LA POSVERDAD EN EDUCACIÓN

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Resumen:

La educación como referente imprescindible entre los derechos humanos no es ajena a la política de la posverdad que nos gobierna en estos tiempos. Detectadas las principales afirmaciones de posverdad en la educación (las tradicionales mentiras y falsas verdades que nos cuentan, ahora masivamente transmitidas por las redes sociales), planteamos alternativas al repensar el para qué, el qué, el cómo, el cuándo… de la educación, necesariamente en una red de escuela pública y socializada.

Introducción.

En estos tiempos, la política de la posverdad es la que verdaderamente está determinando la opinión pública, el sentir general de la sociedad, la que está definiendo qué es la realidad. Y esto, aunque viene sucediendo desde siempre (las mentiras sobre las armas químicas para iniciar la guerra de Irak en 2003, son un buen ejemplo de ello), es ahora cuando está adquiriendo unas dimensiones realmente universales (las mentiras y argumentos falsos, xenófobos y racistas manejados en el referéndum del Brexit; la manipulación de millones de papeletas en el triunfo de Hilary Clinton frente a Donald Trump; el rechazo al migrante en la campaña electoral de Marine Le Pen o las recientísimas mentiras sobre cuentas en Suiza de Emmanuel Macron; el autogolpe de estado en Turquía…) entre otros motivos porque la posverdad se nutre del potencial que tienen las redes sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación e información, de tal forma que una opinión absolutamente personal e individual puede convertirse en viral a través de las redes y ser compartida por millones de personas, con lo que una afirmación, que puede ser una mentira, se convierte en la verdad más asumida y aceptada del mundo.

En este sentido, la posverdad ha sido elegida por el Diccionario de Oxford como la palabra del año en 2016 y si este hecho tiene interés es sin duda porque la posverdad se ha instalado en la forma de entender la vida pública, en la política en términos globales y detectamos que también en la educación.

¿Qué es la política de la posverdad? El sociólogo Ralph Keyes en 2004 y especialmente Eric Alterman, a raíz del trauma psicológico, del impacto social, del miedo al terrorismo y la inseguridad, que supuso el atentado de las Torres Gemelas de 200l, detectan que este estilo de hacer política se está desarrollando a pasos agigantados, de manera que, los gobiernos, manipulando las emociones de la población, entienden que tienen las manos más libres a la hora de plantear sus políticas de recortes de libertades, de degradación de las condiciones laborales, desmantelamiento de los servicios públicos, salidas antisociales a la crisis económico financiera que han provocado, el desentendimiento y poder mirar para otro lado ante el drama de las personas refugiadas y migrantes, la impunidad a la hora de generar y gestionar los conflictos bélicos en marcha, la corrupción galopante…

Según el Diccionario mencionado, la posverdad es hacer que la mentira sea la verdad mientras que los hechos reales y verdaderos son simplemente ignorados o se interpretan como falsos o difíciles de comprobar. Y esto es así porque lo que se dice, reiterativamente como verdad (aunque sea mentira), atiende directamente a nuestra emoción, a nuestros sentimientos, a nuestras creencias ancestrales, culturales, atávicas, a nuestras supersticiones y con ello nos impacta directamente y en consecuencia modula y crea sesgadamente el pensamiento individualizado de la población y la opinión pública.

Como profetizaba George Orwell en su novela 1984, la objetividad, deja de tener sentido, ya no existe o no interesa. Lo verdaderamente importante es lo subjetivo, lo más instintivo, lo visceral, lo poco racional y lógico, tu opinión subjetiva aunque no esté contrastada con nadie ni por nadie, aunque contradiga abiertamente los estudios rigurosos y científicos.

Las apariencias, lo superficial, de lo que se ocupe y hable la mayoría, aquello que sea viral…, esa es la verdad, aunque en el fondo sea mentira; resultando que lo relevante no sea la verdad en sí sino lo que resulte aparentemente verdad, que lo importante es sentir que algo es verdad aunque no haya constatación de esa realidad.

