El reciente acuerdo firmado entre el gobierno de la Junta de Andalucía y los representantes de la educación concertada ha sido presentado por el presidente Juanma Moreno como un logro histórico y un avance hacia un sistema educativo «mejor y más completo». Sin embargo, lejos de ser un triunfo para la comunidad educativa en su conjunto, este pacto consolida un modelo que perpetúa la desigualdad, debilita la escuela pública y prioriza los intereses de entidades privadas con financiación pública.

Financiar la desigualdad en lugar de garantizar equidad.
El acuerdo refuerza económicamente a los centros concertados, que ya reciben fondos públicos pese a ser gestionados por entidades privadas —muchas de ellas con ideario religioso—. Mientras, la escuela pública,  que garantiza una educación laica e inclusiva, sigue sufriendo infraestructuras precarias, ratios elevadas y falta de recursos. 

La Junta insiste en que la concertada es «complementaria», pero en realidad actúa como un sistema paralelo que segrega por nivel socioeconómico. Estudios como los de la OCDE ya alertan de que España es uno de los países donde el origen familiar determina más el éxito académico, y este acuerdo agrava el problema. 

Moreno celebra el diálogo con la patronal de la concertada, pero omite que este sector lleva décadas ejerciendo presión para mantener privilegios , como la selección encubierta de alumnado o el cobro de cuotas ilegales a las familias. El acuerdo no incluye mecanismos efectivos para fiscalizar el uso de los fondos públicos ni para impedir prácticas discriminatorias. 

Además, equiparar salarios del profesorado de la concertada con los de la pública —sin exigirles las mismas condiciones de acceso transparente— es un regalo a las patronales, que siguen contratando bajo convenios privados sin garantizar estabilidad laboral. 

El gobierno andaluz presume de invertir en educación, pero este pacto evidencia su prioridad: destinar dinero a sostener centros que, en muchos casos, responden a intereses ideológicos o mercantilistas. Mientras, la escuela pública —la única que garantiza plazas universales y gratuitas— sigue esperando una financiación acorde a sus necesidades reales. 

Resulta cínico hablar de «calidad y equidad» cuando se mantiene un sistema que permite a los concertados filtrar alumnos, mientras la pública acoge a quienes estos centros rechazan: menores con discapacidad, migrantes recién llegados o familias en riesgo de exclusión. 

¿Libertad de elección o libertad de exclusión?
Se argumenta que la concertada garantiza «libertad de elección», pero esa libertad es ficticia para muchas familias: 
– En zonas rurales, la concertada brilla por su ausencia, y solo la pública asegura educación. 
– En ciudades, muchos concertados cobran cuotas encubiertas o exigen requisitos que marginan a los más pobres. 

La verdadera libertad educativa pasa por una red pública fuerte, bien dotada y laica, no por subvencionar centros que seleccionan alumnos según su capacidad económica o religión. 

Es otro paso hacia la privatización encubierta.
Este acuerdo no es un avance, sino la consolidación de un modelo que vacía de recursos a la enseñanza pública para beneficiar a un sector que ya goza de ventajas injustas. La Junta debería priorizar: 
– Financiación 100% pública para la escuela pública, acabando con los recortes crónicos. 
– Supresión progresiva de conciertos, destinando esos fondos a reducir ratios y mejorar infraestructuras. 
– Control real sobre la concertada, prohibiendo cobros ilegales y exigiendo admisión transparente. 

La educación no es un negocio, ni un privilegio: es un derecho. Y solo una escuela pública robusta y universal puede garantizarlo. Este pacto es, una vez más, la victoria de los «grupos de presión» sobre el interés general. 

Por una Andalucía con educación pública de calidad y sin conciertos educativos.