El período ordinario de matriculación en Educación Infantil y Primaria se cierra con numerosas unidades en las que se supera la ratio legal establecida por la normativa.
Ya no caben excusas, y menos en el contexto de nueva normalidad pandémica que se nos presenta. La Consejería de Educación y sus servicios de Planificación Educativa incumplen de manera flagrante la normativa que ellos mismos han elaborado para regular el proceso de admisión y matriculación del alumnado para el curso 2020/21, que se recoge en la siguiente normativa:
Decreto 21/2020, de 17 de febrero
Orden de 20 de febrero de 2020
Instrucciones de 29 de febrero de 2020
Instrucciones de 26 de mayo de 2020
CGT ha podido comprobar de primera mano que el período ordinario de matriculación para los niveles de Educación Infantil y Primaria se ha cerrado con numerosos casos de unidades escolares que superan la ratio máxima de alumnado que permite la normativa: 25 alumnos y alumnas por unidad.
Decreto 21/20. Artículo 5. Plazas escolares.
1 … el número máximo de alumnos y alumnas a considerar por unidad escolar será: a) En el segundo ciclo de educación infantil y en educación primaria, veinticinco.
2. La Consejería competente en materia de educación, en caso de ausencia de vacantes en los centros públicos y privados concertados de las áreas de influencias (…) podrá autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por unidad escolar respecto de lo dispuesto en el apartado anterior, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar en el periodo de escolarización extraordinaria, debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres, tutores o guardadores o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o alumna.
La literalidad del texto no deja lugar alguno a dudas: la ratio máxima de alumnado por unidad se podrá incrementar hasta un 10% para resolver problemáticas de alumnado de incorporación tardía (es decir, que no ha participado en el procedimiento ordinario de admisión) o que por las causas mencionadas pudiera haber cambiado de residencia tras la finalización del procedimiento. No hay ninguna otra causa que pueda justificar que el 30 de junio se cierre la planificación de unidades escolares de Infantil y Primaria de cada provincia con más de 25 alumnos y alumnas en una unidad escolar.
Sin embargo, tras haber solicitado información a los equipos directivos de todos los centros escolares andaluces sobre el cierre del procedimiento de matriculación en Educación Infantil y Primaria, CGT ha recibido confirmación de que, como el curso pasado, son numerosas las unidades que se han planificado con más de 25 alumnos y alumnas sin que se den las circunstancias que menciona el decreto.
La mayoría de los casos que nos están llegando proceden de zonas rurales, en ocasiones con tintes dramáticos ante la constatación de que los centros cuentan con alumnado y espacios para cumplir estrictamente la normativa y poder generarse dos unidades escolares en algunos cursos de entre 13 y 14 miembros, ideales además para el cumplimiento de las recomendaciones de distanciamiento como prevención frente al COVID-19 que hace la propia administración.
Pero no, los servicios de Planificación, en una actuación que no podemos considerar sino prevaricadora, se empeñan en aplicar de manera ilegal el incremento del 10% de la ratio de alumnado de manera que se ahorren algunas unidades y docentes. Si hay presión por parte de directivas o AMPAS, recurren al karma de posponer a septiembre el posible “desdoble” de dichas unidades, apelando al maná del profesorado de refuerzo que se ha pregonado a los cuatro vientos que se contratará; eso sí, sin ningún compromiso escrito, ya que habrá que repartirlo con los centros concertados y no se sabe si habrá para todos.
En condiciones normales ya no sería de recibo, ni legal, cerrar el período ordinario de matriculación con una unidad de 1º de Educación Primaria con 27 menores, contándose entre ellos cuatro con dictamen de necesidad de Apoyo Terapéutico. Tampoco parece normal, ni legal, que un centro que contaba el curso pasado con tres líneas de Educación Infantil de 3 años cierre la matriculación ordinaria con la supresión de una de esas líneas, y se comprima a 54 infantes en dos unidades de 27 miembros, cuando manteniendo lo que había se trabajaría con tres unidades de 18. Casos como estos se están dando en todas las provincias, por lo que no parecen obedecer a actuaciones puntuales, sino a un plan bien elaborado desde la sede central del Servicio de Planificación Educativa, que hace flaco honor a su nombre.
¿Cuál es la estrategia del Sr. Imbroda y del equipo que tan bien ha entrenado? Incumplir flagrantemente la ley a base de recortar unidades e incrementar ilegalmente las ratios a 30 de junio, para vendernos en septiembre su plan de refuerzo COVID y proceder a efectuar algunos “desdobles” que maquillen los casos más graves; ¿pero habrá para todos? Igual el criterio de reparto de la limosna COVID-19 es el de atender primero a quien más patalee y proteste, así que ya pueden ir preparando tapones para los oídos en las diferentes Delegaciones de Educación Territoriales, porque gente indignada no va a faltar.
Desde CGT queremos agradecer a todos los equipos directivos que han compartido —y siguen compartiendo con nuestro sindicato— las irregularidades que se están produciendo en el procedimiento de escolarización y matriculación y en la asignación de unidades escolares derivadas del mismo. Comprendemos su indignación y aceptamos el compromiso de poner todos los medios a nuestro alcance, humanos y legales, para denunciar estos hechos por vía administrativa y, llegado el caso, penal.
El Sr. Imbroda tal vez está agotando su último tiempo muerto, pero no estaría mal que preparara una última jugada de estrategia que le permita, al menos, acabar el partido con la cabeza alta. Tiempo le queda de aquí al 1 de septiembre para reconvertir todas las unidades de Infantil y Primaria que superan la ratio máxima en unidades ajustadas a la normativa y mejor adaptadas al tiempo de pandemia que vivimos.