Los trabajadores y trabajadoras públicas seguiremos perdiendo poder adquisitivo, ahora de forma acelerada

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A TODOS LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL SECTOR PÚBLICO, AL CONJUNTO DE LA CLASE TRABAJADORA Y A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL,

Ante el acuerdo anunciado en los últimos días de revisión de las retribuciones públicas a incorporar en la Ley de Presupuestos Generales (LPGE) 2023, aprobado en la Mesa General de Negociación de la Función Pública en fecha 3 de octubre de los presentes, desde nuestras Federaciones manifestamos lo siguiente:

El pacto de rentas que el gobierno más progresista de la historia y su acólita burocracia sindical ofrece al sector público es un acuerdo sobre subidas salariales que no deja lugar a dudas: Los empleados y empleadas públicas seguirán perdiendo poder adquisitivo, pero ahora de manera acelerada.

Dicho acuerdo, cuyo texto concreto no ha sido dado a conocer públicamente por ninguna de las partes implicadas, no solo es claramente insuficiente en relación al incremento salarial que establece para el período 2022-2024, sino que es oscuro y opaco en cuanto a los detalles que supuestamente contiene, y en cuanto al propio proceso de su negociación y las contrapartidas implicadas en la misma. Se ha llegado a dicho acuerdo por detrás, en reuniones y mesas paralelas con los sindicatos mayoritarios (en concreto UGT, CC. OO. y CSIF), y fuera de los canales institucionales legalmente establecidos para la negociación colectiva en el sector, tal y como ha denunciado públicamente uno de los sindicatos presentes en la MGN de la Función Pública, en concreto, la Confederación Intersindical Galega (CIG). Además, se trata de un acuerdo en el que se dejan un sinfín de materias sin resolver, para la negociación posterior en nuevas mesas y encuentros en las que se venderá la retórica del pacto frente a los deficientes números del mismo.

Porque los números son, a todas luces, demoledores. Cuando las previsiones de subida del IPC para 2022 se acercan al 10%, el Ministerio de Hacienda ofrece una presunta subida acumulada del 9,5% en tres años (que además tampoco es tal). Veamos:

  • Para 2022: Un incremento a consolidar del 1,5%, sobre el 2% previamente incorporado a los Presupuestos Generales del Estado 2022 (y, por tanto, ya aplicado con anterioridad a éste nuevo acuerdo).
  • Para 2023: Subida fija del 2,5% más dos subidas variables de 0,5% cada una. La primera condicionada a que el IPC de 2022 y 2023 supere el 6%. La segunda condicionada a que el PIB nominal en 2023 llegue al 5,9% (harto improbable a tenor de la última previsión del Banco de España: 1,4%).
  • Para 2024: Aumento fijo del 2% más un 0,5% condicionado a que el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%.

En definitiva, en apenas tres años, y siendo muy optimistas, se puede acumular una pérdida de poder adquisitivo en torno a un 10%. Suponiendo siempre que se produzca una reducción progresiva del IPC, algo difícil de prever a tenor de los datos subyacentes. Poco más habría que añadir a un dato tan demoledor si no fuera porque además es un nuevo capítulo de un proceso que empezó ya hace una década. Proceso asumido, aunque parezca una broma de mal gusto, por una burocracia sindical que hace unos días aceptaba este acuerdo argumentando que “amortiguará el impacto de la inflación”. Así, pues, un acuerdo-colchoneta es lo que han suscrito. Más bien parece que les traicionó el subconsciente y que en realidad quisieron decir que este acuerdo “amortiguará la contestación de los y las trabajadoras”. Situación especialmente absurda después de una convocatoria de manifestación del bipartito bisindical (CC. OO. y UGT) en Madrid para el próximo 3 de noviembre, bajo el lema “Salario o Conflicto”.

