La Junta de Andalucía paga administrativos a precio de directivos.

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CGT denuncia el caos organizativo generado este principio de curso por
la falta de personal administrativo en muchos centros educativos de
nuestra región.

La falta de administrativos no es un caso aislado y marginal en la red de
centros educativos de la Junta de Andalucía. Desde hace unos años se ha
convertido, por desgracia, en una de sus señas de identidad, agravada este
curso por el concurso de traslados a otras Consejerías de nuestra Comunidad
Autónoma. En la mayoría de los casos, se trata de puestos de trabajo que
están reconocidos en la RPT (relación de puestos de trabajo) pero que
sistemáticamente no se cubren.

Esta negligencia incomprensible vulnera un derecho fundamental de los
trabajadores y trabajadoras de este ramo, los puestos están creados y
reconocidos pero siguen engrosando las listas del paro.

Y por otra, es un síntoma de la devaluación de la calidad del sistema
educativo andaluz. Un centro educativo, ya sea de infantil, primaria o de
secundaria, es, como cualquier organismo público, una institución altamente
burocratizada. Es decir, son muchos los trámites que se han de realizar a
diario. Los administrativos no sólo se ocupan de las matrículas a principio
de cada curso, también se ocupan del proceso de preinscripción y admisión
del alumnado. Recogen y asesoran sobre becas, gestionan los traslados de
matrícula y expedientes; están pegados al teléfono asumiendo la parte
administrativa que les toca; se encargan de los registros y franquean,
entregan y recogen toda la correspondencia del centro; coordinan el proceso
de admisión de solicitudes para actividades extraescolares, comedor y aula
matinal…. Y un largo etcétera. Si un centro carece de personal
administrativo, estas funciones, alguien las tiene que hacer, las termina
asumiendo el equipo directivo o los docentes, en detrimento de las
funciones que les son propias.

Hace pocos días, una directora abrumada por la falta de personal
administrativo en su centro nos usó como paño de lágrimas. Cansada ya de
llamar a las puertas sordas de la Administración, nos dijo: pagan
administrativos a precio de directivos. La cuestión no es baladí, en primer
lugar, si un directivo, forzado por esta circunstancia, descuida funciones
que le son propias y asume la realización de las tareas administrativas,
especialmente intensas a principio y finales de cada curso, podría incurrir
en negligencia. Y por otra, se trata de un ejercicio fraudulento de una
profesión que no le corresponde. En cualquier caso, parece que la
Administración no deja otra opción a estos profesionales. ¿Quién lo haría
si no?

Son muchos los centros afectados. Hay muchos centros que no cuentan con una
dotación de administrativo o auxiliar para las gestiones propias de la
Secretaría o que cuentan con menos dotación de la que les corresponde. Sin
ánimo de ser exhaustivo y, a buen seguro de que son muchos más los centros
de los que aquí figuran, en la provincia de Cádiz nos encontramos con los
casos del IES Sierra Luna en los Barrios, el IES Azahar de San Martín del
Tesorillo, los IES Torre Almirante e Isla Verde de Algeciras, la Escuela de
Artes y Oficios y la Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras, los IES
Mediterráneo y Virgen de la Esperanza de La Línea, los IES La Granja y
Francisco Romero Vargas de Jerez, la Escuela Oficial de Idiomas de Cádiz,
el IES San Lucas de Sanlúcar. En Granada, IES Giner de los Ríos, IES Julio
Rodríguez y Escuela de Artes y Oficios de Motril.

La situación es aún más caótica si tenemos en cuenta que la falta de
personal laboral en los centros no se ciñe únicamente al personal de
administración, falta personal del servicio de limpieza, faltan conserjes.
Está de moda el pluriempleo y ya es una rutina más para algunos directivos
abrir y cerrar los centros y no faltan docentes que con una mano sostienen
sus libros y con la otra empuñan la escoba. En definitiva, este problema es
una muestra de la falta de sensibilidad que manifiesta Función Pública ante
la importancia de la estabilidad del Personal de Administración y Servicios
(PAS) para la calidad de la educación.


La Confederación General del Trabajo considera esta caótica situación
como intolerable y anima a toda la Comunidad Educativa a denunciar esta
negligencia de la Administración Andaluza.