La LOMLOE: una ley cobarde abocada al fracaso

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De nuevo un pastiche, un corta y pega de leyes anteriores que se empeña en hacer cada nuevo gobierno, una ley con fecha de caducidad que no es capaz de dotar a la educación del carácter independiente que necesita.

Como un hijo sobreprotegido sin espíritu crítico que con 45 años es incapaz de dar un golpe sobre la mesa para irse de casa, al que pesan y asfixian todas las opiniones familiares sobre cómo debe ser y lo que debe hacer, así nace la nueva ley educativa.

Cualquier ley de Educación que pretenda ser implantada y que perdure en el tiempo debe escuchar y contar con los docentes. Más que la opinión de políticos, gurús y opinólogos varios, es necesario que se implique a toda la comunidad educativa.

El consenso social es algo de lo que esta ley adolece y que nos aboca inevitablemente a una ley educativa nueva en cuanto haya un cambio de gobierno.

De entrada, hay dos cuestiones esenciales de estado plenamente consensuadas en la mayoría de los países de nuestro entorno europeo que requerían de un puñetazo en la mesa ¡ya!: educación pública y laica. Es decir, una escuela totalmente financiada y gestionada de manera pública en la que no quepa ningún tipo de culto religioso.

Los timoratos avances en este sentido lastran la nueva ley, que nace con miedo al ruido reaccionario de quienes llevan años gozando de unos privilegios sin fundamento en una sociedad avanzada e igualitaria. Tan solo una educación pública y laica puede garantizar la libertad de acceso y la formación en igualdad a todas las personas.

La primera cuestión fundamental que no se aborda como debiera es la independencia de la educación. Demasiadas manos no precisamente inocentes encima, demasiados intereses políticos, religiosos y económicos que quieren sacar rédito de la misma.
Una educación independiente pasa por ser Pública, laica, crítica, colectiva, integradora, equitativa y diversa.

La gran apuesta del gobierno español, según la ministra de Educación, es volver a los niveles previos a la crisis. Vamos a ver de qué niveles habla: el máximo de financiación educativa en España se alcanzó en el 2009 donde la inversión era de 1169€ per cápita y el 5,07% del PIB, frente al 4,21% del PIB y los 1009€ en 2018.

Volver a las cifras del 2009 supondría seguir siendo, con diferencia, el vagón de cola europeo en inversión educativa, dado que el resto de países ha seguido aumentándola como apuesta de futuro frente a nuestra opción de recortar hasta mínimos inaceptables (más de 400€ por alumno/a en estos años). Además, hay que tener en cuenta que el número de alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general en 10 años se ha incrementado en más de 650000 personas, lo que supone un aumento superior al 8%. Por eso, debería incrementarse mucho más esa inversión con respecto al 2009 si se pretendiera atender con un mínimo de garantías a toda la población escolarizada.

¿Por qué la educación pública está en peligro?

Desde CGT defendemos una educación pública 100% para garantizar su gratuidad e igualdad de condiciones para toda la población. La enseñanza concertada representa todo lo contrario, como se puede constatar en todo tipo de estudios respecto a cuotas que deben pagar, nivel de ingresos económicos, condicionantes religiosos, incluso de alumnado con Necesidades Educativas Especiales y segregación según etnias o países de origen.

La nueva ley educativa no va a solucionar esto, pese a la cortina de humo y campaña de desinformación que se ha lanzado por parte de la derecha mediática y política. El interés del capital e intereses privados no tiene límite y pasa por recaudar todo el dinero público y arañar todo tipo de privilegios que puedan conseguir. Su argumento fundamental es el deterioro de la educación pública frente a la “exclusividad” de lo privado, al igual que sucede en la sanidad.

La agresividad de la empresa privada se ha puesto en evidencia en las mentiras lanzadas a los medios para justificar una campaña de acoso y derribo a un gobierno cobarde que lamentablemente ni por asomo se plantea acercarse a estándares educativos europeos respecto a una educación 100% pública y laica.
La enseñanza privada concertada lleva años atacando a la pública, creciendo a su costa y nutriéndose de unos fondos públicos exiguos.