Si no nos queremos enredar con previsiones económicas inciertas, solo tenemos que analizar mínimamente lo ocurrido en los trece últimos años –incluido el actual- y comprobar la tremenda pérdida acumulada de poder adquisitivo entre los empleados y empleadas públicas. Desde aquella histórica bajada salarial del 5% de 2010, durante el gobierno de Zapatero, hasta finales del presente año 2022, la pérdida de poder adquisitivo acumulado rondará el 16,3%.

Como ha ocurrido en algunas otras ocasiones, se intenta ahora suavizar esta clara pérdida de poder adquisitivo con alguna promesa poco precisa relacionada con la recuperación de las 35 horas semanales (algo que se debería haber aplicado de forma general una vez desaparecidas las restricciones fiscales que lo impedían), la jubilación parcial anticipada, el incremento de las tasas de reposición, la implementación de medidas de igualdad o el teletrabajo, para el caso de la Administración General del Estado (AGE). Aspectos que quedan abiertos y diluidos en el acuerdo, para que los sindicatos de la paz social puedan negociar y dosificar a la opinión pública. Su único propósito: contener a una gran parte de la clase trabajadora a la que, por otra parte, ya tienen desmovilizada muy a pesar de lo que nos cuenten los medios.

El contexto en el que debemos situar esta pérdida relativa de salarios directos entre las empleadas y empleados públicos no es sino el del retroceso en las condiciones laborales y salariales de toda la clase trabajadora, y en todas sus formas: Salario indirecto (prestaciones, servicios públicos e infraestructuras), salario diferido (jubilaciones, bajas, prestaciones por desempleo, etc.), o salario directo incorporado periódicamente en nómina.

Esta desvalorización de las rentas del trabajo, así como su precarización laboral, forma parte de un largo proceso de liberalización económica, contención del gasto público, privatización de empresas y servicios y deslocalización industrial que nos llevan, entre otras consecuencias, a que las diferencias entre las rentas del capital y del trabajo en el Estado español sean cada vez mayores, especialmente en épocas de crisis sistémicas, y también con gobiernos que se autodenominan los más progresistas de la historia.

Desde la Confederación General del Trabajo y especialmente desde las Federaciones Sectoriales que suscribimos el presente comunicado, ya nos hemos posicionado frente a estas paupérrimas subidas salariales, de igual manera que hemos exigido la implantación definitiva de la jornada de 35 horas semanales como un derecho aún no recuperado en muchas administraciones y entidades del sector público.

Como quiera que sean de progresistas nuestros actuales y futuros gobiernos, desde FETAP y la FE nos oponemos a los presentes acuerdos entre el gobierno y sus acólitos agentes para la contención social y seguiremos defendiendo de manera urgente para los asuntos referidos en el mismo:

  • Subidas salariales directas que cubran al menos los incrementos reales del IPC desde 2022 y sus clausulas de revisión.
  • La implantación con carácter general de la jornada laboral de 35 horas en el conjunto de las administraciones y entidades públicas para acabar definitivamente con las desigualdades entre sus diferentes sectores.
  • El “destope” de las tasas de reposición y el incremento de las plantillas, especialmente en sectores socialmente sensibles en relación a la gestión de prestaciones sociales, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
  • La apertura de la negociación del Teletrabajo en todas las Administraciones Públicas.
  • Priorizar la aprobación de planes de igualdad con objetivos precisos a medio plazo.
  • La defensa de las empresas y servicios públicos frente a todo tipo de privatización y/o externalización.
  • El fin de la precariedad laboral mediante la estabilización del personal interino y temporal hasta situar su tasa por debajo del 8%.

Por último, desde nuestras Federaciones Sectoriales de Administración Pública y de Enseñanza, hacemos un llamamiento a participar masivamente en la manifestación convocada a nivel confederal por la CGT en Madrid el próximo día 15 de octubre bajo el lema POR LA SUBIDA DE LAS PENSIONES Y SALARIOS CON EL IPC REAL.

La manifestación saldrá de la Plaza de Neptuno a las 12h, por lo el punto de encuentro del bloque de CGT será en la esquina del Museo de Prado con plaza de Neptuno, a partir de las 11:30h.