El disparate de la Educación Pública online

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Han pasado ya más de dos meses desde que la Escuela Pública, en situación de excepcionalidad, tuvo que trasladar todo su trabajo pedagógico al ámbito virtual. CGT Enseñanza cree necesario, llegados a este punto, denunciar el papel que ha desempeñado la Administración en todo este proceso. Un papel que ha supuesto la externalización de los espacios pedagógicos que representan las plataformas educativas a favor de empresas privadas ―especialmente gigantes tecnológicos― bien conocidas por sus prácticas poco éticas cuando no directamente ilegales.

Dicha deriva de la Escuela Pública hacia la privatización de un espacio educativo que cada vez va a cobrar más importancia se ha visto favorecida en estas últimas semanas por la ausencia total de organización por parte de la Administración y por la falta de alternativas éticas y fiables que debían haber sido facilitadas por la misma.

Si bien se han creado aulas Moodle para los centros, su insuficiencia y capacidad de soportar el peso de la docencia online se demuestra en que la Junta de Andalucía no hizo su uso obligatorio y tuvo que agrandar su capacidad ante la inoperatividad del sistema teniendo en cuenta que la usa la minoría de la comunidad educativa.
Ante esta incapacidad de dar un canal adecuado a la enseñanza online por parte de la Consejería, cada centro y cada docente se ha visto obligados a salvar los muebles como ha podido. Así, ha habido centros y docentes ―la mayoría― que han usado la plataforma de Google con Classroom, Meet y las herramientas asociadas; otros han optado por: Microsoft, otra empresa también reconocida por su falta de ética; Moodle de los centros; Edmodo; correos electrónicos particulares; blogs en plataformas comerciales en versiones gratuitas. Ha habido centros en los que, dependiendo del docente, el alumnado usaba una plataforma, otra o ninguna, haciendo que la organización de su trabajo y la supervisión por parte de la familia aumentara un grado de estrés ya de por sí muy alto dada la situación que estamos viviendo.

La responsabilidad de todo ello ha sido, es y ―de no cambiar su política al respecto― seguirá siendo del Consejería. De este Gobierno, pero también de los anteriores. Porque esto viene de lejos: desde la implantación de Guadalinex que apostaba por el software libre, la Administración ha ido hacia atrás, favoreciendo cada vez más a las grandes empresas tecnológicas.

Creemos necesario señalar que las plataformas educativas no son herramientas pedagógicas como otras que solemos usar el profesorado. Dichas plataformas son creadoras de un espacio virtual que, de estandarizarse a través de los productos de empresas como Google, supone dejar en manos de la empresa privada un espacio fundamental de la Escuela Pública. Un espacio que, obviamente, debería ser gestionado de manera segura, fiable y ética por las administraciones educativas, tal y como sucede en otras comunidades. De no hacerlo, las consecuencias, en el contexto de una privatización cada vez más profunda de la Escuela Pública, pueden ser dramáticas.

Pero hay que recordar que existe la posibilidad de elección. Podríamos decantarnos por soluciones tecnológicas respetuosas con la intimidad y los datos del alumnado; por soluciones abiertas de software libre, que no conviertan a nuestros estudiantes en aprendices de consumidores y que potencien una visión del conocimiento comunitario en lugar de un conocimiento cerrado, propietario y excluyente. La responsabilidad principal de que no se haga es de la Administración.

En ese sentido, CGT exige que la Consejería tome por fin cartas en el asunto y aplique medidas en defensa de la Escuela Pública, en este caso, en lo referente al espacio virtual en la que esta se desarrolla:

1) Dotación de recursos económicos y del personal necesario para la creación de un espacio educativo virtual ético, seguro y fiable que debería incluir las siguientes medidas:

  • Facilitar el acceso de todos los centros públicos a una plataforma fiable basada en software libre.
  • Facilitar una suite ofimática en la nube de software libre.
  • Facilitar un servicio de videoconferencias basado en software libre en servidores propios.

2) Difundir entre la comunidad educativa la plataforma basada en software libre que la administración facilite.

3) Uso progresivo y preferente por parte de los centros de la plataforma facilitada por la Consejería.

4) Formación obligatoria en horario lectivo para todo el profesorado.

5) Que los centros de formación del profesorado dejen de ofrecer cursos sobre plataformas privadas como G-Suite una vez se haya implantado una plataforma propia basada en software libre.

Sin duda, las plataformas educativas van a suponer un elemento fundamental de nuestra labor en los próximos años. Si queremos que no sean las leyes del mercado las que decidan cuáles serán las que se usen en la Escuela Pública, la Consejería tiene la obligación de ofrecer una alternativa a las facilitadas por los gigantes tecnológicos.