CGT Enseñanza lo ha evidenciado en diferentes estudios. No hay más que ver las cifras de cierre de unidades, pérdida de profesorado público y desvío presupuestario a empresas privadas en educación en Andalucía en los últimos 10 años, y todo ello con el beneplácito de los gobiernos de diferentes partidos.

Aunque en Europa hay algún país que duplica la tasa media europea de alumnado matriculado en escuelas concertadas, esto no pasa por el deterioro de lo público que sufrimos en el estado español. Estamos hablando de países como Bélgica o Países Bajos, en los que la inversión per cápita en educación es mucho más del doble (Bélgica 2485€; Países Bajos 2279€) de lo que se invierte actualmente en España (1009€). La diferencia sustancial es que en estos países se garantizan los fondos necesarios para el normal desarrollo de los centros públicos en vez de recortarlos para financiar los privados.

En la actualidad, la lucha de la educación pública en Andalucía es por la supervivencia y dista mucho del carácter subsidiario con el que nacieron los conciertos educativos. Los centros concertados se están arrogando el derecho de considerar a la educación pública como subsidiaria suya, un lugar donde enviar a todo el alumnado que no quieren “elegir” con sus evidentes criterios de exclusividad y rentabilidad. Es normal que ataquen cuando sienten que peligran sus privilegios. El objetivo está claro: reducir la enseñanza pública a algo residual y sumiso que recoja a quienes no son dignos de entrar en el reino de los concertados.

Otros puntos controvertidos

a) No soluciona la segregación escolar. Aunque en la ley se diga que se hará un reparto equitativo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la verdadera eliminación de la segregación debe pasar obligatoriamente por la eliminación de los conciertos educativos y la mezcla de alumnado procedente de familias con distintas rentas para evitar la formación de centros gueto. La realización de pruebas diagnósticas externas tampoco ayuda a avanzar en materia de inclusión, ya que son la antesala de ranquin de centros.

b) Sigue dedicando tiempo del horario escolar a la religión. No nos conformamos con que esta asignatura no cuente para el expediente académico del alumnado. Exigimos que se relegue cualquier tipo de culto religioso a la esfera de la vida privada.

c) Lento avance en inclusividad. La integración progresiva de los centros de educación especial en los ordinarios y la implantación de un programa de diversificación curricular que permita al alumnado que lo necesite flexibilizar el currículo para obtener el título de la ESO son buenas noticias, pero echamos de menos más regulación y financiación que proteja al alumnado NEAE. Es necesario que se fije la ratio para alumnado NEAE y que se contrate a más personal especialista.

d) Acceso docente. Aún no sabemos cómo se planteará el acceso docente, pero en cualquier caso, en FASE CGT defendemos procedimientos de estabilización y acceso por méritos de forma puntual para solucionar el actual abuso de temporalidad. Sí plantea la ley la posibilidad de contratar a docentes sin estar en posesión del CAP o MAES, lo cual es un despropósito. No es cierto que haya alumnado sin docentes por no tener estos la cualificación suficiente. La cantidad de opositores que se presenta cada convocatoria y que no forma parte de las bolsas por no haber superado las pruebas (no por no cumplir requisitos académicos) así lo demuestra.

e) Acceso al cuerpo de inspectores. Los inspectores educativos ya no se elegirán por examen, sino por medio de una “valoración”. Esta medida promueve el enchufismo y la opacidad de la Administración.

Defendemos, como indica Carlos Fernández Liria, la independencia del funcionariado, que solo puede conseguirse a través de una prueba.

Mientras no se aborde la creación de una ley educativa nueva como cuestión de estado, que rompa con todas las anteriores y que cuente con el consenso de toda la comunidad educativa y la sociedad, estaremos hipotecados y vendidos a las modificaciones de los gobiernos de turno por intereses políticos, económicos y religiosos.

Es significativo ver que entre todo este maremágnum informativo y ruido mediático nadie se hace eco de lo verdaderamente importante: los contenidos y objetivos de la educación y la financiación adecuada de la misma. No se habla del currículo, del espíritu crítico, ni de la capacidad de análisis o de si interesan más unos amplios conocimientos o más específicos… Todo esto no hace sino evidenciar que actualmente la educación es un pelele en manos de intereses espurios.