Si alguien quiere hacerse una idea de cómo funciona nuestro sistema educativo, no tiene más que prestar atención a las publicaciones de nuestro Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. No tiene desperdicio. La realidad educativa se esculpe a golpes de cincel normativo. El pasado siete de julio salieron unas instrucciones conjuntas de la Viceconsejería de Educación y Deporte y de la Viceconsejería de Salud y Familias para coordinar las actuaciones en el ámbito de la Salud Pública y la Asistencia Sanitaria que se desarrolle en los centros docentes sostenidos con fondos públicos durante el curso escolar 2022/23.
Tras un prólogo normativo redundante de buenas intenciones para la infancia y su bienestar, se declara en la primera instrucción la necesidad de colaboración entre las Consejerías competentes en materia de Educación y en materia de Salud para coordinar actuaciones en el ámbito de la salud pública y la asistencia sanitaria en centros educativos públicos y en los privados concertados. Diagnóstico: ninguna referencia a las necesidades de planificación y organización de un espacio sano, con una ratio docente/alumnado equilibrada en función del espacio disponible, en un lugar de trabajo/estudio sano, ventilado, climatizado, dotado de los recursos necesarios para garantizar un desarrollo integral e individualizado del alumnado, precepto de fe primero e incuestionable de todos los textos normativos.
Por otra parte, el 22 de junio, se han publicado las recomendaciones de prevención, protección Covid-19 para centros docentes no universitarios. Y el texto normativo destila una certeza epidemiológica que da para varias tesis doctorales sobre el comportamiento previsible de un peligroso trocito de ARN, llamado virus. Las autoridades sanitarias —criterio de autoridad necesario— han prescrito que los transportes públicos son zonas de riesgo. Un aula no. Las aulas de nuestros centros escolares andaluces son espacios milimetrados centímetro a centímetro para garantizar la salud y el bienestar de la infancia. Espacios ventilados y climatizados para soportar las inclemencias y los rigores caprichosos de nuestra meteorología. Menos mal…
En esta situación, aceptada la premisa anterior, nada mejor que recomendar la prudencia: higiene de manos —ante un virus cuya propagación parece más que demostrada que se produce a través de aerosoles, sigamos gastando dinero del erario público en hidrogeles alcohólicos—, usar pañuelos desechables y evitar las aglomeraciones. Más le valdría a la Administración iniciar y becar proyectos de investigación para la creación de dispositivos electrónicos individuales que evitaran las aglomeraciones en un patio de recreo. Con el nivel de desarrollo tecnológico actual, lo mismo es menos costoso que una nueva publicación en BOJA.
Con respecto al uso de mascarillas, al contrario de lo que advierten muchas voces autorizadas dentro del ámbito sanitario, la norma ya ha hablado. Ponte la mascarilla en el bus o en el tren, pero te la puedes quitar cuando llegues a tu centro educativo.
Todo indica que ya se ha asumido una situación de normalización vírica, no exenta de cierto darwinismo social, al menos en el espacio escolar. Pero si es así, ¿qué sentido tienen estas instrucciones? Parafraseando a Walter Benjamin: ¿Qué importan las víctimas si la norma es bella? Suenan los acordes de la estetización de lo político.
Las “Instrucciones para subir una escalera” del maestro Julio Cortázar no decían nada que no supiéramos, pero tenían sentido del humor y ponían de manifiesto el absurdo de tener instrucciones para todo. Las recién publicadas son una muestra palpable de esto último. Una oportunidad perdida para haber abordado temas muy importantes.
Echamos en falta en estos textos muchas cosas. No se habla de medidas para paliar o eliminar las temperaturas extremas, ni de la exposición al amianto (es irrisoria la cantidad de amianto retirada en relación a la que queda por quitar), ni del hacinamiento (¿la bajada de ratio no favorece espacios más saludables?), por citar tres aspectos básicos. Tampoco se apuesta por la creación de una figura real de personal sanitario en los centros. Se habla de una “figura facilitadora y de intermediación”, palabras estupendas que distan mucho de la situación vivida en nuestras escuelas: recordemos que cada enfermera/o referente ha debido atender a un número inabarcable de centros. Por otra parte, no se aclara si la persona designada como coordinadora del centro con salud tiene alguna reducción horaria para poder realizar esas funciones. Nos tememos lo peor. Por supuesto, no hay una sola mención a la salud mental: ¿a qué está esperando la Junta? De la dotación de más personal (estable y público) de limpieza en los centros ni hablamos; mejor tener plantillas infradotadas y sin actualizar desde hace muchísimos años, amortizar las plazas, sobrecargar de trabajo (con las lesiones consecuentes), no sustituir las bajas y degradar el servicio: excusa perfecta para justificar su externalización/privatización.
Una broma de mal gusto es leer que el Plan de Centro “contemplará aquellas (medidas) que deban ser tomadas en el centro, previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para su implantación”. Aunque seamos de la generación boomer, el personal de los centros no es un chicle que se puede estirar y estirar… Al final, se quiebra. De eso también debe cuidar la Consejería de Educación.