La posverdad representa el retroceso del pensamiento racional, del progreso intelectual y social, se basa y refuerza el analfabetismo funcional generalizado, contribuye a la concepción de sociedades totalitarias, autoritarias, amorfas… En este contexto, mesías, dirigentes megalómanos, pastores de todo pelaje son capaces de manejar lo que consideran como sus rebaños humanos, a los que precisamente les falta educación, en el sentido más humanista del término, para poder pensar y decidir con libertad.

La lucha contra esa enorme nube gris ideológica, populista, consumista, obnubilante… que envuelve a la sociedad pasa, quizás más que nunca, por repensar el sistema educativo, por replantearse el sentido profundo de la educación, por redefinir el modelo didáctico que nos abra camino hacia una educación liberadora y libertaria, una educación que nos haga crecer como seres humanos y por tanto, nos haga capaces de plantear la transformación social que necesitamos.

¿Cuáles son las afirmaciones de posverdad que circulan viralmente sobre la educación?

La educación no es ajena a esta ola de posverdad, acrecentada en estos momentos de populismo y autoritarismo, pero perceptible desde hace años. Estas grandes mentiras asumidas como verdad, responden a intereses ideológicos y también económicos.

1 La escuela estatal es la escuela pública.

Desde los años finales de la década de los 70 del siglo pasado, los centros escolares estatales pasaron a denominarse centros públicos, con lo cual, todo el modelo de Escuela Pública y Popular que se venía defiendo (desde la ideología y las experiencias educativas de las escuelas racionalistas, escuelas republicanas) por parte de los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRPs), Freinet, Aula Libre, Rosa Sensat, Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP), Acción Educativa, las experiencias de Pedagogía Libertaria… simplemente quedó integrado de un plumazo en el sistema institucional, el término quedo vacío de contenido, se integraba el nombre pero no las características del modelo: una escuela pública de calidad, gratuita, universal, científica, innovadora, laica, autogestionaria, integradora, participativa, democrática, antiautoritaria, crítica, pacifista, inclusiva, coeducativa, ecologista, compensadora de desigualdades… Un modelo definido para sublevarse contra la escuela tradicional franquista, transmisiva, adoctrinadora, confesional, segregadora, competitiva, clasista.

Lamentablemente, el modelo actual de escuela estatal, apodada eufemísticamente pública, es el modelo empresarial-economicista aplicado a la educación, un modelo de resultados y no de procesos… que poco tiene que ver con los planteamientos de innovación y renovación pedagógica del mencionado espíritu original de Escuela Pública, que nos aleja absolutamente de lo que debe ser una verdadera escuela pública y socializada, que garantice la autogestión por parte de la comunidad educativa, que fomente el pensamiento libre y crítico, una escuela de calidad al servicio de la satisfacción de las necesidades del alumnado y de la sociedad y no las necesidades del mercado y la actividad económica.

La red de escuela estatal-pública impide el control desde la comunidad educativa y responde a los criterios emanados por el Estado a través del Ministerio de Educación, de las Consejerías autonómicas, las Concejalías municipales, con herramientas legales (pero con intereses partidistas) como el diseño del sistema educativo, el modelo jerarquizado de gestión del centro, de la dirección, de la inspección educativa, el diseño del curriculum, del plan de estudios, del modelo didáctico, del modelo de evaluación, imponiendo los exámenes, las reválidas, las pruebas de acceso a la universidad, definiendo los itinerarios segregacionistas, imponiendo estilos de participación, formal y no real, del alumnado, profesorado y las familias, definiendo la selección del profesorado, su formación inicial y permanente…

Como recoge el Informe PISA, los centros educativos en España tienen una menor autonomía a la hora de tomar decisiones (en gestión de recursos, de personal, en planificación…) en comparación con los países de la OCDE, siendo la autonomía un indicador de que cuanto mayor autonomía mejores son los resultados escolares.

