La ministra y el real decreto ley de medidas urgentes en Educación

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Cuando Celaá anunció la inminente publicación de esta norma, parecía una ocurrencia o un titular para desviar la atención de los casos de COVID que se están extendiendo por los centros educativos: una de tantas veces en las que hoy se dice blanco; mañana, negro; y pasado, gris. Pero el real decreto ley ya está publicado.

De entrada, el punto más polémico se antoja el siguiente:

Exención temporal del requisito de formación pedagógica y didáctica de posgrado, o equivalente, para el nombramiento de funcionarios interinos nombrados con carácter excepcional para plazas necesarias para la atención docente originada por la pandemia de la COVID-19.

La primera impresión es que da un poco igual: ¿qué más da eximir a quien ingrese de tener una formación que se exige a todo el profesorado? Recordemos, entre otras cosas, que hace no tanto se expulsó del cuerpo a muchos docentes de Formación Profesional con muchos años de servicio por no tener el CAP o el máster. El COVID lo mismo vale para un roto que para un descosido: para aplazar sine die la renovación de los consejos escolares, externalizar los servicios de limpieza, ofertar puestos sin certezas sobre su duración…

O se pretende degradar nuestro trabajo al prescindir de la formación pedagógica y didáctica o, como desgraciadamente está ocurriendo, la idea es que ese personal COVID se dedique a todo menos a dar clase. Continúa el redactado: Las administraciones educativas competentes determinarán las necesidades de nuevas plazas docentes en sus respectivos centros educativos, cuya cobertura resulte necesaria para el cumplimiento de las medidas aprobadas para responder a la pandemia de la COVID-19 y garantizar un desarrollo adecuado y seguro de la docencia. ¿Esto quiere decir que se van a aumentar las plantillas? Sí se deduce que durarán hasta final de curso: eso es más que lo asegurado hasta el momento a los refuerzos COVID.

Es posible pensar en una hipotética bolsa de una especialidad poco común de Formación Profesional que esté prácticamente vacía. Lo que resulta increíble es que no haya aspirantes en las bolsas que existen de Primaria y de todas las que confluyen en los ámbitos sociolingüístico y científico- tecnológico, pues estas son y no otras las plazas de refuerzo que han surgido. Por tanto, no entendemos la medida tomada.

Entretanto, se mantiene el sistema de acceso transitorio a la función pública docente. El Ministerio no tiene la más mínima pretensión de modificar dicho ingreso ni de consolidar al personal interino. El partido socialista, en tiempos de Rajoy, se opuso a este sistema, con el compromiso de modificarlo cuando gobernase, llegando incluso a presentar una PNL. Será que al cambiar de lugar en el Congreso las cosas se ven de otra manera.

Se adaptarán el currículo y las programaciones y se podrá promocionar y titular con materias pendientes. Esto va a resultar polémico: ¿se aprueba para maquillar los datos del fracaso escolar en vez de dar los medios y recursos para evitarlo? Si no es así, se le parece mucho. La ministra deja en manos de las comunidades algo que le compete, creando confusión e incertidumbre. No se trata de recomendaciones, sino de un real decreto ley que da carta blanca a que cada consejería del ramo haga lo que considere, creándose así una disparidad de criterios preocupante.

Además, se suprime definitivamente la evaluación final de etapa en Primaria y ESO.

¿Cuántas sorpresas más nos depararán el Ministerio y las consejerías?