El borrador de la nueva orden que establece las normas para acogerse al régimen de conciertos educativos es un torpedo bajo la línea de flotación de la escuela pública andaluza, tal vez el definitivo para dejarla reducida a un complemento de la educación privada concertada allí donde esta no encuentre expectativas de negocio.
Como ha denunciado CGT en los últimos años, la educación privada, concertada o no, es mayoritaria ya en muchas de las capitales y grandes ciudades andaluzas en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. El caso de la ciudad de Granada, en la que más de un 65% del alumnado de estos niveles está matriculado en centros privados concertados, es el más elocuente, pero le siguen de cerca Cádiz y Málaga, y la tendencia privatizadora ha ido en aumento en el resto de las grandes ciudades andaluzas.
Hace tiempo que CGT adelantó la hoja de ruta del actual gobierno andaluz, que no ha ocultado nunca su apuesta por privatizar lo poco que el anterior gobierno había mantenido con preponderancia de la educación pública: el Bachillerato y la Formación Profesional. Pues bien, el borrador de la nueva orden para regular los conciertos educativos ha fijado el objetivo para que estos estudios sean también pasto de la privatización por vía de urgencia, blindando por un período de 4 años un procedimiento que facilita, agiliza y abarata la concesión de conciertos educativos para los estudios de Bachillerato y FP. Mención aparte merece la Educación Especial, con un aumento sustancial en la solicitud de plazas en los últimos cursos, que genera perspectivas de lucro.
El artículo 2 de este borrador deja bien claro que se quiere abreviar el procedimiento, pues si hasta ahora la normativa permitía solicitar conciertos para enseñanzas que ya se impartían en los centros privados, ahora se permite la solicitud incluso para estudios que no se impartan en dichos centros; es decir, se puede solicitar en el mismo año la autorización para impartir enseñanzas nuevas y su concertación. ¿Tiene algún temor el gobierno andaluz a que la inminente LOMLOE que tramita el Parlamento imponga criterios más estrictos a la concertación? Pues se adelanta blindando por 4 años los que pueda tramitar a partir de este curso.
Otra novedad de esta orden respecto a la que está en vigor es la supresión del artículo Obligaciones de las personas físicas o jurídicas titulares de los centros, que constaba de 8 apartados. Tal vez la supresión más llamativa sea la del apartado que especificaba que no podrá autorizarse el funcionamiento de unidades no concertadas en aquellas etapas o ciclos objeto del concierto. ¿Quiere esto decir que una empresa podrá contar con una o varias unidades concertadas de determinados estudios y mantener en el mismo centro otras unidades totalmente privadas de los mismos estudios? Es decir, ¿se pretende garantizar el negocio asegurando unos ingresos fijos, pero sin cerrar la puerta a que se puedan seguir ofertando los mismos estudios de manera totalmente privada si hay expectativa de ganancias?
Y no debe extrañar que sean precisamente los estudios de Bachillerato y Formación Profesional los que ven allanado el camino para la concertación, con la dudosa estrategia de favorecer los estudios con “alta demanda en el mercado laboral” o “alto índice de empleabilidad”. ¿Cómo se miden dichos parámetros, señor Imbroda? ¿A discreción de las Comisiones Provinciales de Conciertos Educativos? ¿Permanecen estables en el tiempo las tasas de empleabilidad?
Ya sabemos el camino que seguirán las empresas y corporaciones con capacidad de inversión que quieran obtener beneficios seguros a costa del dinero público. Seleccionar un nicho de empleo y solicitar a un tiempo la autorización para impartir determinados estudios de FP y su concertación, que en un año tendrán “clientes” asegurados y pagados por la Administración, sin cerrarse las puertas a ampliar el negocio con estudiantes que no hayan obtenido plaza concertada y puedan pagar a sus expensas el coste de los mismos estudios.
Mientras contemplamos con estupor que en medio de una situación de pandemia, que recomienda el distanciamiento del alumnado en las aulas y la disminución de ratios, muchas aulas de Bachillerato y FP en centros públicos están masificadas y superan incluso la ratio máxima permitida, este borrador viene a aclararnos que la “solución” que plantea el gobierno andaluz es “vender” también estas enseñanzas a la iniciativa privada. Nada de construir infraestructuras públicas y contratar profesorado. Trasvasemos al alumnado, mientras quede, y que la Educación se convierta, como ya se ha convertido la Sanidad, en un nicho de mercado en el que primarán los intereses especulativos de las empresas sobre el interés común de la sociedad. Los efectos de esta política privatizadora en la Sanidad los estamos sufriendo en nuestras carnes y se traducen en muertes. Sus efectos letales en la Educación tal vez no sean tan inmediatos, ni cuesten vidas humanas, pero más temprano que tarde nos lamentaremos de que la formación de nuestra juventud esté en manos y al servicio de intereses privados y del capital.
Desde CGT queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad para que tome conciencia del daño que va a causar la privatización, por vía de conciertos, de la Educación. Un daño que afectará a todo el profesorado público en activo, que verá deteriorarse aún más sus centros y su trabajo diario. Un daño que podrá ser mortal para toda una generación de jóvenes que optaron por la enseñanza como vocación y forma de trabajo, que verán reducidas al mínimo sus expectativas de acceder a un empleo público de calidad. Un daño, en fin, que sufrirán las familias que se vean condenadas a matricular a sus hijas e hijos en centros en los que prima más el interés por el negocio y los postulados ideológicos de sus patronos que el derecho a una educación libre, igualitaria y al servicio del bien común.