La oferta educativa pública en Huelva se ve de nuevo amenazada ante la perspectiva de perder un colegio en su capital.
Recientemente hemos tenido constancia de las intenciones de Delegación de Educación de Huelva respecto al CEIP Tres Carabelas, situado en el barrio de La Orden de la capital. Tristemente, la noticia no resulta del todo inesperada. En los últimos años hemos visto cómo la administración educativa permitía que este colegio público (ejemplo, por cierto, de excelencia en la atención a las necesidades educativas) fuera perdiendo unidades curso a curso, sin adoptar medida alguna para evitarlo. Ahora, finalmente pretende culminar esta perversa estrategia firmando el cierre de dicho colegio. Pero no va a consumar los hechos de cualquier manera: pretende hacer cargar con la responsabilidad del cierre a la comunidad educativa del colegio.
Retrocedamos un poco en el tiempo y situémonos en el barrio de La Orden, zona 5 de escolarización de Huelva capital. A lo largo de estos años, los colegios privados concertados han mantenido intocables sus unidades gracias a la normativa vigente que blinda sus privilegios. Mientras tanto, el descenso de natalidad se ha manifestado en las aulas de los restantes colegios públicos de la zona. El centro más perjudicado ha sido el CEIP Tres Carabelas, que actualmente posee solo cinco unidades. ¿Ha puesto en marcha delegación algún mecanismo para revertir la situación? Rotundamente NO. De hecho, se han empeñado concienzudamente en lo contrario. Por citar algún ejemplo, recordemos que el curso 20/21 se pasó una unidad desde el CEIP Tres Carabelas hacia el centro privado Ciudad de los Niños. También se le denegó al colegio una unidad de educación especial que había solicitado y que estaba más que capacitado para albergar. Y por supuesto, tampoco se ha adoptado una política de bajada de ratios.
De modo que actualmente, con cinco unidades, el colegio Tres Carabelas carece de jefatura de estudios y de secretaría. La directora debe asumir en solitario, y con tan solo cinco horas semanales de dedicación, todas las tareas administrativas. Además, también se pierden las horas de dedicación a la coordinación de los ciclos y de diversos programas. La situación es insostenible para la actual dirección y para la plantilla del centro, exhausta y abatida tras años de reivindicación y lucha por su colegio y por la escuela pública.
Así las cosas, la Delegada de Educación de Huelva, Estela Villalba Valdayo, y su equipo, ven el momento propicio para echar el cierre del colegio. Se escudan en la falacia de que si desde el centro no surge un proyecto de dirección para el próximo curso, el colegio no puede continuar abierto. Y lo que es más sangrante: presionan para conseguir que la solicitud del cierre surja de la propia directiva. Una maniobra descabellada que además permitiría a la Administración eximirse de toda responsabilidad ante la opinión pública. ¿Acaso pretenden hacernos olvidar que pueden presentarse proyectos de dirección externos al centro? ¿A qué esperan para promover esta opción, como hacen cuando les interesa? ¿Nos obligarán a anunciar a los cuatro vientos “Se busca directiva para el Tres Carabelas”?
Si abrimos la perspectiva, nos percatamos de que la jugada va mucho más allá del Tres Carabelas. Existen otros centros de la capital que este curso se han quedado en una única línea. Y otros donde ya encontramos agrupaciones por ciclos. Estos son solo los primeros pasos para llegar al escenario del Tres Carabelas y, finalmente, desembocar en nuevos cierres de colegios públicos.
El panorama, desolador, produce aún mayor indignación este curso, durante el cual tendrá lugar la renovación de los conciertos educativos en Andalucía. ¿Por qué se conceden fondos públicos a empresas educativas privadas mientras se cierran colegios públicos o se suprimen sus unidades? ¿Por qué se blindan esos centros privados mientras se hacen recaer todos los recortes en la pública? ¿Hasta dónde piensa llegar esta administración educativa pública que solo protege a la privada concertada?
Llamamos a la comunidad educativa onubense, y a toda su ciudadanía, a mostrar su rechazo ante los planes de delegación, y a secundar las movilizaciones. Urge actuar antes de que la decisión sea tomada en firme.
