internos de su partido y, por supuesto, de la contestación a sus propuestas.

Sin la movilización de la comunidad educativa, especialmente en la provincia de Granada, otro gallo cantaría.

Desde CGT, no obstante, seguiremos vigilantes, pues no se ha hecho más que postergar este tema a otro momento en que se sientan más fuertes y con menos grietas internas. Por eso, la respuesta de la comunidad educativa no debe decaer.