FASE CGT denuncia que la consejería se ponga del lado de los agresores

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El pasado 3 de noviembre, un compañero fue agredido física y verbalmente por un alumno en el IES Burguillos de Sevilla. La respuesta del claustro y de la directiva fue rápida y contundente: todos apoyaron en bloque al profesor y se iniciaron los trámites para sancionar al alumno y trasladarlo de centro.

Pero el profesor no recibió el mismo respaldo por parte de la Administración. El Protocolo en caso de agresión al profesorado indica que la Inspección Educativa, una vez le es comunicado el incidente, debe personarse en el centro o, al menos, ponerse en contacto telefónico con el/la docente agredido/a. Además, ha de ofrecerle asistencia jurídica y psicológica y trasladar un informe a la Delegación Provincial de Educación. ¿Se ha hecho alguna de estas cosas?

Ninguna de la que tengamos constancia a pesar de que la información fue remitida el 4 de noviembre.

Dos semanas después de la agresión, el expediente para el traslado de centro del agresor, que había sido cumplimentado en tiempo y forma por el equipo directivo, seguía paralizado en delegación. Pasaron dos semanas más y el agresor volvió a incorporarse al centro y a las clases del docente agredido, que continuó sufriendo vejaciones.

Tras un mes de silencio desde la agresión, la inspectora de referencia del centro se presenta por fin al compañero, pero no para mostrarle apoyo y brindarle ayuda, sino para exigirle pruebas que determinaran su competencia profesional. No es de recibo que una persona que ha sufrido golpes y vejaciones en el desempeño de su trabajo tenga que volver a ver a quien le agredió y soportar de nuevo episodios violentos. Pero más grave aún es que la víctima sea perseguida por la Inspección Educativa.

Ayer, 10 de febrero, más de 3 meses después de la agresión, el claustro del IES Burguillos conoció a través de la prensa que el 2 de febrero se había firmado el traslado de centro del alumno. Como siempre, esta Administración escurre el bulto y, cuando por fin se decide a poner un parche, lo pregona a bombo y platillo sin informar siquiera al profesorado.

Es obvio que a la Administración no le parece suficiente ninguneo extenuar a sus trabajadoras y trabajadores con tareas burocráticas absurdas y abarrotando las aulas con ratios ilegales. Ahora también se pone de parte de los violentos que nos agreden. Nos desacredita, paraliza los procedimientos sancionadores impuestos y acusa a las víctimas.

Lamentablemente, las agresiones a quienes trabajan en centros educativos y el desamparo y persecución de la Administración a las víctimas de estos casos no son hechos aislados.

Muchos claustros se enfrentan a situaciones violentas a diario y no reciben más respaldo que el de sus propios compañeros y compañeras. La Consejería de Educación, en lugar de resolver este tipo de episodios violentos con eficacia y rapidez, se dedica a desacreditar al profesorado y a las directivas, nos ata de pies y manos, nos persigue y cuestiona nuestra profesionalidad.

Desde FASE CGT mostramos nuestro absoluto apoyo al compañero agredido y exigimos:

  • La exposición por parte de la inspectora de los motivos que le llevaron a supervisar el 15 de diciembre de 2021, mes y medio después de la agresión, el desempeño docente de nuestro compañero, en lugar de prestarle desde el primer momento el apoyo psicológico y las garantías jurídicas que establece el protocolo.
  • La depuración de responsabilidades, por parte de quien corresponda, en lo que respecta a la dejación de funciones y falta de aplicación del protocolo previsto para casos tan graves como el que nos ocupa.
  • Las explicaciones, en tiempo y forma, de los motivos para el retraso de la tramitación del expediente de cambio de centro del alumno agresor.