Un curso más, la Administración desatiende las necesidades de la comunidad educativa onubense

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Más de dos semanas después del regreso a las aulas, desde el sindicato CGT constatamos la incapacidad de la Administración para dar respuesta a múltiples deficiencias, especialmente en lo tocante a personal laboral y a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Plazas de limpiadoras amortizadas tras la jubilación, bajas por enfermedad que pasan meses sin cubrir, ordenanzas que no dan abasto, docentes realizando labores de control de entradas y salidas a los centros, colegios que esperan durante meses la sustitución de sus monitoras, plantillas insuficientes y anticuadas, especialistas de integración social que nunca llegan a las aulas específicas… Este es el panorama desolador e insostenible que encontramos cada inicio de curso en los centros educativos de toda nuestra provincia. Las repetidas solicitudes de las directivas de colegios e institutos a menudo obtienen largas y excusas. Y mientras tanto, en las aulas, los y las profesionales hacen malabares para garantizar una adecuada atención al alumnado.

Pongamos algunos ejemplos. El IES San Blas (Aracena), un centro que alberga 1000 alumnos y 115 docentes repartidos a lo largo de cinco edificios de aulas más un pabellón deportivo, ha “sobrevivido” varios días con un único ordenanza. La directiva había advertido a Delegación de que se llegaría a esa situación, debido a las bajas y jubilaciones, y así fue. Se ha dado una solución parcial y temporal mediante la movilidad de una limpiadora (lo que deja en precario el servicio de limpieza), y con la incorporación de una sustituta. Aún así, la raquítica plantilla de ordenanzas hace inviable, entre otras cosas, un adecuado cumplimiento del Plan de Evacuación. La pregunta evidente es, ¿por qué no ampliar la relación de puestos de trabajo (RPT) de este centro, o de tantos otros en iguales circunstancias? La respuesta es sencilla: la Administración va justamente en sentido contrario, detrae plazas, las amortiza, las desdota, no cubre las ausencias y vacantes o lo hace con retrasos de meses y meses. Y ante todo aprovecha para privatizar el servicio.

En el IES Fuente Juncal (Aljaraque) llevan todo el curso sin limpieza por las mañanas. Esta inconcebible situación se entiende mejor cuando comprobamos que en su RPT no se contemplan limpiadoras: el servicio está íntegramente en manos de una empresa privada.

En el IES José Antonio Fernández Muriel (Lepe), un centro educativo con varios edificios y módulos, 1200 alumnos, 43 unidades y más de 100 docentes llevan desde inicio de curso a la espera de que se cubran las vacantes por jubilación de dos de sus tres ordenanzas. Incluso un miembro de la directiva ha sufrido un accidente laboral mientras realizaba labores de control de acceso, correspondientes al personal ausente. ¿En qué situación quedaría el centro si la única profesional restante cae de baja por sobrecarga laboral?

El sistema de provisión de vacantes de personal laboral (dependiente de la Consejería de Función Pública) es totalmente ineficaz, estando la famosa “bolsa única” inactiva desde hace mucho tiempo a falta de las listas definitivas. En cuanto a las sustituciones (dependientes de las Delegaciones Territoriales de Desarrollo Educativo), se demoran semanas porque en nuestra provincia se recurre únicamente al Servicio Andaluz de Empleo. Además, dado el abuso de temporalidad en el que incurre el sector público español (motivo de múltiples sanciones por parte de la Unión Europea), la administración ha dado instrucciones firmes de no cubrir vacantes ni sustituciones, salvo que sean “urgentes”.

Este problema afecta también a la labor dentro de las aulas. En la Escuela Infantil La Huerta (Almonte), un centro con nueve unidades de tres, cuatro y cinco años, llevan todo el curso sin su monitora de infantil. Todo ello en pleno periodo de adaptación de este alumnado y contando con numerosos casos de necesidades educativas.

El alumnado del IES San Blas también está echando muy en falta un especialista en atención a las necesidades educativas, en concreto un técnico de integración social (PTIS). Aunque les corresponde este profesional, debido a la implantación de un aula específica, no se explican por qué aún no ha llegado al centro. Así las cosas, el otro técnico con el que cuenta el centro se ve obligado a desatender al resto del alumnado para centrarse en la citada aula específica. La solución prometida por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo es brillante: arrebatará un PTIS al colegio de la localidad para ponerlo en el IES. Y además ya no será laboral sino subcontratado.

En definitiva, aunque estas situaciones se suceden curso tras curso, ninguna de las dos consejerías implicadas toman las medidas oportunas para garantizar de una vez por todas el adecuado transcurso de la actividad en los centros educativos. En lo único que sí colaboran eficazmente es en privatizar a pasos agigantados los servicios educativos.