Desde 1987, año constitucional, se ha venido desarrollando una guerra por controlar la educación en este país. Por aquello de la historia es preciso recordar que la enseñanza desde el medioevo estaba exclusivamente en manos de la Iglesia Católica. Poco a poco el desarrollo de nuevas fuerzas productivas y sus respectivas clases sociales modificaron el delicado equilibrio de poderes feudales y la enseñanza, el control del conocimiento, fue poco arrebatado al monopolio eclesiástico. Un proceso que va durando varios siglos y que en el de la luces (XVIII) consiguió secularizar las enseñanzas y que los nuevos estados modernos crearan sistemas educativos públicos.
En España también ocurrían fenómenos similares, a pesar del inmenso poder que la Iglesia ostentaba entonces. Y la gran batalla se libraba y se sigue librando en torno a la “libertad de enseñanza”. Se pueden ofrecer argumentos varios y por personas de rabiosa actualidad, sin embargo sorprendentemente invocamos la lucidez de ideas de D. Antonio Gil de Zarate sobre este nuclear asunto. Nacido en el real sitio de San Ildefonso (Madrid) en 1793, desempeñó varios cargos dentro de la administración del reinado de Isabel II, entre ellos desde 1840 el de Director General de Instrucción Pública, de él dice la Catedrática Ángeles Galindo, una autoridad en historia de la Educación, que: “Las circunstancias políticas lo pusieron al frente de la instrucción pública española… y con una honradez digna del mayor elogio intentó cumplir su cometido lo más perfectamente posible”.
Las palabras de D. Antonio mantienen una frescura preocupante ya que fueron escritas hace algo más de 170 años. En el fondo el PIN parental, la propiedad de los hijos y el derechos a ideologizarlos en función del pensamiento de sus progenitores, el pretendido derecho a la elección de centro, a la formación moral en sintonía con religiones… Son frentes de una inmensa batalla que por la Libertad de Enseñanza se viene librado durante siglos. Dice D. Antonio sobre la Libertad de Enseñanza: “¿En qué se fundan los partidarios de la libertad absoluta? En los derechos de la familia y en el temor de que el gobierno llegue a esclavizar el pensamiento o a dar a la educación de la juventud una dirección torcida”. Reconoce que familia y Estado tienen ambos derechos sobre la educación de la infancia, aunque se pregunta: ¿Tendrá, pues, derecho la familia para dejar al Estado un miembro inútil, perjudicial acaso? ¿No debe el Estado exigir de la familia que no le haga ese funesto legado? ¿No podrá tomar alguna justa precaución para que esto no suceda?” Defiende D. Antonio que el Estado, la educación pública debe intervenir en la educación porque: “lejos de abandonarla a la inexperiencia, al capricho, tal vez a los errores y malas pasiones de los padres, tiene el Estado que vigilarla, dirigirla y encaminarla por el buen sendero; porque el Estado, aún más que las familias, es el que recoge el fruto de la educación, el que está principalmente interesado en ella.”
Palabras rigurosas que atañen a quienes cuando no están en el poder enarbolan la libertad de enseñanza, para cuando ellos lleguen a detentar ese poder impongan su dogmática, única y verdadera enseñanza.
Fdo. Rafael Fenoy Rico