De un secreto a voces. La crisis de la escuela pública andaluza

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El pasado 30 de julio se concentraron a las puertas de Torretriana más de mil personas exigiendo una repuesta a su situación. Profesorado interino de Primaria con mucho de tiempo de servicio comprobaba cómo en la última resolución de adjudicación de destinos publicada por la Junta de Andalucía se le condenaba a engrosar las listas del paro.

Los números no mienten. De la especialidad de Primaria se habían convocado en las últimas oposiciones unas 1.350 plazas. Y un alto porcentaje de profesorado interino con tiempo de servicio ha visto colmado su deseo y ha conseguido una plaza como funcionario. Pero la sorpresa se ha disfrazado de unas polémicas instrucciones con las que nos ha desconcertado nuestra Consejería de Educación. Las instrucciones dictadas para organizar el currículo de Primaria para el curso 2019/20, como consecuencia de una ambigua e injustificada interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo, han terminado por inclinar la balanza horaria hacia algunas especialidades, entre ellas la materia de Religión, en detrimento de las horas asignadas a Primaria. Son muchas las consecuencias que se derivan de esa medida. No es el tema de este artículo, pero valga mencionar que, en la práctica, el cacareado aumento de horas de Matemáticas y de Lengua se desinfla poniendo en peligro la atención educativa al alumno que precisa de refuerzos en dichas materias. Hasta ahora los centros disponían de horas de libre disposición para dedicarlas, entre otras cosas, a la atención del alumnado con problemas de aprendizaje en las materias instrumentales, sobre todo Lengua y Matemáticas. A partir de ahora, ya no la tienen. ¿Tendrá pensado nuestro Consejero universalizar el programa de refuerzo estival y convertirlo en refuerzo anual? ¿O las familias tendrán que costear el precio de las academias privadas para el alumnado que precise de estos refuerzos?

No hace falta ser un lince para darse cuenta de que las instrucciones que organizan el nuevo currículo de Primaria solo son un síntoma. Un síntoma que precisa un diagnóstico: se está desmantelando la Escuela Pública. La única virtud de las instrucciones ha consistido en acelerar el proceso de toma de conciencia. Sería ingenuo pensar que la sola aplicación de las instrucciones ha provocado por sí sola el despido de muchos trabajadores y trabajadoras de la enseñanza que atesoran infinidad de horas de tiempo de servicio. El gran problema olvidado es que el descenso de la natalidad, que está dejando su impronta ahora en la Educación Primaria, afecta unilateralmente, y por decisiones puramente políticas, a la enseñanza pública.

CGT ha venido denunciando en los últimos años este desmantelamiento de la Escuela Pública, que ha visto disminuir el número de unidades en Primaria y Secundaria mientras se mantenían, cuando no incrementaban, las unidades de los centros privados concertados; en teoría complementarios de la red pública: en la práctica, blindados ante el descenso demográfico.

Al blindaje protector que el anterior gobierno socialista de la Junta ofreció a los centros privados concertados, viene a sumarse ahora que el nuevo gobierno de PP, Ciudadanos (y Vox) apuesta abiertamente por potenciarlos: de momento incrementando sus presupuestos, y promoviendo nuevos conciertos educativos, sobre todo en FP y Bachillerato. Las últimas propuestas para darle la puntilla son el cheque escolar y el pin parental. Cualquier intento de desmantelar la educación pública solo redunda en reforzar los privilegios de aquellas familias que no entienden que lo público es garantía de justicia social, y da réditos a los partidos políticos interesados en acabar con el maltrecho Estado del Bienestar.

Y mientras tanto, de manera sutil, en los últimos años hemos contemplado cómo en muchos centros, sobre todo en poblaciones rurales donde sólo hay uno de Primaria y/o de Secundaria, se incrementaban las ratios de alumnado por unidad: 26, 27, ¡hasta 28! niños y niñas en aulas de Primaria; 32, 33 en aulas de Secundaria, 38 o 39, en fin, en alguna de Bachillerato. Lo permite la Ley de Ajuste Presupuestario, decían entonces los responsables socialistas de Planificación, mientras su jefa, y nuestra Presidenta, se llenaba la boca en los medios afirmando que en Andalucía no se aplicaba el incremento de ratios en los centros educativos. Para dar idea del recorte de plantillas que esto supone, téngase en cuenta que cada dos unidades incrementadas son tres puestos de trabajo perdidos en Educación Secundaria; algo menos en Primaria. Mucho personal interino se quedaba en listas de espera mientras compañeros y compañeras veían empeorar sus condiciones de trabajo atendiendo a un número desmesurado de personas y viendo incrementar sus horas de guardia por haber menos profesorado en sus centros.

Son muchos los frentes de ataque a la Educación Pública en Andalucía en los que CGT ha luchado —en la medida de sus posibilidades, y demasiadas veces en solitario—, en los últimos tiempos, y nuestra organización va a seguir en esta línea.
Primero vinieron por los de Infantil y los de Primaria, y no dije nada porque estaba en Secundaria. Dentro de unos pocos años lamentaremos no haber luchado en defensa de la Educación Pública. En los primeros cursos de la próxima década el problema habrá llegado a Secundaria y ya será demasiado tarde.