CENTROS EDUCATIVOS INTOLERANTES PRETENDEN SER CONCERTADOS CON DINERO PUBLICO.

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Los centros educativos religiosos enarbolan, con el mástil de los dineros públicos, la bandera de la tolerancia para con ellos y sus credos. Sin embargo utilizan ese mismo mástil para aporrear “intolerantemente” a las gentes que no comulga con los suyos.

CGT considera que no se debe renovar el concierto educativo al colegio La Palma de Cádiz tras su compra por la entidad Educatio Servanda, ya que es una «fundación», apoyada por el PP de la Comunidad de Madrid, caracterizado por la corrupción, que aboga por la segregación de sexos en la enseñanza e impone ideario integrista católico utilizando fondos públicos. CGT sigue instando a que se reequilibre la red de centros educativos de la Ciudad de Cádiz, reduciendo la oferta en enseñanza concertada, toda vez que sólo ha sido la red pública de centros escolares la única afectada por el cierre de centros y unidades educativas.

Según se ha difundido en los medios de comunicación la Compañía de las Hijas de la Caridad ha transmitido a la Fundación Educatio Servanda en Cádiz la titularidad y, con ello, la gestión educativa del colegio María Milagrosa, más conocido como La Palma, que cambiará su nombre, como ya hizo con la adquisición del Colegio Santo Ángel de Puerto Real, pasando a llamarse Juan Pablo II y María Milagrosa.

Educatio Servanda en una curiosa “fundación educativa” presidida por un constructor, Juan Carlos Corvera, vinculado al grupo ultracatólico scouts de Europa que ha crecido de manera meteórica desde se creación. Se inscribió en el Registro de Fundaciones el 12 de Diciembre de 2006 y apenas un año y medio desde su inscripción, y sin acreditar experiencia educativa alguna la Comunidad de Madrid le concedió 26.000 m2 por 75 años para la construcción y gestión de un centro educativo privado concertado. Se trata de un verdadero “milagro”: la Comunidad de Madrid le cede los terrenos gratuitamente, el profesorado se paga con dinero público y el edificio lo construye su propia empresa constructora (CyC Construcciones). En la actualidad posee numerosos colegios repartidos por casi toda España.

Es una fundación vinculada a la versión más integrista del catolicismo y que ha crecido de la mano de las políticas privatizadoras de Esperanza Aguirre en Madrid y de su Consejera de Educación Lucía Fígar. Manifiesta abiertamente su preferencia por la segregación del alumnado por sexo (aunque lo aplica según conveniencia, para no perder el dinero público de los conciertos educativos). Una muestra de su ideología se recoge en su página web: el ”firme rechazo a la regulación civil actual de las uniones de carácter conyugal entre personas del mismo sexo y nuestro deseo de que en el menor tiempo posible una nueva legislación recupere la verdadera naturaleza del concepto original definido con la palabra matrimonio“.

En el caso del Colegio de Puerto Real a pesar de tener la obligación de prestar un servicio público a todos los ciudadanos, sin distinción, por ser sufragado por fondos públicos, solo se admite a los no católicos si estos firman lo siguiente: “comprendiendo y valorando la enorme contribución del humanismo cristiano a nuestra civilización, quieran transmitir a sus hijos estos valores, tengan un pleno respeto de su ideario y demuestren apreciar y compartir una propuesta educativa cualificada”. Y sigue: “así desde el colegio se promoverá la recepción de los sacramentos y la asistencia a la Santa Misa por parte de los alumnos y las familias”. Por si no queda suficientemente claro se recalca antes del espacio para la firma: “Quedamos enterados del contenido del presente documento y nos comprometemos a respetar el ideario y carácter propio del Colegio …” Chantaje anticonstitucional a todas luces rechazable, porque además esta discriminación con respecto a las creencias religiosas o no de todas las personas, impone una de ellas y con dineros públicos.

El gobierno, del PSOE en la Junta de Andalucía, ha abierto recientemente el plazo para la renovación y creación de conciertos con centros privados. No sólo CGT sino la propia Inspección de Educación han venido confirmando lo innecesario de concertar en la ciudad de Cádiz, dada la reducción de la población escolar. En esa ciudad el curso pasado, por ejemplo, se ofertaron en de las necesarias 1075 plazas de 3 años para solo 888 peticiones.

De renovarse todos los conciertos, o aún peor si se conceden nuevos, como ha pasado en los últimos años se está repercutiendo todo el recorte a la escuela pública que es la que pierde líneas e incluso centros como la Escuela Infantil de Nuestra Señora del Carmen de San Fernando que está siendo cerrada a pasar de su buen funcionamiento y gran demanda.

Esta es una buena oportunidad ya que el concierto actual del Colegio La Palma ya no sirve porque debe firmarse uno nuevo con la nueva empresa. El PSOE en la Junta de Andalucía no debe pagar con dineros públicos este negocio, a una entidad privada con ánimo de lucro y que adoctrina en una versión integrista de la religión, mientras queda amenazada la continuidad de centros públicos enteros, como el Gadir por ejemplo. Pronto lo sabremos.