2 Existe una sola red de centros educativos: los sostenidos con fondos públicos.

Una de las afirmaciones fundamentales tiene que ver con hacernos creer que existe una única red de centros sostenidos con fondos públicos en la que se integran la red de los centros privados-concertados y la red de los centros estatales-públicos y que ambas están homologadas a la hora de dar respuesta al derecho a la educación que tiene la población. Esta afirmación está siendo asumida por la mayoría social y, de alguna manera, es cierto, ya que, así se ha ido plasmando progresivamente en las diferentes leyes de educación, especialmente en la LOMCE. Tanto el partido popular como el partido socialdemócrata han avalado y legislado desde la Transición a favor de la existencia de una sola red de centros sostenidos con fondos públicos.

Así, ya con el gobierno socialista de Felipe González se aprueba en 1985 la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y en ella se plantea abiertamente la creación de los centros privados-concertados, eso sí, configurando en esos momentos una red subsidiaria de la educación estatal-pública, adoptándose esta determinación para “garantizar”, nos explicaron, el derecho a la educación de toda la población y también para “regular” la inmensa cantidad de dinero en forma de subvenciones que venía recibiendo la Iglesia, situación que no ha hecho sino perpetuarse e incrementarse.

Esto no fue sino el proceso continuado de implantación de un modelo político, social y económico como el es neoliberal-capitalista que se basa, entre otras concepciones, en la privatización de los servicios públicos que garantizan la satisfacción de necesidades y derechos de las personas. La directiva europea Bolkestein de 2006 así lo exigía e imponía, por ejemplo, en el caso de la educación y el resto de servicios públicos.

Bajo este formato de red única de centros educativos sostenidos con fondos públicos, la LOMCE plantea que la escolarización será a demanda, es decir, el alumnado se escolarizará en aquel centro que haya solicitado (estatal-público o privado-concertado) con independencia de lo que ello suponga en relación al cierre de aulas y pérdida de puestos escolares en la red estatal.

Como, por otro lado, la patronal de la educación concertada firma convenios con las administraciones públicas para varios años, lo que se está haciendo es blindar estos centros para cualquier cierre aulas por disminución de la población, menor número de nacimientos, procesos migratorios… y provocar que los cierres siempre se produzcan en los centros estatales.

Así, nuestro sistema educativo como país se compone de una red de escuela estatal, de titularidad y gestión unilateral y directa de las administraciones públicas (Estado, Autonomías, Municipios), compuesta por centros educativos que se rotulan externamente como centros públicos y que representan, en estas fechas, en torno al 65% de los centros; una segunda red de escuelas privadas–concertadas subvencionadas con fondos públicos que representa un 30% (en las zonas prósperas de las ciudades y en las regiones más desarrolladas el porcentaje supera el 50%) y una última red de escuelas privadas que supone el 5%. Por otra parte, reseñar que el 70% de los centros privados-concertados pertenecen a órdenes religiosas de la Iglesia, y el resto son de iniciativa empresarial, cooperativas…

Con estos datos de numerosos estudios (Rogero, 2014; Moreno y otros, 2012; MECD, 2013), o lo que Fernández Enguita denomina segregación rampante, España se convierte en la avanzadilla del modelo privatizador ya que el porcentaje de educación privada concertada en Europa es inferior al 14%.

Por problemas de espacio y porque este artículo responde a otras necesidades, no nos centramos en el sistema educativo universitario en el que detectamos los mismos síntomas que en la educación estatal no universitaria, como son la progresiva privatización (los últimos datos indican que hay 45 universidades públicas y 44 privadas), los recortes, la precariedad del profesorado, el conservadurismo académico, la dependencia casi absoluta de la voluntad empresarial, el diseño de planes de estudios para aplicar el Plan Bolonia, la pérdida progresiva de alumnado en beneficio de la privada (los datos indican que tras la crisis de 2008, la Universidad pública ha perdido más de cien mil alumnos/as mientras que se ha incrementado en decenas de miles en los centros privados debido, entre otras razones por el aumento de las tasas, la política de grados y master y la reducción de becas -cercano al 20%- en los últimos años).

