En julio de 2016 se aprobó un Acuerdo de la Junta de Andalucía para la retirada progresiva de amianto en las infraestructuras educativas, que finaliza en diciembre del año próximo. Según la información facilitada por la propia Consejería, se han programado 395 actuaciones, con un importe de unos 29 millones de euros (48% del presupuesto total hasta el 2022). De esas actuaciones se encuentran cerradas 269 (68 % de las programadas).
Por la duración de las actuaciones, la mayoría solamente se pueden realizar en periodo no lectivo estival, quedando solo este verano y el del próximo año antes de que expire el Acuerdo. Para la realización de una actuación son necesarios varios meses para todo el proceso de licitación, contratación y obtención de los permisos pertinentes para su realización. Antes de fin de este año debería estar inventariada la totalidad de infraestructuras educativas con amianto e iniciados los trámites para poder ejecutar en verano del 2022 todas las obras pendientes. Es necesaria una actitud decidida por parte de la Consejería, a la que llevamos cinco años pidiendo un inventario. A este ritmo, no se podrá cumplir lo acordado en un asunto tan delicado como éste. Que a estas alturas no esté ni siquiera previsto el gasto de más del 50% del presupuesto, después de 5 años en vigor de un acuerdo al que le queda un año y medio, deja a las claras la prioridad que le ha dado la Consejería a este tema.
Desde la Federación Andaluza de Enseñanza de CGT, pedimos la implicación de la comunidad educativa de los centros que tienen amianto en la actualidad para movilizarse y exigir que se programe y ejecute la retirada, a más tardar en el verano del 2022, de la totalidad de las infraestructuras educativas afectadas de Andalucía.