Fondos sociales europeos. Más burocracia a espaldas del profesorado

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La penúltima tarea burocrática que la administración manda hacer al profesorado andaluz se trata de un requerimiento a los centros financiados con fondos sociales europeos. Consiste en la recogida y grabación de la información de alumnado que participa en actividades cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en relación al seguimiento de operaciones en el marco de programación 2014-2020. Es una encuesta dirigida al alumnado con preguntas sobre datos muy personales y sensibles, que hacen referencia a circunstancias sociolaborales (como por ejemplo: si pertenece a alguna minoría étnica, si vive en un piso tutelado o una infravivienda, si está en riesgo de exclusión social), y que supone una intromisión en su intimidad.

La encuesta no contiene ningún dato académico, únicamente hay un apartado sobre el nivel de estudios previos. Es personalizada, hay que imprimirla, dársela al alumnado que la tiene que cumplimentar y firmar (instrucción Quinta), y luego su tutor/a tiene que grabarlas una a una en Séneca. El centro tiene que custodiar las encuestas en papel, ya que puede haber alguna auditoría. El proceso de ida y vuelta se complica más si cabe en el caso del alumnado que está en las empresas (FCT: formación en centros de trabajo).

La Cuarta de estas instrucciones, 1/2017 DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, DE 20 DE ABRIL DE 2017, Colaboración de centros docentes y profesorado, establece que “Se considerarán colaboradores a todos los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que tengan alumnado participante. Asimismo “Será considerado profesorado colaborador a los tutores y tutoras de los grupos con alumnado participante o, en su caso, al personal docente asignado a una actividad específica, por su relación más directa con el alumnado participante, o con sus guardadores legales, en su caso”. También indica que “Las personas titulares de la dirección de los centros docentes colaboradores […] deberán coordinar al profesorado colaborador para la tarea de recogida y grabación de la información de cada curso escolar, de forma que ésta sea posible en los diferentes plazos establecidos”.Resulta evidente que es tarea imposible, a menos que se dediquen exclusivamente a eso (aun así no es seguro que se pueda).

En definitiva, mientras se ha comunicado y organizado el procedimiento en cada centro, han quedado muy pocos días pararecoger y grabar la información.Si leemos la instrucción Decimoprimera (Plazos para la recogida y grabación de datos de cuestionarios de ejecución de los cursos escolares 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017), nos damos cuenta de que esto es excepcional por ser la primera vez pero que, para próximos cursos y hasta el 2020, la carga será mayor puesto que se realizarán dos cuestionarios. De ellos, el “cuestionario de ejecución” se rellenará a fecha de matriculación y será grabado antes del último día lectivo de diciembre. Por otra parte, el “cuestionario de resultado inmediato” estará a disposición del centro todo el curso y se grabará antes de finales de noviembre del curso siguiente. Las prisas, por tanto, proceden de que desde hace varios cursos tendrían que haberse ido recopilando esos datos y no se ha hecho, de modo que la Unión Europea ha dado un tirón de orejas al

Gobierno para que lo haga de forma inminente. ¿Quiénes pagan el pato? Los de siempre. El profesorado.

Por si había alguna duda del papel de la Inspección en todo esto, para sacarnos de ellas están los testimonios de nuestros compañeros afectados y la instrucción Décima. Inspección educativa. “En el marco de la Orden de la Consejería de Educación, de 26 de julio de 2016, por la que se establece el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía para el período 2016- 2019, o en las que se establezcan para ejercicios posteriores, la Inspección Educativa velará por el cumplimiento y la aplicación de estas Instrucciones en los centros docentes públicos de Andalucía a los que sean de aplicación”. Pues eso: más presión.

¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra tarea docente? ¿Por qué no es el propio alumnado el que cumplimenta los datos a través de Séneca? ¿Dónde está la tan traída Ley de Protección de Datos?

Para hacernos una idea del alcance de los Fondos Sociales Europeos, detallamos el alumnado al que afectan:

• El perteneciente a un grupo PROA o PALI impartido por un docente del centro. Se excluyen los impartidos por mentores, en cualquier caso, y por el profesorado de religión en centros de Primaria.

• Matriculado en Formación Profesional Inicial en los siguientes ciclos: CF de FP LOE que se imparten por 1a vez en el centro por transición desde el correspondiente CF LOGSE; CF de FP

que se imparten por 1a vez en el centro por autorización de nuevas enseñanzas. CF de FP que se imparten en Oferta Parcial; CF de FP que se imparten en la Modalidad Dual.

• Matriculado en Bachillerato Bilingüe.

• Alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo censado, con PT asignado, informe psicopedagógico grabado en Séneca y cursando sus estudios en grupos ordinarios.

• Usuario del servicio gratuito de transporte escolar cuyo centro de servicio coincida con el centro

en el que esté matriculado en la modalidad presencial de enseñanzas postobligatorias de Bachillerato y de Formación Profesional (CF de GM y GS). Debe residir en zonas rurales, núcleos dispersos de población o en áreas aisladas (en las zonas de la categoría 3 definidas según la metodología DEGURBA elaborada para toda Europa por la Unión Europea) donde no exista centro docente que imparta dichas enseñanzas.

• El que cursa Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 3º y 4º ESO.

• Además las materias cursadas de 4º ESO entre: Biología y Geología, Economía, Física y Química, Latín, Ciencias Aplicadas a la actividad profesional, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y Tecnología.