3 Los centros privados-concertados persiguen garantizar el objetivo constitucional del derecho y la libertad de elegir el tipo de educación de los hijos e hijas

Una tercera afirmación es presuponer que ambas redes de centros son idénticas, que no responden a modelos ideológicos diferenciados, que tanto las escuelas en manos del Estado como en manos privadas, comparten unos objetivos comunes: servir al sistema social, económico y político en el que están integradas; contribuir a su reproducción; acrecentar sus valores (como el espíritu emprendedor, frente a las humanidades); formar al alumnado en su ideología del individualismo, el consumismo, el pensamiento convergente y acrítico, la sumisión a la autoridad, al poder, a la jerarquía, la aceptación de la estratificación social… que ambas buscan únicamente el beneficio del alumnado y lo que es más grave, ambas redes existen homologadas para garantizar el derecho a la libertad de elección.

Bajo el eufemismo del derecho a elegir en libertad, se está encubriendo que se refiere al estricto derecho a la libertad neoliberal, a la libertad de elegir a las familias que quieren adoctrinar a sus hijos e hijas en centros privados pagados con dinero público, despreciando la red pública gratuita, universal, igualitaria que, teóricamente, educa en los derechos humanos y los valores de la democracia y que disfruta el resto de la colectividad.

Estamos ante el derecho a elegir un modelo clasista, sesgado ideológicamente, con centros con ideario para que sus hijos e hijas no se eduquen junto a los hijos e hijas de la clase trabajadora.

Los estudios y datos demuestran que el derecho a elegir solo lo tienen las familias con más poder adquisitivo, nivel educativo y cultural. Más concretamente, es el nivel de recursos económicos, el nivel de formación, el nivel educativo de la madre, según el informe PISA de 2012, quien determina la elección de centro educativo: un 69,9% de las madres con nivel de educación secundaria posobligatoria, un 23,2% con secundaria básica y un 6,9% con educación primaria eligen los centros concertados; mientras que la publica la eligen un 52,3% de madres con educación universitaria, un 30,7% de secundaria básica y 17,1% de educación primaria.

No estamos ante el derecho a elegir sino ante la provocación de la segregación, a la discriminación, al mantenimiento de la separación por clases sociales; estamos ante una opción demagógica que solo viene a ratificar un sistema de libre mercado en el que se impide educar colectivamente a personas diferentes que deben aprender a vivir conjuntamente practicando el apoyo mutuo y la solidaridad.

Falsa libertad neoliberal de elegir cuando los centros nuevos y concertados se construyen en las zonas ricas de las ciudades, en las zonas de expansión con familias jóvenes. ¿Dónde queda la libertad de elegir para aquellas familias de barrios más empobrecidos y carentes de recursos?

Es esta falsa verdad del derecho a elegir la que provoca ideológicamente la existencia de una doble red de centros y con ello el aumento de las desigualdades sociales, ya incrementadas con la crisis endémica. Como dice el profesor e investigador Jesús Rogero, no existe la libertad de elegir, se elige el centro que encaja con las creencias de las familias y el estatus que se espera ocupe nuestro hijo/a.

Debemos poner en duda la existencia del derecho a la libertad de elección desde el momento en que hay centros que cuestan dinero (algo por cierto irregular) a los que no pueden acceder muchas familias por problemas económicos: cuotas obligatorias por actividades extraescolares, gastos de transporte, uniformes, librería, cuestaciones… Son las familias con mayor poder económico quienes tienen acceso al conocimiento del ideario del centro, y quienes optan porque sus hijos e hijas se relacionen con aquel otro de semejante clase social. Por su parte, las familias de ambientes socioeconómicos y culturales más bajos desatienden las necesidades educativas de los hijos e hijas, desconocen las posibilidades que ofrece el sistema educativo, son los últimos en la matriculación y en consecuencia son quienes estudian en los guetos que se van configurando en barrios obreros, del extrarradio.

