Hacia la privatización de la Universidad

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La última jugada de la Junta en la carrera de la privatización ha sido dar luz verde al anteproyecto de la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo (UTAMED). Detrás del proyecto están MEDAC, la empresa educativa privada de FP fundada por el consejero Javier Imbroda, y Vocento, empresa de comunicación con una línea editorial marcadamente conservadora y próxima al PP y a Ciudadanos.

¿Necesitamos una universidad privada online en Andalucía?

Rotundamente, NO. En CGT defendemos la oferta de estudios a distancia para que la enseñanza pueda llegar a todas las personas en todos los lugares y que vivir en un sitio u otro no sea motivo para poder continuar o no con los estudios. De hecho, ya contamos con la Universidad Nacional de Estudios a Distancia (UNED), primera universidad española por alumnado matriculado y que podría reforzarse con un aumento de la oferta de estudios y del personal docente. Ahora bien, la razón que ha llevado a este gobierno a impulsar una universidad privada online no es hacer la educación más accesible, sino seguir desangrando la Educación Pública. El cierre del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, en contra del cual nos hemos posicionado en numerosas ocasiones, y la inminente reforma de la FP así lo demuestran. El Consejo Andaluz de Universidades, compuesto por los rectores de las universidades públicas y representantes de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, emitió un informe en el que indicaba que dos universidades de las siete que pretenden implantar en Andalucía, entre ellas la UTAMED, no pasaban el corte. Pero este informe, aunque obligatorio, no es vinculante, así que la Junta ha decidido ignorarlo por completo. Del mismo modo, ignora deliberadamente la denuncia de la Universidad de Granada, que ha alertado de que el presupuesto de la Junta para 2022 no le permitirá ni cubrir los gastos.

Humo y espejos

El cinismo de la Junta es infinito. Anuncian por mar, tierra y aire que van a reconocer siete universidades privadas y que han aprobado el anteproyecto de “la primera universidad online” en Andalucía a la vez que adelgazan los presupuestos para la Universidad.

En realidad, se trata de un juego de humo y espejos para hacer creer que apuestan por la Educación cuando su único objetivo es hacer negocio. Para ello, no dudan en utilizar sus cargos públicos y todos los recursos a su disposición para redactar normativa, cerrar acuerdos, contratos y concesiones o directamente regalar terreno y bienes públicos a sus empresas. Un conflicto de intereses que a cualquiera haría llevarse las manos a la cabeza pero que Javier Imbroda y otros perpetran con total descaro e impunidad.

En CGT rechazamos todo tipo de privatización de los servicios públicos y exigimos que se aumente el presupuesto para las universidades públicas andaluzas.