Cuando las instituciones, que se suponen deben representar los intereses del conjunto de la sociedad, dejan de cumplir su función, se convierten en un inconveniente para resolver las situaciones que la población siente como problemáticas, insatisfactorias, siendo ineficaces para atender sus necesidades. Es en ese preciso momento cuando pasan estas instituciones a ser una parte del problema.
Dentro de esta categoría de instituciones se encuentran, además de los organismos de las administraciones públicas, los sindicatos y partidos políticos. Esto explica el sentir mayoritario de la sociedad de rechazo y la urgencia de prescindir de estas instituciones que han perdido legitimidad representativa a fuerza de no contar con la ciudadanía, en el caso de la administración, ni con las personas afiliadas a partidos y sindicatos.
Desde hace 40 años, en este país no se ha contado con la población para afrontar soluciones a los problemas comunes. Y este ninguneo a nadie preocupaba, ya que se partía de un plus de confianza del pueblo hacia sus gestores y organizaciones, que entendían defendían los intereses comunes. Pero después de no pocas prácticas corruptas, de una escalada de miles de dirigentes a puestos bien remunerados y de una absoluta falta de sintonía con las necesidades sociales, las gentes han comenzado a experimentar que estas instituciones no las representan y que deben ser ellas mismas las que impongan la razón y el derecho que se cubran sus necesidades básicas mediante unos servicios públicos de calidad. De entre ellas la Salud y la Educación surgen como elementos emblemáticos de sociedades modernas y avanzadas.
Para exigir soluciones a los graves problemas de la sanidad en el Campo de Gibraltar la ciudadanía, convocada por plataformas ciudadanas, ajenas a partidos y sindicatos, tomo las calles tanto en La Línea de la Concepción como en Algeciras. El próximo día 10 en Educación, otra iniciativa ciudadana, Marea Verde, ha convocado un paro en todos los centros educativos de 12 a 13 horas, animando a que se sume toda la comunidad educativa de cada centro. Se exige una dotación de profesorado que garantice las enseñanzas, que se cubran las bajas que se producen, se atiendan las necesidades especiales del alumnado, se climaticen los centros En definitiva se exige públicamente que los centros educativos de la comarca funcionen mejor de lo que han venido haciéndolo, estando obligada la administración de la Junta de Andalucía, recaudadora de impuestos, a aplicar los recursos precisos para ello.
Tanto la Marea Blanca, en Salud, como la Marea Verde, en Educación, han llegado, en este tiempo otoñal a este territorio, con la vocación de empujar de múltiples formas para que los derechos a la salud y educación estén dignamente asegurados para todas y todos.
Fdo Rafael Fenoy Rico