Para Vicenç Navarro en “La Iglesia y el sistema escolar”, la existencia de una doble red de centros (estatales-públicos y privados-concertados) es fiel reflejo de la sociedad clasista en que vivimos. La escuela estatal se está convirtiendo en el reducto preservado para los hijos e hijas de la clase social baja, de la clase trabajadora, de la población migrante, el reducto para las minorías étnicas, el reducto para el alumnado con necesidades educativas especiales (el 87% de este alumnado asiste a la escuela estatal); mientras que la escuela privada-concertada es la opción que eligen la clase media y media baja, con comportamiento, actitudes y expectativas de éxito al prever el establecimiento de relaciones sociales con la clase dominante y al mismo tiempo segregar a sus hijos/as del gueto en el que se está convirtiendo la escuela estatal, y ello amparándose en el mal y demagógicamente entendido derecho a elegir en libertad; finalmente una escuela privada selectiva, elitista, para educar al alumnado de la clase alta, la clase dirigente.

En resumen, el derecho a elegir la educación concertada no supone una mejora de la calidad sino que contribuye al aumento de la desigualdad social y de oportunidades. Es en la escuela pública socializada de calidad desde donde se pueden paliar esas diferencias por clases sociales de origen, es el lugar en que toda la población ejerce su derecho a elegir la educación, apostando colectivamente porque sea el mejor de los sistemas educativos para que toda la sociedad y las personas nos beneficiemos de ello; es la escuela pública socializada quien garantiza el desarrollo integral de la totalidad de la población, la igualdad de oportunidades.

4 La escuela estatal-pública es más cara que la privada-concertada por eso el Estado la prefiere y agradece a las entidades privadas que la oferten.

Esta es una de las afirmaciones de posverdad más afianzadas entre la opinión pública, resultando ser un potente argumento para justificar el incremento progresivo de los conciertos educativos. Sin embargo, numerosos informes lo desmienten (como el informe del Área de educación de Izquierda Unida), según el cual los cálculos de “gasto por alumno/a» en la educación estatal-pública y en la privada-concertada «no están obtenidos a partir de condiciones equiparables» ya que no contemplan variables como (a) que la inversión total en educación pública incluye ámbitos que la enseñanza privada no atiende (por ejemplo, la educación compensatoria, la escuela rural, educación en barrios periféricos empobrecidos o despoblados, las enseñanzas en régimen especial, el apoyo a la integración, atención alumnado migrante, alumnado con Necesidades educativas especiales -los concertados atienden un 13% de alumnado de NEE- lo que supone mayor contratación de profesorado especialista); (b) que la ratio de alumnado por aula es mayor en la concertada; (c) que el número de docentes por grupo es menor en la concertada y (d) que no se consideran las diferencias salariales del profesorado y personal que trabaja en los centros educativos. Si la educación concertada ofertara todos estos ámbitos, no sería más barata. Es más, con los recortes actuales que se están aplicando a la escuela pública, ésta es más barata que la privada-concertada.

Teniendo en cuenta estas variables, el coste medio por plaza resulta casi idéntico en la enseñanza pública y en la privada-concertada (en torno a 4.185 euros). Por otra parte, si sumamos el gasto del Estado y las familias por alumno/a en la red estatal es de 5.007 € frente a 5.733€ en la concertada; el gasto de las familias en la escuela concertada es de 1.549€ mientras que en la estatal es de 822€; en los últimos años el gasto medio por estudiante en la enseñanza estatal se ha reducido en 648€, mientras que el de la privada concertada ha aumentado 105€. En conclusión, la escuela concertada es más cara que la escuela pública.

5 También hay recortes en la educación privada-concertada

Otra falsa verdad. La educación, para la patronal de la privada-concertada, además de tener un interés de control ideológico y de reproducción del sistema neoliberal-capitalista, es un ámbito en el que hacer negocio. Si en 2009 el gasto en conciertos suponía el 10,9% del presupuesto educativo total, en 2015 alcanzó el 12,6%. Los datos más recientes, aportados por el Ministerio de educación en 2015, indican que el gasto se ha recortado en la educación pública y ha aumentado en la concertada hasta un máximo histórico. Concretamente, la enseñanza pública ha recibió 7.252 millones de euros menos que en 2009 mientras que el presupuesto para la privada-concertada ha aumentado casi el 85% en la última década (de 3.207,4 millones de euros en el 2001 a casi 6.000 millones de euros en el 2015).

