Ya llegan los vientos de pactos. Se anuncia un pacto político, entre PSOE, PP y CS, para remozar la LOMCE (ley orgánica para la mejora de la educación). La Iglesia Católica ya ha manifestado que quiere estar en ese Pacto también.
Pactar significa cerrar una contienda. Alguien se preguntará si existen tantas diferencias entre los contendientes. En este caso podría ser una contienda, muy pequeña, soterrada y poco virulenta. Desde 1984 han transcurrido bastantes años para que después de seis leyes orgánicas educativas se haya concretado la necesidad de establecer un marco estable que regule el sistema educativo. A pesar de que al inicio de la aún no finalizada, transición hacia la democracia, la más rancia tradición conservadora y la auto-proclamada progresía firmaron, entre otros asuntos, la paz en la Educación. El artículo 27 de la constitución de 1978 contiene ese tratado y fue desarrollado en la primera ley orgánica de 1984, la LODE (del derecho a la educación), que sancionaba un modelo en el que aparecía por primera vez en la historia de España la Enseñanza Concertada. Con los parabienes de la Iglesia católica, institución hegemónica en establecimientos escolares.
No obstante esta paz, pareciera que en la Educación de este país se esté produciendo una guerra. Cuando tanto PP como PSOE, a la limón, han mantenido a capa y espada dos aspectos que distorsionan la estabilidad en la Educación de este país. Existe un núcleo básico que suscitaría un amplio conceso en las comunidades educativas. Este núcleo estaría constituido por la estructura del sistema educativo, niveles educativos, acceso y escolarización en los mismos, currículos, evaluación, titulación y homologación de las enseñanzas, así como la organización democrática con una amplia autonomía de los centros.
No basta con remozar la LOMCE, no basta con derogarla, se hace necesaria una nueva ley de educación que contenga todo lo referente a ese núcleo básico, para que haya garantía de estabilidad en la Educación Española. Los elementos disruptivos deben tratarse por separado y ello supone afirmar el carácter laico del sistema educativo conllevando el situar la Religión fuera de los entornos educativos comunes para toda la ciudadanía. Por otro lado la dialéctica entre las redes públicas y concertadas quedaría resuelta con la integración de todos los centros en una única red de titularidad pública, gozando estos de una amplia autonomía en la definición y gestión de sus proyectos educativos, elaborados de manera participativa por las comunidades educativas.
Fdo. Rafael Fenoy Rico