Dos años después la justicia da la razón al profesor expedientado en el IES Fernando Aguilar Quignon
La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 obliga a la Delegación de Educación a devolver al profesor expedientado más de dos meses de sueldo por sanción indebida.
A pesar de las trabas de la Junta de Andalucía, ya hay sentencia sobre el expediente abierto al profesor del IES Fernando Aguilar de Cádiz. La justicia también sufre los recortes de la crisis y desde 2011 en estas sentencias no cabe recurso ordinario por lo que es sentencia firme.
Según el fallo no hubo incumplimiento por parte del recurrente en las faltas que se le imputan, solo se ha podido demostrar el uso indebido del programa Windows, por lo que la sanción ha quedado reducida a solo 10 días frente a los dos meses y medio sancionados por la administración. Además, sobre este aspecto se ha pedido aclaración al juzgado y que no parece motivo suficiente para abrir un expediente disciplinario, máxime cuando la propia Junta de Andalucía ha sido condenada a pagar 12 millones de euros a Microsoft y admitió que en 2010 el 45% de los ordenadores de la Junta usaban Microsoft Windows sin licencia, comportamiento mucho más grave que del que se acusa al profesor, puesto que en este caso sí que tenía licencia para su uso.
Queda demostrado en la sentencia que cuando el recurrente presentó el escrito a la Delegada de Educación doña Cristina Saucedo denunciando la contratación, posiblemente irregular, del hermano y el amigo del Director; o cuando se quejaba del trato que estaba recibiendo en su centro en el Claustro del profesorado estaba utilizando los vehículos adecuados para ello. Por consiguiente, la respuesta que debía realizar la Delegación de Cádiz en ningún caso podía ser incoar un procedimiento disciplinario, pues ello es contrario no sólo al derecho a la libertad de expresión, sino también a los cauces establecidos para canalizar las demandas de los distintos usuarios del sistema, como indica la sentencia.
Desde CGT entendemos que esta forma de actuar de la Delegación de Cádiz obedece al intento de acallar las denuncias sin realizar ningún tipo de investigación que pudiera dar a conocer la realidad de lo que en ese Centro estaba sucediendo. Ya pasó con la denuncia que se realizó en 2010 sobre las posibles compras irregulares que se estaban realizando en este mismo Centro, que lejos de ser investigadas se limitaron a advertir al denunciante de que si seguía con esa actitud denunciadora tendría problemas con la Delegación de Cádiz. Advertencia que fue consumada con la complacencia del jefe del Servicio de Inspección.
En la propia sentencia se indica precisamente esto; ante el hecho del recurrente que se limita a informar sobre estos hechos a la Delegación Provincial ésta no realiza ningún tipo de investigación y al cabo de un poco más de 6 meses le incoa expediente disciplinario, resultando una sanción de suspensión de funciones, lo que está totalmente injustificado, la vía natural y razonable para que un funcionario denuncie hechos que considera no ajustados a derecho es precisamente la utilizada por el recurrente.
Ante estos hechos desestimados por la justicia ¿Qué sucederá ahora?:
1- La Delegada Provincial que inició este expediente, doña Cristina Saucedo a la que el Diario de Cádiz pedía realizara una investigación en vez de limitarse a sancionar al denunciante, la Junta de Andalucía la premió con un ascenso y hoy es Directora General de Participación y Equidad en la Junta de Andalucía, cargo por el que cobra dietas incluso por ir a su puesto de trabajo. Está claro que la Junta de Andalucía en vez de buscar la verdad y transparencia de lo que sucede ante una denuncia premia al que pone impedimentos para que se practiquen las medidas adecuadas.
2- Sobre la licitación que se realizó, supuestamente de forma irregular del bar del Instituto, volvió a realizarse una nueva licitación donde el hermano del Director ya no figuraba ni como contratado.
3- En el caso del amigo del Director que trabaja como bibliotecario en el Centro, tenemos que denunciar que mientras en la provincia nos encontramos Centros Educativos en los que han faltado monitores, conserjes, administrativos y personal de personal y servicios en general, asumiendo el equipo directivo de los distintos centros los que realizan estas funciones (CEIP Quintanilla en San Fernando, CEIP Tierno Galvan en Castellar de la Fra., CEIP Arana Beato, CEIP San Juan de Dios, CEIP Antonio Machado en Jerez, IES José Cadalso en San Roque, ). Esto nos parece un despropósito de la administración que deja sin servicios esenciales a unos Centros y premia a otros con dotación excepcional, para la cual tampoco establece ningún tipo de licitación y asigna de forma arbitraria.
4- Ante el uso indebido del Windows 7, que no lo entendemos bien, por lo que se ha pedido aclaración, pues en el centro existen licencias suficientes para la utilización lícita de este software. Nos sorprende que el Jefe de Departamento ante la denuncia presentada por el recurrente del uso ilegal del programa de Microsoft Office Xp del que el departamento no tiene ninguna licencia, se ponga a averiguar el número de licencia de los equipos y no quiera echar cuentas del software que de forma ilícita está utilizando un profesor de su departamento.
5- Con esta sentencia la Junta de Andalucía deberá pagar dos meses y cinco días de sueldo al profesor expedientado, dinero que es de todas las personas de esta comunidad y que la Junta no tiene en cuenta cuando abre expedientes sin realizar las averiguaciones oportunas. Desde CGT exigimos que para futuras actuaciones la Junta debe obligar al servicio de Inspección de la Delegación Provincial de Educación de Cádiz a que realicen el trabajo por el que cobran en vez de amedrentar al profesorado para que no denuncien.