Como resalta la profesora Rico Fernández, de la Universidad del País Vasco, los recortes son una realidad que está afectando a la calidad de la educación estatal, entre otras razones por el trasvase de recursos a la educación privada-concertada. Las nuevas construcciones son centros privados en los zonas de expansión con una población joven de importante poder adquisitivo mientras que los centros estatales están alejados de esas zonas de expansión y en muchos casos con aulas prefabricadas.

Los recortes en la educación estatal suponen recortes salariales, recortes presupuestarios (solo se invierte el 4,3% del PIB en educación), recortes de puestos de trabajo (se han suprimido un mínimo de 30.000 profesores/as), existe precariedad laboral y pérdida de derechos laborales (aumento del horario lectivo, aumento de ratio…), cierres de centros públicos hasta el punto de que la red estatal no garantiza ya un puesto escolar para todo el alumnado que lo solicite, especialmente en educación infantil y Formación Profesional. Se ha secuestrado el derecho a estudiar en un centro público.

6 En los centros estatales-públicos es donde existe mayor índice de violencia y acoso, bajo nivel académico, fracaso y abandono escolar.

Estos son algunos de los tópicos que ha utilizado el poder como armas arrojadizas para desprestigiar la educación pública, dudando de su calidad y su seguridad, con el inconfesable objetivo de favorecer la matriculación en la educación privada-concertada.

Tampoco es cierto, es más, según informa la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, los casos de acoso escolar se han duplicado en este año aunque la mayoría se han producido en los centros concertados religiosos, de manera que este alumnado abandona estos centros en cuanto puede, siendo resaltable el oscurantismo con que este tema es abordado en los centros concertados y la actitud constructiva con la que se aborda este tema en los centros estatales-públicos, habiendo mayor capacidad de respuesta.

Como indica un informe reciente de la UNESCO, uno de cada tres españoles/as entre 15 y 24 años abandona sus estudios antes de acabar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), mientras que en Europa es uno/a de cada cinco. Este dato está relacionado con que en España el paro juvenil es superior al 57% entre menores de 25 años lo que implica las dificultades de inserción laboral de la juventud, especialmente, la que tiene un menor nivel académico.

Sin duda mejorar el índice de abandono y fracaso escolar tiene que ser la gran prioridad que adoptemos como sociedad, no debiendo olvidar que el fracaso escolar también tiene un sesgo de clase social y nivel educativo de las familias, por tanto, afecta en mayor medida a la educación estatal. Sin embargo, el nivel y rendimiento académico mostrado por el alumnado de la educación pública que sigue escolarizado es absolutamente homologable con el de la educación concertada, como muestran todos los Informes PISA, pruebas de evaluación externa o las pruebas de acceso a la universidad.

¿Qué educación necesitamos?

La realidad es que la educación pública va a la deriva y la están conduciendo así todas las administraciones públicas de todos los colores políticos, lo mismo que han hecho con la privatización del resto de servicios públicos. Los recortes están provocando su desmantelamiento progresivo y con ello, la apuesta por la educación concertada. Constatado este hecho, también nos preocupan los valores que se transmiten.

