Los riesgos psicosociales del personal que trabaja en centros educativos.
Tras denuncia del sindicato CGT, la Inspección Provincial de Trabajo de Granada detecta incumplimientos graves de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el IES Manuel de Falla de Maracena. ¿Cuántos centros educativos andaluces pueden hallarse en la misma situación?
Fue el 17 de diciembre de 2020 cuando el sindicato CGT presentó ante la Inspección Provincial de Trabajo denuncia por el posible incumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el IES Manuel de Falla de Maracena. El contexto, es bien sabido, era el de una vuelta a la educación presencial en una situación de pandemia y en condiciones que considerábamos inadecuadas, ya que hacían recaer sobre el profesorado de los centros gran parte de las nuevas tareas preventivas que había que afrontar. Pero el objeto de nuestra denuncia en el caso del IES Manuel de Falla no era el riesgo de contagio en sí, sino el riesgo psicosocial derivado de trabajar en una situación de pandemia en un centro saturado, en el que —como venimos denunciando desde hace años— el profesorado desarrolla su labor con grupos de alumnado que superan prácticamente en todas sus unidades las ratios presuntamente máximas de 30 personas por unidad escolar en ESO y 35 en Bachillerato.
En concreto, la denuncia de CGT hacía hincapié en que, dada la saturación de alumnado en el centro, la falta de espacios para propiciar desdobles y la insuficiencia de los “refuerzos COVID” para efectuarlos en todas las asignaturas y niveles, el profesorado del IES Manuel de Falla de Maracena podía estar expuesto a un riesgo psicosocial derivado de la sobrecarga de trabajo: un riesgo que debiera estar contemplado, con o sin pandemia, en todos los centros educativos andaluces.
El resultado de la inspección realizada en el centro, que se ha comunicado a nuestro sindicato el 3 de noviembre del presente año, es contundente, y se ha saldado en una propuesta de requerimiento que recoge cuatro apartados que la Delegación Territorial de Educación debe corregir en el plazo de 3 meses, y que suponen, en palabras de la Inspección, cuatro infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales. A saber:
- El centro no dispone de “evaluación inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores”.
- No se dispone de “evaluación de riesgos de índole psicosocial”.
- No existe una planificación de las medidas preventivas y de los protocolos de comprobación y revisión de su cumplimiento.
- No existe certificación individualizada de que el personal ha recibido información y formación sobre las medidas de prevención acorde a los requisitos que exige la ley.
En definitiva, y como en tantas ocasiones, podemos decir que la Administración incumple de manera flagrante la normativa sobre prevención de riesgos laborales y ningunea a las personas que trabajan en sus centros. Por otra parte, como ya denunciamos el curso pasado, dudamos mucho que los cursos telemáticos sobre riesgos laborales que se han venido realizando en algunos centros educativos cumplan la exigencia que establece la normativa de estar adaptados a cada puesto de trabajo, ya que en una sesión de poco más de una hora se supone que se forma a todo el personal (de servicios, de limpieza, docentes, etc.) en las peculiaridades de sus puestos de trabajo.
Lo alegado por la Delegación de Granada para justificar el incumplimiento de la normativa de riesgos laborales en el IES Manuel de Falla cae por su propio peso: falta de personal en las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales y necesidad de contratar a una empresa externa para asumir la tarea de evaluación de riesgos y formación del personal, que se irá encargando del tema cuando se pueda.
Desde CGT denunciamos que no puede argumentarse falta de personal en un tema tan sensible e importante como es la salud e integridad de las personas que trabajan en nuestros centros educativos, y que la contratación de más personal estable en las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales —como ya hemos exigido tiempo atrás— es la única solución a medio plazo: mejor y menos cara que recurrir a contratos multimillonarios con empresas externas para ir parcheando.
Por último, y volviendo a la situación del IES Manuel de Falla de Maracena, queremos poner sobre la mesa la importancia de asumir de una vez que el volumen de alumnado que ha de atender cada docente no puede ser dejado de lado a la hora de identificar, evaluar y prevenir los riesgos psicosociales de dicho personal, siendo evidente que aunque todas las personas asuman iguales condiciones de horario, la carga de trabajo derivada de la ingente burocracia que se exige al profesorado varía mucho en función del volumen de alumnado que se atiende, y que se relaciona directamente con la diferente carga horaria de las materias a impartir y con la mayor o menor saturación de las aulas, siendo el caso del IES Manuel de Falla un ejemplo paradigmático, pero desgraciadamente no un caso aislado.