Por el grave riesgo que entraña para la comunidad educativa el incumplimiento de las medidas básicas de prevención frente a la COVID-19 en el inicio del curso 2020/21.
Se preservará la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el sistema educativo. Este es el primer principio de actuación para el inicio del curso 2020/21 según la instrucción 10/2020, de 15 de junio. Nada más lejos de la realidad.
La incorporación en septiembre del alumnado y del personal a los centros educativos andaluces supone un riesgo elevadísimo de contagio ante la falta de recursos para cumplir las medidas de control de la pandemia y evitar su propagación:
No se exige la distancia de seguridad de 1,5 m que recomiendan las autoridades sanitarias ni se limita el aforo máximo que permita mantener esa distancia de seguridad; algo que, por ejemplo, sí se está cumpliendo a rajatabla en las Delegaciones Territoriales de Educación.
Se parte del concepto grupo estable o burbuja, que no tiene ningún rigor. Así lo demuestran estudios como el de la Universidad de Granada sobre los potenciales contagios en las escuelas, que inevitablemente supondrían la propagación más allá de esta, entre los miembros de las familias de estudiantes y del personal que trabaja en los centros.
Se obliga al personal más vulnerable a incorporarse en septiembre con total “normalidad” a su puesto de trabajo, poniendo en grave riesgo su salud y su vida, argumentando que en los centros de trabajo el riesgo será similar al comunitario.
Se obvia la exposición de riesgo que supone el contacto estrecho con casos sospechosos de infección por el COVID-19 en espacios cerrados a una distancia menor de dos metros durante más de 15 minutos. Tampoco se ha actualizado información de estudios recientes sobre transmisión del virus en aerosoles o el elevado porcentaje de asintomáticos entre los menores que van a convivir en los centros educativos y que tienen la misma capacidad de contagio y transmisión que los enfermos con síntomas.
Se elude la normativa general como la que impide reuniones de más de 10 personas y se llenan las aulas con ratios muy elevadas y en ocasiones ilegales.
No se garantiza el suministro de Equipos de Protección Individual necesarios y ni siquiera mascarillas quirúrgicas para los trabajadores o geles en los centros.
Se dictan unas instrucciones imposibles de llevar a cabo sin la inversión necesaria y se hace responsable a los centros de sacarlas adelante con la excusa del principio de autonomía pedagógica y organizativa de los mismos.
Restan poco más de diez días para la incorporación a los centros educativos, y la mayor inversión que ha realizado hasta el momento la Consejería de Educación es en publicidad de autobombo para “tranquilizar” a las familias y comprar unas tablets. Es mucho más urgente ahora buscar y adecuar nuevos espacios (escuelas de campaña, si hacen falta) para la actividad educativa y posteriormente mejorar infraestructuras y construir nuevos centros. Es fundamental contratar más profesorado y personal de administración y servicios (especialmente de limpieza) para garantizar unas medidas mínimas de prevención y control de la pandemia. La falta de recursos para una escolarización segura le va a salir muy cara a toda Andalucía en vidas, salud, gastos sanitarios, negocios y familias arruinadas.
En CGT no nos cansaremos de exigir una educación presencial y segura.
No hay otra salida: o se invierte en educación o cerramos la persiana de muchos hogares.
Quizá para mañana sea tarde…