Creemos que no basta con defender que la educación sea estatal (pública la llaman interesada y eufemísticamente desde el poder) y abolir los conciertos educativos, lo que sin duda es un objetivo muy importante y prioritario, no basta con exigir el fin del trasvase de recursos públicos a la red concertada, es preciso dar un paso más allá y plantear una educación pública y socializada, al servicio de la comunidad, alejada de los intereses económicos e ideológicos de una minoría social, evitando un modelo mercantilista en la gestión educativa y un modelo educativo transmisivo, memorístico. Por tanto, una educación autogestionada por la Comunidad educativa, con un modelo de funcionamiento colegiado, asambleario, que eduque en la democracia directa y un modelo didáctico que contemple nuevas pedagogías, como las libertarias, para que la educación sea antiautoritaria, objetiva, científica, racionalista, no selectiva, que no etiquete, examine o segregue por el rendimiento, que facilite al alumnado su desarrollo integral, su capacidad para pensar con libertad, críticamente, subjetivamente, que eduque para la paz y la convivencia, la ciencia, la cooperación, el respeto a la diversidad. Recuperemos la tradición de las escuelas racionalistas, la Institución Libre de Enseñanza, de los ateneos libertarios, del sistema educativo diseñado por el Consejo de Escuela Nueva Unificada (CENU), de la escuela Nueva, de los MRPs, como señala Santiago Esteban Frades de la Universidad de Valladolid.

El maestro librepensador José Luis Sampedro, poco antes de fallecer, decía que el esfuerzo más grande que tenemos que hacer como sociedad es apostar por la educación, pero no una educación doctrinaria sino racional porque educar va más allá de enseñar; educar es aprender, es lograr crecer mental, intelectual, emocional, y comportamentalmente a la persona.

Lamentablemente, el camino que recorre el alumnado en la mayoría de los casos, desde la educación infantil, la primaria, la secundaria obligatoria, la postobligatoria y finalmente la universitaria, es un camino de obstáculos competitivos y selectivos para intentar adiestrarlo, instruirlo según los intereses del mercado, domesticarlo, segregarlo, alienarlo; una camino a superar para convertirlo en una persona integrada y controla por el sistema.

El problema trasciende el mero debate de la educación pública o concertada, el problema afecta al tipo de educación, ideología y valores que reciben nuestros hijos e hijas. ¿Qué podemos hacer en estos momentos, ya?

Como señala Manuel Rodríguez “Txelu” en su reciente libro “Dejadnos aprender. Reflexiones desde la pedagogía libertaria”, hay que partir de la realidad que tenemos, partir de la escuela pública-estatal para, desde ahí, intervenir y avanzar en su transformación hacia la nueva escuela pública socializada, autogestionaria y de calidad. Esta escuela pública y socializada es la que puede representar el verdadero y necesario paco social y político por la educación que se viene demandando desde múltiples instancias dando estabilidad al sistema educativo para evitar los vaivenes de las numerosas y perecederas prematuramente leyes educativas de las últimas décadas. Pero planteamos que el pacto educativo parta de la eliminación de los conciertos educativos y plantee un modelo autogestionario de funcionamiento y un modelo didáctico que aplique las pedagogías libertarias.

Necesariamente este pacto debe pasar por la interlocución e implicación del profesorado, familias y alumnado dejando al margen los intereses primarios y partidistas de los partidos políticos interesados en convertir en un campo de adoctrinamiento político el campo educativo, ignorando las verdaderas funciones que debe cumplir el hecho educativo como es la formación integral del alumnado, ofreciendo el máximo de calidad para lograr el desarrollo y éxito de la totalidad del alumnado, favoreciendo nuevas formas de enseñar y aprender, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, flexibilizando un sistema que deje de ser competitivo y segregador, seleccionador, empresarial, un sistema educativo que deje de estar al servicio del sistema económico imperante, en una educación inclusiva, intercultural en libertad y sin adoctrinamientos.

Para terminar, resaltar que la posibilidad de haber avanzado como especie, de habernos adaptado mejor al medio ambiente, de conseguir sobrevivir en un medio hostil… ha sido fruto de la conveniencia y elección del ser humano por colaborar, por apoyarnos mutuamente, por compartir. Esto es algo antropológicamente constatable, como indicaron Kropotkin o Elinor Ostrom, desestimando que el avance de la humanidad se esté produciendo desde los planteamientos del darwinismo social, todo lo contrario, la humanidad se está degradando como civilización por planteamientos individualistas, egoístas, narcisistas, falaces y falsos. Aprendamos a convivir desde la verdad, educándonos colectivamente entre iguales.