Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), la Asociación Andaluza de Profesionales de la Salud Mental ha sacado un comunicado donde analiza su situación. Manifiestan su frustración por no poder atender a la población como se merece y necesita, así como su preocupación por la deriva de las políticas públicas. Asimismo, denuncian la falta de recursos.
Déficit en los centros educativos
El lunes 7 de octubre se incorporaron 15 orientadores de Bienestar Emocional en seis Delegaciones Territoriales (3 en Almería, 4 en Cádiz, 3 en Córdoba, 2 en Huelva, 2 en Jaén y 3 en Granada) y el 14 lo hicieron siete (3 en Málaga y 4 en Sevilla); cabe recordar que hace dos cursos eran un total de 25 —la reducción del 12 % implantada el año pasado es ahora del 4 %, a pesar de que los casos no hacen más que aumentar; por eso se entiende que Almería, Cádiz y Córdoba hayan ganado una plaza, pero no que Sevilla la haya perdido o que no se hayan ampliado en esta y las otras provincias—.
Para la asignación de estas plazas no se ha tenido en cuenta el procedimiento de acreditación, por lo que es seguro que personas que han accedido a las plazas de Bienestar Emocional no tendrán experiencia en dichos puestos ni la formación exigida, además de no estar acreditadas —en la primavera pasada se llevó a cabo el procedimiento de acreditaciones para puestos específicos, según la Resolución de 15 de abril de 2024, entre los cuales estaban los de Bienestar Emocional (Salud Mental)—. Es incomprensible que la consejería dote esas plazas que precisan de una formación específica con personal que no la tiene. Esa es la importancia que le da nuestra consejería a un asunto tan serio. Mientras, profesionales que han trabajado en esos puestos durante un curso o dos, y que los solicitaron en la colocación de efectivos, no han tenido opción de ocuparlos por no haberse asignado en las adjudicaciones provisionales ni en las definitivas de la colocación de efectivos* ni tampoco haberse ofertado como vacantes en la primera convocatoria de SIPRI. La consejera ha achacado ese retraso a que estaban esperando el dinero del ministerio, cosa que no es verdad puesto que meses atrás ya se había asegurado desde el ministerio que el programa iba a seguir. Tapa su mala gestión echando balones fuera, como es habitual.
Entretanto, la coordinación con la Consejería de Salud es escasa y manifiestamente mejorable.
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*La consejería no dio explicaciones de por qué unos puestos que se podían pedir no se cubrían. A la vez, se produjo otro fenómeno sorprendente: a personas que habían pedido plaza en algún EOE se les adjudicó una en colegios o en institutos como Orientación en Zona de Transformación Social(ZTS). En esos centros no pueden emitir dictámenes ni informes, con lo cual queda muy limitada su función. Por una parte, parecía un paso para una demanda histórica (más personal de orientación y una presencia diaria en colegios), y, por otra, resultaba una oportunidad perdida. Cuestión aparte es qué criterios se han seguido para dotar de ese personal a unos centros pero no a otros. La consejería y las Delegaciones Territoriales no los han hecho públicos por más que se les han solicitado. Esto es extensivo a los puestos de Apoyo ZTS en colegios e institutos. Resulta llamativo que cuando se han ofertado estos puestos en SIPRI aparecen con carácter voluntario, cosa que no ocurría en la colocación de efectivos. El hecho de que las instrucciones que regulan su organización salgan varias semanas después de que se hayan asignado también es alucinante.
En dichas Instrucciones de 30 de agosto 2024 relativas a la organización y funcionamiento del Programa de atención socioeducativa en zonas con necesidades de transformación social, financiado por el Fondo Social Europeo PLUS (FSE+), para el curso 2024/25, se indica: “Esta Consejería, a través de la implantación de este Programa tiene como objetivo trabajar con las personas, grupos, entornos sociales y zonas educativas que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural con el objetivo de eliminar las barreras que limitan su acceso, presencia, participación y aprendizaje, asegurando con ello los ajustes razonables en función de sus necesidades individuales y prestando el apoyo necesario para fomentar su máximo desarrollo educativo y social, de manera que puedan acceder a una educación inclusiva, equitativa y de calidad”. Nos consta que estos profesionales se han incorporado (y sus centros los han acogido con los brazos abiertos, como no podía ser de otra forma) a colegios e institutos que no están en zonas de transformación social, mientras que a otros ubicados en zonas con más carencias no han llegado.
Continúan las instrucciones: “Este planteamiento nos lleva a la necesidad de realizar cambios en la implementación de la educación compensatoria desde un enfoque comunitario de las intervenciones, introduciendo el valor de la participación de las familias, la importancia de la formación del profesorado sobre cuestiones más allá de las académicas que facilite y optimice sus intervenciones en zonas con necesidades de transformación social, así como en zonas rurales y centros que se encuentren en una situación geográfica aislada o de difícil comunicación y deberá así dar respuesta a colectivos vulnerables”. Perfecto, pero hace décadas que ningún centro se ha podido incorporar a la categoría de difícil desempeño (a pesar de serlo), lo cual le comportaría más recursos y personal.
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Independientemente de dónde se encuentre el centro (ZTS o no), los casos relacionados con la salud mental crecen por todas partes. Las autoridades educativas y sanitarias no terminan de ver (o no quieren) que este incremento no se va a pinchar como un globo. La situación presente —y mucho nos tememos que la futura— requiere un abordaje serio, coordinado y decidido para atender algo que está ahí y que no desaparece por más que se mire a otro lado.